vitoria - La semana decisiva para el futuro de las plantas nucleares del Estado, cuyos propietarios quieren prolongar su vida útil más allá de los 40 años, afronta otra jornada clave. No en vano, es el día en el que se espera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dé el aval definitivo para que Garoña funcione hasta 2031. Por eso, ayer, durante la víspera a esta gran decisión (si no se pospone), partidos como Equo, pidieron la comparecencia en el Congreso del presidente de este organismo, Fernando Martí, “antes de conocer los datos sobre la central” . Si bien, el Pleno del CSN acordó el lunes que sería su vicepresidenta, Rosario Velasco (PSOE), la que finalmente acudiera a presentar los informes de actividad del CSN de 2014 y 2015, años en los que Martí no acudió a dar explicaciones a la Cámara baja. “El CSN no abre ni cierra centrales”, defendió Velasco, después de añadir que su misión en este proceso es “técnica (arrojar informes), mientras que la decisión final de reabrirla es política”.

Para el diputado alavés de Unidos Podemos y coportavoz federal de Equo, Juantxo López de Uralde, el hecho de que Martí, designado por el PP para presidir el CSN, no se personara, supone que “una persona designada por un partido que rechaza la reapertura de Garoña, como el PSOE, vaya a encargarse, presumiblemente, de defender un informe favorable al reinicio de la actividad de esa planta”. Por ese motivo, el diputado alavés reclamó ayer desde Vitoria a los socialistas que dejen de “jugar a dos barajas” con este tema.

López de Uralde recordó que, en todo caso, una mayoría del Congreso ya se ha pronunciado en contra de la reapertura de Garoña. El PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, IU, Compromís y Democràcia i Llibertat firmaron a finales del año pasado un escrito reclamando la paralización del proceso para reabrir estas instalaciones.

De ahí que el representante de Unidos Podemos anunciara que si, finalmente, el Gobierno del PP da el visto bueno al reinicio de la actividad nuclear de Garoña, su grupo tratará de activar esa “mayoría clara” en contra de dicha decisión. En concreto, explicó que esto se realizará a través de una ley o de cualquier otro instrumento legal que permita “obligar” al Ejecutivo a cerrar Garoña. En especial, después de la denuncia de un grupo de técnicos del CSN sobre la posible rebaja “encubierta” de los requisitos exigidos para la reapertura de la central burgalesa.

seguridad “prioritaria” La última palabra administrativa la tiene el Ministerio de Energía, pero ya ha indicado en varias ocasiones que su decisión dependerá de lo que digan los técnicos, es decir, el CSN. En ese sentido, cabe recordar que la dirección de este organismo envió a los propietarios de la central -Endesa e Iberdrola- un escrito en marzo de 2015 en el que les indicaba que, para poder emitir un informe sobre la renovación, se “consideraba necesario” que se realizaran previamente una serie de obras, que, sin embargo, no se han ejecutado. Pese a ello, el dictamen será favorable.

Cuando ayer al ministro de Energía, Álvaro Nadal, fue interrogado por Podemos sobre la prórroga de la central en el Congreso, éste aseguró que en materia de energía nuclear la seguridad “es prioritaria”, por lo que se reafirmó en que el Gobierno no adoptará ninguna decisión hasta conocer el informe del CSN ya que sería “muy irresponsable” pronunciarse antes de ello. “No sé qué va a hacer el CSN. Es un organismo independiente, pero sin que este consejo haya emitido este informe no puedo tener ninguna opinión”, señaló Nadal.

También en la víspera del análisis de renovación de Garoña, se manifestó el diputado general de Álava, Ramiro González, quien volvió a denunciar ante la Comisión Europea la “opacidad” del CSN y del Gobierno central sobre Garoña, por lo que anunció que seguirá manteniendo contactos con representantes comunitarios mientras haya “posibilidades” de reanudarla.

De la misma forma, se pronunció el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien confía en que el CSN y el Ejecutivo central “tomen nota” de la “oposición radical, rotunda, claramente contraria” de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central.

Una opinión también compartida por la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, quien apeló “al sentido común” del CSN y, sobre todo, del Gobierno central, para “no permitir la reapertura”.