gasteiz - La hoja de ruta que culminará salvo sorpresa con la reapertura de la central de Garoña está marcada al milímetro y prosigue su cauce sin obstáculos. Nuclenor tenía de plazo hasta ayer para enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación necesaria para completar los informes que los dueños del complejo burgalés trasladaron a este órgano el 27 de mayo, fecha en la que oficializaron su deseo de renovar la licencia de apertura hasta 2031. Sin embargo, el pasado 30 de julio, apenas dos meses después de la solicitud oficial, el CSN instó a la central a trabajar en una serie de requisitos adicionales enumerados de forma clara en la llamada Instrucción Técnica Complementaria (ITC), otorgando a Nuclenor un tiempo limitado para enviar dichos informes, un plazo que finalizaba justo ayer. Pero no hizo falta esperar a los minutos finales del partido, pues la empresa propietaria mandó los citados requerimientos el pasado lunes por la tarde, si bien no lo hizo público hasta ayer, quizás para darle un poco más de emoción.

Entre otras cosas, el CSN solicitaba a Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, la elaboración de un plan de trabajo basado en una serie de requisitos agrupados en ocho áreas distintas: los asociados a la actual situación de cese de operación, los relacionados con la operación a largo plazo, las inspecciones y pruebas para verificar aspectos funcionales o de integridad estructural de la vasija del reactor, las modificaciones de diseño derivadas del accidente de Fukushima y de los resultados de las pruebas de resistencia europeas ante sucesos extremos como consecuencia de actos malintencionados, los relativos a factores humanos y organizativos, las verificaciones previas a la carga de combustible nuclear en el reactor, incluyendo las pruebas de arranque y las modificaciones de diseño identificadas por el CSN en 2009 pero no requeridas por el cese definitivo de explotación y, por último, el cumplimiento de otras instrucciones técnicas del CSN de ámbito general para todas las centrales nucleares en operación.

durante 17 años Una lista de deberes larga y minuciosa que Nuclenor aprovechó ayer para criticar abiertamente al considerar que los requerimientos solicitados por el CSN para la renovación de la licencia eran “muy exigentes”. “No obstante, continuaremos trabajando en todas las áreas prioritarias para mantener la central en las mejores condiciones técnicas y de seguridad”, aseveraron los dueños del complejo nuclear ubicado a cuarenta kilómetros de Vitoria, que si nada lo impide podría levantar de nuevo la persiana durante los próximos 17 años.

En este sentido, Equo recordaba ayer que, según la legislación vigente, “en ningún caso se puede reabrir la central antes de que pasen tres años desde la entrega completa de la documentación, por lo que como muy pronto Garoña podría reabrir en octubre de 2017”. Con todo, no sería la primera vez que el Gobierno del Partido Popular acorta los plazos para asfaltar el camino hacia la reapertura de la vetusta central burgalesa, que alcanzaría los sesenta años de vida de poder recuperar su actividad hasta 2031.

Mientras el CSN estudia ahora toda la documentación remitida, Greenpeace anuncia que interpondrá una denuncia ante la Comisión Europea por la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de abrir de nuevo la central sin realizar un estudio de impacto ambiental. Al mismo tiempo, ayer la Sociedad Nuclear Española reclamaba una revisión a la baja de la presión fiscal sobre las centrales nucleares, que según ellos ha llevado a una reducción considerable de los ingresos, poniendo como ejemplo el de la propia Garoña. Todo al mismo tiempo que consideraron “normal y coherente” la renovación de la licencia del complejo atómico de Burgos.