Hoy dan el pistoletazo de salida a unas jornadas en las que, entre otras cosas, quieren concienciar a los chavales sobre el acoso escolar.
-Sí, los problemas derivados del uso de las redes sociales entre los jóvenes era un tema que teníamos mucho interés en tratar durante las jornadas, además de contar con exposiciones sobre la historia de la abogacía en Álava, por ejemplo. Los abogados más jóvenes van a desplazarse a los colegios para hablar del bullying y contarles dónde están los límites y que es lo que no se puede consentir. El acoso escolar está muy relacionado con las redes sociales, y queremos concienciar tanto a los chavales que son ya agresores como a las víctimas que lo son sin saberlo.
¿Se ha incrementado el número de denuncias de este tipo en Álava?
-No sólo en Álava, es un problema general. A menudo surgen casos por acoso en redes sociales, cuentas de Twitter y Facebook que se hackean para suplantar la identidad y perjudicar la imagen de otro, fotografías que se cuelgan en Tuenti o en otras redes sociales que acaban siendo utilizadas por pederastas... Hay de todo.
Quedan seis meses, pero trabajan ya preparando el Congreso Nacional de la Abogacía, que se celebrará en mayo de 2015 en Vitoria.
-La repercusión que este congreso va a tener en Vitoria es evidente. No sólo por los 1.200 abogados que vendrán con sus acompañantes, también por la actividad que se va a generar. Vitoria sigue siendo una gran desconocida y esto es una oportunidad de oro para que la conozca mucha gente. También será importante por la calidad de los ponentes, que no te puede adelantar quién va a estar pero vendrá gente de mucha relevancia jurídica.
Anda su profesión un poco revuelta con el Gobierno central por sus decisiones en materia jurídica. ¿Ha mejorado algo la situación con el ministro Rafael Catalá tras la dimisión de Gallardón?
-Lo único que hizo Gallardón fue empeorarlo todo bastante, así que el ministro actual tiene mucho trabajo por delante. El problema es que la situación de la Justicia requiere urgencia, sobre todo en lo relacionado con las tasas.
Ustedes han sido especialmente beligerantes contra el ‘tasazo’ implementado por el Gobierno hace dos años, que obliga a los ciudadanos a pagar cantidades desorbitadas por acudir a la Justicia.
-No es de recibo que el ministro Catalá diga que tiene que estudiarlas y valorarlas. Oiga, no, derogue la ley porque mientras pasa el tiempo cada día hay ciudadanos que no pueden recurrir y no pueden acceder a la Justicia.
¿Cree que habrá algún avance en este sentido? El año pasado el Gobierno recaudó 316 millones de euros gracias al ‘tasazo’.
-Hay una preocupación evidente por todo lo que está pasando y por los movimientos y las reformas legislativas que ha acometido el Gobierno. De la ley de tasas hemos hablado mil veces y sigue sin derogarse ni modificarse, y mientras tanto los abogados tenemos todos los días en los despachos a gente que no puede recurrir o que no tiene dinero para pagar una tasa y poner una demanda, cuando precisamente la pone porque le están debiendo dinero. Somos los abogados a los que la gente acude porque alguien no le paga o porque le quieren echar de casa.
Los ciudadanos siempre acaban pagando el pato.
-El ministerio de Justicia se encarga de decir que todo esta polémica surge por un interés corporativo de la abogacía, pero no es cierto. Nosotros somos muy conscientes de lo que hay y de lo que se acerca, y estamos intentando avisar a la gente de que es algo que nos perjudica a todos. El problema es que la gente sólo se va a dar cuenta de todo cuando lo tenga encima.
Catalá adelantó el miércoles que el Gobierno no va a entregar a los acusados por el 3 de marzo. ¿Qué le parece ?
-No me puedo posicionar en este tipo de asuntos por mi cargo como decano del Colegio de Abogados. Tengo mi opinión al respecto, por supuesto, pero prefiero no darla. De cualquier forma, creo que es un tema para tomarse con mucha seriedad y con mucho rigor, y se debería reflexionar antes de hacer según qué tipo de declaraciones. Hay que dejar actuar a la Justicia cuando la Justicia quiere actuar.