gasteiz - Ensanche 21 no vale lo que reflejan sus cuentas, según el informe del interventor municipal relativo a 2014, presentado a la Corporación en las últimas semanas. La sociedad municipal nació hace quince años para pilotar la expansión de la ciudad por el este y el oeste y en estos años ha acumulado suelo y viviendas por un valor aproximado de 189 millones de euros. Lo que ocurre es que esos millones son sólo un apunte contable, una estimación de lo que valen esos millones de metros cúbicos de hormigón y ladrillo, y a juicio de la Intervención, dada la situación del mercado inmobiliario, resultaría “muy difícil” transformar todos esos bienes en dinero contante y sonante, al menos por importe de los 189 millones citados. Por ello, el órgano fiscalizador del Ayuntamiento recomienda “aproximar el valor contable de los inmuebles a su valor de realización”, y ello a pesar de que se pidió una tasación independiente para poner al día el patrimonio de la empresa después del cataclismo inmobiliario de finales de la década pasada.

De lo que no cabe duda es de que Ensanche 21 pesa mucho, aunque valga menos que hace diez años. Su plantilla no llega a la treintena de personas, y su actividad a día de hoy es modesta, a la espera de la refundación en la que trabaja su consejo de administración, pero acumula en sus espaldas el peso de tres lustros de actividad promotora, la herencia de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, la ARICH; y los centenares de viviendas vacías u okupadas de la Avenida de Olarizu y de Errekaleor.

Sólo en el Casco Medieval, según el informe del interventor, la empresa pública poseía en 2014 inmuebles y locales comerciales por valor de casi 16,5 millones de euros, amén de otras inversiones en esta zona de la ciudad tasadas en casi tres millones de euros.

Aun con todos estos datos sobre la mesa, “no hemos podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el importe recuperable de la realización de los activos señalados a fecha del 31 de diciembre de 2014, ni determinar si el importe por el que figuran registrados los activos en las cuentas anuales debe ser ajustado”.

Además, el interventor alerta sobre la situación de COSUBAPRE, una sociedad propiedad de Ensanche 21 sin actividad y que a su juicio debería ser liquidada. Por lo demás, las cuentas reflejan correctamente la situación financiera y patrimonial de la sociedad.

Pero el interventor no sólo ha analizado a Ensanche 21. En el caso de Tuvisa, echa de menos la confirmación de los saldos sobre las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento -la empresa de transportes es deficitaria y se financia a través de la institución-, y una mayor claridad en la adjudicación de la compra de repuestos para los autobuses. La empresa apeló a la urgencia para adquirir dichos repuestos, y el interventor recomienda que se realice una homologación de proveedores de cada artículo y que se fijen los precios cada año.

En el caso de Gilsa, la sociedad destinada a promover suelo industrial y compartida con Sprilur, las cuentas estaban perfectamente claras al cierre del 2014. La empresa perdió 2,3 millones de euros en tres ejercicios, en buena medida por la necesidad de suscribir acciones del CTV, el Centro Transportes de Vitoria, para evitar su quiebra. Y el interventor advertía: “el Ayuntamiento deberá tener presente la repercusión futura del convenio de adquisición de participaciones del CTV a la hora de acordar nuevos repartos de dividendos u operaciones similares”.

Precisamente este mismo año el PNV y sus socios presupuestarios -PSE, EH Bildu, Podemos e Irabazi- han acordado sacar cuatro millones de la sociedad para reforzar el austero Presupuesto de 2016, y hace escasos meses hubo que sacar otros siete millones -la mitad de ellos para Sprilur- para pagar las sentencias de Olarizu. Eso sí, hay que tener en cuenta que la situación financiera de Gilsa ha cambiado radicalmente, para bien, fruto de la venta de suelo en Jundiz a Mercadona por valor de más de 10 millones de euros.

El escrutinio del interventor con respecto a las sociedades públicas abarca, por último, a Amvisa, la sociedad municipal de aguas. En este caso, y al margen de algunos reparos contables de carácter eminentemente técnico, se advierte otra vez: “En el ejercicio 2014 se acordó nuevamente distribución de dividendos, así como la traslación a la sociedad de gastos de competencia municipal ajenos a su objeto social. De nuevo reiteramos el riesgo financiero para la sociedad de la posible proliferación de estas actuaciones”.

Ensanche 21. La empresa pasó la auditoría correspondiente a 2014 con “salvedades”.

Gilsa. En el caso de la empresa que gestiona el suelo industrial de Gasteiz, propiedad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco, el informe es “favorable”.

Tuvisa. La empresa municipal de transportes pasa la auditoría con “salvedades”.

Amvisa. También con “salvedades” pasa la empresa municipal de aguas el examen del interventor del Ayuntamiento de la capital alavesa.