Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria paga muy caro el techo bajo el que se cobija y desde el que asiste a los ciudadanos. Este año, con una situación económica que el propio gobierno califica de dramática, va a gastar 2,5 millones de euros en los alquileres de las sedes municipales que se distribuyen por el Ensanche, algunas de ellas pequeñas y otras con problemas de accesibilidad. Un agujero profundo al que contribuye especialmente la oficina ubicada en el portal 10 de la calle San Antonio. De todos los locales, ésta destaca por lo disparatado de su coste: 450.000 euros al año, según datos de 2011. Y aunque este polémico arrendamiento viene de lejos, ya que se perpetró en el último mandato de Alfonso Alonso, resulta especialmente sangrante en plena crisis. Más aún cuando, tras el traspaso el año pasado de las competencias a Lanbide en materia de prestaciones sociales, sigue infrautilizado. Sólo levanta la persiana por las tardes y los fines de semana, atendiendo urgencias. Los grupos de la oposición solicitaron ayer que se elabore un informe jurídico para comprobar si existen posibilidades de rescindir este acuerdo de alquiler y otro económico que aclare cuánto costaría esta decisión. "Hay que abordar ya esta vergüenza de contrato", advirtió Bildu, propulsor de la petición. "Estamos de acuerdo, por si hubiera algún resquicio legal, pero nosotros estudiamos el tema en nuestra legislatura y creemos que está tan bien blindado que habría que pagar lo que quedaría de años de alquiler", advirtió el PSE. "También secundamos la petición, pero nos tememos la respuesta...", apostilló el PNV, compartiendo la desazón de los socialistas. Un temor que, para colmo, el equipo de gobierno remató con sus declaraciones. El edil de Hacienda, Manu Uriarte, aseguró que "lo que se podía hacer ya se ha hecho y no por pedir más informes se va a obtener otra cosa".

El PP parece querer olvidarse de sus propios errores. En febrero de 2007, el gobierno de Alfonso Alonso firmó un carísimo contrato de alquiler con Gonzalo Antón, hostelero y ex presidente del Deportivo Alavés, por una duración de veinte años. Lo peor, su indigesta cláusula: si el Consistorio gasteiztarra rompía anticipadamente el compromiso debía indemnizar al dueño con siete millones de euros. Para más inri, los populares no encontraron uso a la lonja, así que dejaron una herencia a los socialistas de 12.900 euros de alquiler al mes (cifra a la que habría que sumar el IPC+9), que en realidad -según los informes- asciende a 37.500 por el gasto de la obra a abonar en sesenta mensualidades, y la obligación de buscarle un provecho a ese espacio. Lazcoz encontró la solución al poco de empezar a gobernar, pero su idea, ubicar allí las oficinas de servicios sociales, no se materializó hasta septiembre de 2009. Antón se hizo el remolón con su deber de ejecutar las obras de reforma de este espacio.

En cualquier caso, el pasado pasado está. Ahora, la oposición confía en que los informes solicitados puedan arrojar algo de luz. Si no, como señaló el PSE, "lo mejor es pensar en qué usos dar a la oficina y que el aprovechamiento sea el máximo posible". En ese punto se encuentra también la oficina del Síndico, ubicada en el edificio Ópera de la calle San Prudencio. Tras la desaparición de la figura del asesor vecinal, el equipamiento se encuentra vacío. Y, aun así, el Ayuntamiento sigue pagando religiosamente su alquiler, 2.000 euros al mes, sin que el equipo de gobierno haya tomado todavía una decisión al respecto.

Son gastos excesivos los que conlleva el alquiler de locales. Además, ayer mismo el gobierno dio a conocer una modificación presupuestaria para destinar a los arrendamientos una partida extra de 158.000 euros para cubrir los tres últimos meses del año. La cantidad mosqueó a la oposición, después de que Uriarte aclarara que ese dinero correspondía a la subida del IVA del 3%. Según los cálculos de Bildu, "estaríamos hablando de 18.750 euros, así que no me diga que todo eso es el IVA", advirtió el concejal abertzale Antxon Belakortu. El edil de Hacienda no llegó a aclarar esta situación, pero accedió a la petición de todos los grupos de pasar un listado desglosado de los arrendamientos de estos espacios. Para acabar con esta onerosa política de alquileres habrá que esperar al menos tres años. El gabinete Maroto calcula que en 2015 estarán construidas las oficinas de San Martín, un edificio con con una gran planta baja de atención ciudadana proyectada por el anterior gobierno socialista al que se mudarán más de 600 funcionarios y que pasará a ser propiedad del Ayuntamiento al cabo de tres décadas, tras pagar un canon de tres millones al año. Las obras empezarán, según sus previsiones, en enero.

gonzalo antón se defiende El expresidente del Alavés salió al paso de las declaraciones de los concejales -Bildu habló de un gasto de 600.000 euros al año en el local dela calle San Antonio- para señalar que la renta que cobra la sociedad Sbayre, "no Gonzalo Antón en persona", es de 18.600 euros al mes. "Los términos económicos del alquiler fueron y son ajustados a mercado", subrayó Antón.