Vitoria. El Juzgado de Instrucción 1 de Vitoria dio un plazo de cinco días que finalizaba este fin de semana a la familia para que desalojara la vivienda que ocupaba ilegalmente en la calle El Cristo del citado barrio, después de una denuncia presentada por la dueña de la casa.

Los siete miembros de la familia de etnia gitana abandonaron ayer la vivienda del número 54 de esta calle, que se encontraba en pésimas condiciones de habitabilidad, y se trasladaron al número 48, para lo cual ya tenían formalizado un contrato de arrendamiento.

Con este contrato, el pasado martes los miembros de la familia Manzanares Cortés se empadronaron en la ciudad, algo que habían solicitado antes, el 31 de octubre, pero el Ayuntamiento se había dado un tiempo a la espera de la resolución judicial sobre la ocupación de la primera vivienda.

Durante meses ha habido manifestaciones diarias de vecinos del barrio de Abetxuko para protestar por esta ocupación e incluso el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, se ha reunido con las partes y ha visitado el barrio.

Pedro María Manzanares ha comparecido hoy ante los medios de comunicación a las puertas de su nueva vivienda para reclamar respeto a su familia y para pedir una "oportunidad a la paz y a la convivencia".

Su mujer, Nati, también ha defendido que "cualquier persona tiene derecho" a establecer su residencia dónde, cómo y cuándo quiera "en términos de libertad" y ha reclamado que nadie les considere como una familia "peligrosa, objeto de permanentes sanciones sociales".

Los miembros de la familia han estado acompañados por representantes de SOS Racismo de Álava que, uno a uno, han ido reclamando respeto, convivencia en paz y que sean denominados por sus apellidos y no con "sobrenombres", en referencia a "los pichis".

El portavoz de este colectivo, Fede García, ha destacado que desde el pasado martes, 29 de noviembre, los miembros de esta familia son "vecinos de pleno derecho" del barrio de Abetxuko y que por lo tanto deben ser "respetados" como tales.

Ha mostrado su deseo de que la "bomba de relojería" que se había activado con la ocupación y las manifestaciones de los vecinos se desactive y se pueda poner el "contador a cero", para lo cual ya han solicitado formalmente una mediación judicial.

Pretenden que se retiren las denuncias cruzadas que hay por amenazas y acoso entre miembros de la familia y vecinos, en una situación que ha llegado a unos niveles "horribles", ha dicho.García ha criticado a medios de comunicación que han sido "copartícipes" de esta situación en la que se ha creado una "falsa imagen" de esta familia.

Por último, ha preguntado al Gobierno Vasco por qué no ha escolarizado a una de las menores de la familia, algo que solicitaron hace veinte días y que debería hacer "al día siguiente" de la petición.

Los miembros de SOS Racismo han colocado a las puertas de la casa que "los pichis" han mantenido ocupada carteles en los que la familia da las gracias a su propietaria, "Arantxa, por haber permitido de forma tácita permanecer cien días bajo techo a una familia en situación de exclusión social. Nuestro agradecimiento más sincero", dicen los carteles.