Durante años, el alquiler del edificio de la calle San Antonio, propiedad del empresario Gonzalo Antón al Ayuntamiento vitoriano pasó relativamente desapercibido, hasta que los grupos municipales activaron una comisión de investigación en la que se concluyó que el equipo de gobierno de Alfonso Alonso, con Javier Maroto como concejal de Hacienda, firmó unas condiciones mucho más onerosas para el Ayuntamiento que las establecidas por los técnicos municipales. Dichas conclusiones se remitieron al Tribunal de Cuentas y el órgano fiscalizador entendió que podía haberse perjudicado el interés general de la ciudad con dicho alquiler, aún hoy vigente, pero a un precio menor. Tras saltar el asunto a los medios, con Maroto como alcalde, el entonces primer edil renegoció las cuotas y actualmente se abonan poco más de 14.000 euros mensuales, excluido el IVA.

Tras la vista previa celebrada esta misma semana, el tribunal decidió convocar juicio oral, y el mismo arrancará el 11 de abril, con lo que lo que en su día se circunscribió a la esfera local salta a la actualidad estatal con el actual ministro de Sanidad en funciones y el vicesecretario sectorial en el PP nacional como protagonistas. A partir de ese día, en la nueva sede madrileña del Tribunal de Cuentas declararán los testigos, las partes y los abogados. El Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE son los únicos demandantes en este proceso, pues en la vista previa el Ministerio Fiscal entendió que en la actuación del equipo de gobierno de Alfonso Alonso no hubo nada reprochable. Una vez haya una sentencia, ésta se publicará en la página web del Tribunal de Cuentas.

La raíz de la divergencia entre aquel gobierno municipal del PP y el resto de grupos fue un contrato que, en contra de lo que dictaba el informe técnico de valoración del Ayuntamiento -una renta mensual máxima de 10.168,19 euros, IVA no incluido, y actualizaciones anuales en función del IPC- fijó una cuota de 12.500 euros mensuales y subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC. El contrato se blindó por un periodo de veinte años durante los cuales el arrendador percibiría toda la cantidad acordada aunque el Ayuntamiento decidiera dejar el local.

El arrendatario se hacía cargo además de los gastos de comunidad, y pagó las obras de acondicionamiento que ejecutó el propio arrendador. Fuentes de la empresa Sbayre, la propietaria del local de San Antonio, señalaron a este diario que en el caso de dichas obras, éstas correspondieron a una decisión del propio Ayuntamiento, y que si las ejecutó Sbayre fue porque después de consultar diferentes presupuestos, la institución decidió que su oferta era la más competitiva.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de una actuación contraria al interés general y por ello juzgará a los dos políticos populares, pero también a toda la Junta de Gobierno Local de 2007, que en febrero de aquel año autorizó la operación, y a los dos siguientes concejales de Hacienda, que no revirtieron la situación. Todos ellos han tenido que depositar una fianza conjunta de medio millón de euros que se les devolverán si resultan absueltos y que pasarán a las arcas municipales si se establece que hubo una responsabilidad contable. Si el Tribunal de Cuentas va más allá y entiende que se ha podido cometer una actuación punible desde el punto de vista penal, remitirá el caso a la Justicia ordinaria.

En su día, el fiscal jefe de Álava renunció a investigar el caso al aducir que no había detectado indicios de delito en la documentación que se le remitió desde el Ayuntamiento y que mientras el Tribunal de Cuentas no concluya su juicio contable no puede abrirse una vía penal.

La asociación contra la corrupción ADI! Elkartea estudia interponer una denuncia para lograr que sí se celebre ese juicio penal, ahora que mediante sentencia judicial puede acceder al expediente sobre el caso San Antonio que en su día le denegó el exalcalde Maroto.