gasteiz - La falta de información o el envío de datos incompletos por parte del diputado foral de Agricultura, el popular Borja Monje, cuando la oposición le pide información a través de las Juntas Generales de Álava ha motivado que el procurador del Grupo Juntero Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak Biltzarkide Taldea Dalmacio Martín busque el amparo del presidente de la Cámara para que corrija la "mala fe" del responsable alavés de Agricultura.

En concreto, a través de una iniciativa presentada la pasada semana en esa institución, el procurador pide el amparo al presidente del Legislativo foral, Juan Antonio Zárate, para que requiera "al diputado foral de Agricultura a responder a las preguntas y peticiones de información que se le requieren por parte de este procurador y del Grupo Juntero Socialistas Vascos por no responder y entregar información incompleta, parcial, limitada, no contestar amparándose en la Ley de Protección de Datos, corrigiendo la actitud de mala fe y ocultación que viene demostrando a lo largo de los últimos meses".

El procurador socialista recuerda que "es un derecho de los procuradores para el mejor cumplimiento de sus funciones, recabar de la Diputación foral los datos, informes y documentación que obren en poder de esta. Sin embargo, y de forma reiterada, el diputado foral de Agricultura viene negando esta información, al no contestar a lo que se le pregunta o, asimismo, enviar documentación incompleta".

Para demostrar esa afirmación, Martín relaciona una quincena de documentos, fechados desde noviembre de 2013 en los que "en las respuestas ofrecidas por el Departamento de Agricultura se demuestra su falta de interés en dar la información requerida y su falta de respeto a la labor de control del legislativo foral". La situación ha ido llegando al límite de lo soportable en lo que es el juego gobierno-oposición y se da el caso de que "para no responder se acude a la Ley de Protección de Datos, hasta tal punto que ante preguntas en las que se pide cuantificar explotaciones o derechos de arranque, las respuestas no se dan acogiéndose a la Ley de Protección de Datos y lo que se pide son cuantificaciones, no datos sensibles". Por ello se ha solicitado la intermediación del presidente de las Juntas Generales de Álava para comenzar el procedimiento de queja ante el Pleno en caso de que las respuestas se sigan omitiendo, "antes de comenzar las acciones legales oportunas".

No ha sido el único caso de una queja ante la falta de información de la Diputación que presidente el Partido Popular de Javier de Andrés. En junio de 2012 el portavoz del Grupo Juntero EAJ-PNV, Ramiro González, tuvo que recordar en las Juntas Generales que, al igual que ya lo había hecho en marzo de ese año, "se está generalizando por parte de los miembros del Gobierno foral una estrategia que, a nuestro entender, viene a desvirtuar la función y el trabajo de los procuradores de las Juntas Generales en su obligación de impulso y control de iniciativas".

En ese caso denunciaba que el entonces diputado foral de Administración Foral y Promoción Económica, el ya defenestrado Luis Viana Apraiz, omitía deliberadamente contestar a una pregunta que se le había formulado y la contestaba "en su segunda intervención, cercenando de esta manera la posibilidad real de réplica de los grupos junteros".

En la misma comparecencia, que se celebró el 14 de junio de 2012, y en el siguiente punto del orden del día, referente a la empresa Epsilon, el mismo diputado, alejándose del objeto de la cuestión, se permitió introducir en su intervención aspectos absolutamente al margen, con clara intención de emborronar de manera partidista el debate sobre el tema planteado".

Casos de corrupción También se da la circunstancia de que el pasado 30 de octubre el PSE presentó una moción en Juntas Generales en la que solicitaba a Javier de Andrés la elaboración de un informe detallando los procesos judiciales por corrupción en los que de una forma u otra estaba implicada la Diputación Foral de Álava. Más de tres meses después, el documento todavía estaba en el limbo, como denunció la portavoz del grupo socialista en la Cámara alavesa, Cristina González, que lamentó además la falta de transparencia del Gabinete dirigido por De Andrés en todo lo relacionado con el procedimiento judicial contra el exjefe foral de Transportes, Carlos Jiménez.

Casos en tribunales. Hace escasas dos semanas, la portavoz socialista en las Juntas Generales de Álava, Cristina González, lamentó la falta de transparencia del Gabinete dirigido por De Andrés (PP) en todo lo relacionado con el procedimiento judicial contra el exjefe foral de Transportes, Carlos Jiménez. Archivado el caso por la Audiencia Provincial de Álava, el diputado general además de criticar la sentencia judicial anunció la semana pasada que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo para evitar que el proceso quede en el olvido. Un recurso que, según prometió abiertamente, sería enviado a todos los grupos junteros. Sin embargo, el PSE se topó entonces con la negativa foral a trasladarles tanto la sentencia como el propio recurso.