Vitoria - Hay hechos objetivos que cuestionan que el fin de Javier Maroto al proponer cambios en los requisitos de acceso a la RGI sea conseguir del Gobierno Vasco una mejor administración del dinero público. Si así fuera, también habría pedido modificar los criterios para la percepción de las AES, pero en ningún momento ha planteado esa posibilidad. Lo que ha hecho en este ámbito, aprovechando que la gestión es cosa de los ayuntamientos, ha sido mantener un seguimiento exhaustivo del padrón para dar de baja a aquellas personas que están inscritas de forma irregular y ya no viven en Vitoria, esperando de esta forma cazar a algún que otro defraudador. Y siempre que ha hecho limpia lo ha celebrado en las redes sociales con la misma coletilla. “Ayudas sí, abusos no”. Al parecer, ésta es la estrategia que funciona para que las AES lleguen “a quienes se las merecen”, independientemente de los criterios establecidos para beneficiarse de ellas. Sin embargo, analizándola a fondo acaba haciendo aguas.
El PP nunca ha sabido decir cuántas de esas personas estaban recibiendo ayudas de emergencia social de manera irregular. Y el motivo es que ni siquiera sabe cuántas personas en total, dadas o no de baja del padrón, pueden haber cometido fraude en las AES. Recientemente, ante la insistencia de los partidos de la oposición, el equipo de gobierno tuvo que admitir su pecado. “No podemos hacer una evaluación real por no disponer de datos”, admitió la edil de Asuntos Sociales, quien atribuyó este hecho principalmente a que existen supuestos de fraude que todavía no se contemplan y a la falta de una herramienta informática imprescindible para realizar un adecuado seguimiento. - J.S.
