Vitoria. La colocación de la enseña española y el resto de banderas, entre las que se incluyen las oficiales (la ikurriña, la de Llodio y la de Álava), las de "nacionalidades hermanas" con la localidad alavesa -Nicaragua y Sáhara- y las de "algunos pueblos que, al igual que Euskal Herria, están buscando un sitio propio" en Europa, como Cataluña y Escocia, se llevó a cabo ayer.

De esta forma, el equipo de gobierno municipal busca cumplir con una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria que el pasado 7 de septiembre ordenó al alcalde de la localidad, Natxo Urkixo, que colocase definitivamente la enseña española en un lugar destacado y le condenó a pagar una multa mensual de 1.500 euros hasta que cumpliera con ese mandato.

Este conflicto judicial data de 2008 cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó un recurso de la Abogacía del Estado y ordenó que la bandera española se izase en el Ayuntamiento de la localidad alavesa.

El gobierno municipal puso entonces la bandera de España en el tejado del consistorio pero la Abogacía del Estado recurrió a los tribunales ya que argumentaba que ésta debía colocarse en el balcón del consistorio.

Tras ubicar las enseñas en la balconada, todas del mismo tamaño, el alcalde ha emitido un bando en el que justifica la obligación del gobierno municipal de cumplir ya con una resolución firme, porque, de no hacerlo, "el Estado español procederá" a su "inhabilitación".

Añade que la sentencia hace una "interpretación torticera" de la Ley de Banderas y, aunque muestra su "profundo desacuerdo", reconoce que está "obligado" a cumplirla porque la resolución es firme y se han agotado las posibilidades de recurrirla.

Urkixo explica también en ese bando que el equipo de gobierno municipal ha decidido colocar la enseña de España junto a las otras siete banderas al estimar que así se responde "de manera mucho más satisfactoria al sentir general que poniendo la bandera española".

El alcalde asegura en su bando que el Ayuntamiento representa a la ciudadanía de la localidad y que trabaja "en su favor", mientras que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, "intenta imponer su voluntad", "muy alejada" de la realidad de Llodio, "a la fuerza".