gasteiz - La denuncia sindical sobre las condiciones en las que trabajan los operarios del centro cívico de Salburua ha levantado ampollas en los organismos encargados de velar por la legalidad de las relaciones laborales, y así ayer la Inspección de Trabajo se comprometió ante los sindicatos a estrechar la vigilancia en las grandes obras públicas de la ciudad.
ELA, que denunció la situación en Salburua, LAB, CCOO y UGT fueron convocados ayer a una reunión en la que se les trasladó la preocupación institucional por los abusos y se anunció la incorporación de nuevos subinspectores para combatir la precariedad y el fraude. Eso sí, según explicó ayer Roberto Salgado, de ELA, la Inspección dijo no poder llegar lejos en su trabajo por la negativa de los operarios a denunciar su situación, una limitación que para el sindicato nacionalista se eliminaría estando más encima de la obra.
El caso que encendió las alarmas fue el de una subcontrata que tenía a una decena de trabajadores hacinados en un piso cercano al nuevo centro cívico, operarios que trabajaban once horas diarias por salarios que en algunos casos no llegaban a los mil euros por tres meses de trabajo. Una vez destapado el caso, la empresa se comprometió a adaptarse al convenio de la construcción de Álava y a alquilar un nuevo piso para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.
Sin embargo, este caso es sólo la punta del iceberg de lo que se produce en las infraestructuras adjudicadas por las instituciones. La concesión de los contratos a las uniones temporales de empresas que ofrecen precios más bajos tiene una repercusión directa en las condiciones laborales de los trabajadores, que en algunos casos cobran en metálico por debajo de las nóminas firmadas y son amenazados con el despido si protestan o denuncian su situación. Incluso hay empresas que exigen al operario que se haga con su propio equipo de seguridad, lo que ha generado un mercado de segunda mano. - T.D.
