Vitoria. El diputado general, Ramiro González, ha explicado en una comisión de las Juntas Generales los detalles de esta norma, que busca "reforzar la sociedad democrática", impulsar una acción de gobierno transparente y una administración "más eficaz, cercana y servicial".
Para lograr estos objetivos, el texto legal prevé implantar principios como la planificación y evaluación, así como la transparencia y la participación, uno de los "aspectos esenciales" de la norma según el diputado general.
La ciudadanía podrá participar a través de un "Portal de Gobierno Abierto", una web que estará operativa en el plazo de nueve meses a contar desde la entrada en vigor de la presente norma.
El proyecto establece también la obligación de contar con un "Plan de Gobierno" en el plazo máximo de un año de la constitución de cada ejecutivo foral. El plan gubernamental deberá identificar los objetivos estratégicos, las actividades y medios para alcanzarlos, y los órganos para su ejecución.
Además, se fijan criterios "muy rigurosos" en la evaluación previa de impacto de anteproyectos de norma foral y actuaciones significativas, como su seguimiento y evaluación de resultados.
De esa forma, se pretende aumentar "el rigor y la transparencia" en la acción de gobierno y establecer las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía. Asimismo, se establecerán sistemas de evaluación de los servicios públicos por parte de las personas usuarias.
Una de las medidas más llamativas es que el ejecutivo alavés deberá publicar información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades forales, incluidos sueldos y declaraciones de bienes e intereses. También se harán públicas las informaciones sobre contratos, convenios y subvenciones.
En otro de sus apartados, la norma establece la obligación de la administración pública de poner a disposición de la sociedad, "de forma entendible y sin una petición previa", la información pública en su poder.
Bajo este concepto de publicidad activa, se deberá publicar de manera sistemática toda aquella información cuyo acceso solicite la ciudadanía con mayor frecuencia.
Esta medida no sólo obliga a la Diputación Foral, organismos autónomos, entidades y sociedades públicas, y fundaciones y consorcios del sector público foral.
También están obligadas las entidades privadas que reciban subvenciones forales en una cuantía superior a 100.000 euros anuales o cuando el 40 % de sus ingresos sean ayudas públicas forales.
Además, se creará el Consejo Foral de Transparencia, que resolverá aquellas reclamaciones que presenten los ciudadanos en relación a solicitudes de información dirigidas a cualquier entidad del sector público foral.
En cuanto al capítulo que regula los procesos participativos, destaca la creación de un registro, en el que se podrán inscribir personas físicas y jurídicas sobre los asuntos de su interés.
Dicho registro servirá a la Administración foral para comunicar a estas personas y entidades los procesos participativos sobre los que están interesados.
El proyecto introduce el derecho a promover iniciativas reglamentarias, que a diferencia de la Iniciativa Normativa Popular, no se tramitarán ante las Juntas Generales de Álava, sino directamente ante la Diputación Foral.
Las iniciativas reglamentarias requerirán un número mínimo de firmas, las mismas que la Iniciativa Normativa Popular, es decir, al menos el dos por ciento del censo.
Por último, la nueva norma contempla modificar la denominación del máximo órgano de gobierno de la Diputación Foral, actualmente Consejo de Diputados, porque "invisibiliza a las mujeres". Dicho órgano pasará a llamarse Consejo de Gobierno Foral, tras la aprobación de la norma, aunque en la práctica ya ha adoptado este nombre.
Para conseguir la aprobación definitiva de este texto, el gobierno foral (PNV-PSE) necesita del respaldo de otros grupos políticos con quienes Ramiro González ha afirmado que "ya ha mantenido conversaciones".
