gasteiz. Los colectivos que trabajan para poner freno a la lacra de los desahucios han pasado, por lo general, un verano "bastante tranquilo", pero con la vuelta a la rutina éste ha dado paso a un nuevo otoño caliente. Los casos de desahucio inminente se agolpan de nuevo sobre sus mesas y buena prueba de ello es la historia de Isabel y su madre, vecinas del barrio vitoriano de Lakuabizkarra, que se enfrentan a la expulsión de su piso de alquiler por una deuda que apenas alcanza los 4.000 euros con Alokabide, la sociedad pública controlada por el Gobierno Vasco.
Ambas en paro, con dos menores de cuatro años y trece meses -hijos de Isabel- a su cargo y unos ingresos de sólo 200 euros mensuales, desde hace alrededor de dos años no pueden afrontar ya el pago del alquiler -poco más de 160 euros- y de los recibos si quieren llevarse algo de comida a la boca. "Ahora estamos sin luz ni agua caliente en casa y pidiendo ayuda a las vecinas", advierte Isabel, sumida ya en la desesperación. Su madre, que sufre una discapacidad y atraviesa por fuertes periodos de depresión, percibía hasta la muerte de la abuela de Isabel una ayuda por su cuidado, que fue suprimida en el momento del deceso de la mujer.
Con un mercado laboral donde apenas se ve la luz, esta pesadilla puede concluir en desahucio el próximo martes 29, la fecha límite impuesta por Alokabide para, al menos, hacer frente a la mitad de la deuda, 2.000 euros. La solicitud de la justicia gratuita, un trámite que la familia llevó a cabo hace unos días, puede darle un pequeño balón de oxígeno temporal, porque en estos casos los desahucios se paralizan durante un mes, hasta que el propio Gobierno Vasco dicta si los afectados tienen derecho a esta figura, fundamentalmente atendiendo a sus ingresos.
Precisamente, esta mañana (12.00 horas) se celebrará una concentración frente a la sede de Alokabide en Gasteiz para denunciar un caso similar, el que afecta a una familia de inmigrantes con cuatro hijos menores que, de no mediar solución, será desahuciada de su piso de alquiler el próximo lunes 28. SOS Racismo, que se ha volcado en este caso, ha convocado esta protesta para denunciar que la sociedad pública "funciona como una maquinaria excluyente y ajena a las dificultades reales de los vecinos", como en este caso. Según denunció ayer SOS Racismo, Lanbide "se niega" a aceptar pagos parciales a cuenta de la deuda de alquiler que arrastra la familia, una cuantía "importante", lo que la ha colocado al borde del abismo.
No son éstos los únicos procesos de desahucio más o menos acuciante a los que se enfrenta Gasteiz. Según advierte Consuelo Crespo, portavoz de Kaleratzeak Stop Araba, tres casos más quitan el sueño ahora mismo a la plataforma, tres ejecuciones hipotecarias también con menores de por medio que el colectivo trata de paralizar. En dos de los casos, las afectadas son mujeres con hijos a su cargo y en situación de desempleo que, tras haber roto con sus parejas y dejar éstas de abonar las cuotas de la hipoteca, también se han visto contra la espada y la pared. Ambas han solicitado la justicia gratuita y ahora esperan que los plazos se alarguen un poco más para tener capacidad de reacción.
El tercer caso afecta a un matrimonio que gestionaba un negocio que tuvo que cerrar sus puertas y contaba con la vivienda como aval. Crespo advierte de que en los próximos días habrá nuevas concentraciones de protesta para denunciar el drama de los desahucios.
