- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer un nuevo marco legal para impulsar la quinta ronda de sanciones contra Bielorrusia por el papel del régimen de Alexandr Lukashenko a la hora de “instrumentalizar” a migrantes en la frontera europea, en lo que Bruselas considera y define como “ataque híbrido”. El Consejo, que representa a los Estados miembros, aseguró en un comunicado que la UE ahora podrá sancionar a “individuos y entidades que organizan o contribuyen a actividades del régimen de Lukashenko que facilitan el cruce ilegal de las fronteras exteriores de la UE”.

El Consejo enmendó su régimen de sanciones “a la vista de la situación en las fronteras de la UE con Bielorrusia, para poder responder a la instrumentalización de seres humanos llevada a cabo por el régimen bielorruso con fines políticos”. La modificación amplía los criterios por los que se pueden incluir personas o entidades en la lista de sanciones.

“Esta decisión refleja la determinación de la Unión Europea de hacer frente a la instrumentalización de los migrantes con fines políticos. Estamos rechazando esta práctica inhumana e ilegal. Al mismo tiempo, subrayamos la inaceptable represión por parte del régimen contra su propia población en el país, y responderemos en consecuencia”, declaró el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Tras las últimas elecciones presidenciales en Bielorrusia, en las que volvió a imponerse Alexandr Lukashenko y que la UE tachó de fraude, el bloque comunitario impuso diferentes sanciones a quienes estaban obstaculizando la vuelta al orden institucional o que hubieran participado en la represión de las protestas ciudadanas.

Hasta ahora, la UE ha impuesto sanciones a 166 individuos y 15 entidades relacionadas con la crisis bielorrusa, incluido el presidente, Alexandr Lukashenko, y su hijo y asesor de Seguridad, Viktor Lukashenko.

Las sanciones, hasta el momento, habían consistido en prohibiciones de viajar a territorio comunitario y la congelación de los activos que tengan en la UE. Además, en junio los países de la Unión Europea acordaron prohibir que las compañías aéreas bielorrusas y sus aviones sobrevuelen el espacio aéreo de los Estados comunitarios, así como impedir que los vuelos operados por ellas accedieran a sus aeropuertos.

Ante las acciones del régimen bielorruso, que promueve vuelos desde Oriente Medio a Minsk para después llevar a los pasajeros hasta las fronteras de Bielorrusia con Lituania, Polonia o Letonia, la UE decidió ayer dar un paso más.

El ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, fue más allá y pidió hacer del aeropuerto de Minsk una “zona de exclusión aérea”. “Al menos por el momento tenemos que asegurarnos de que ningún avión que pudiera potencialmente traer a personas con la intención de migrar, de cruzar la frontera ilegalmente, pueda aterrizar en Minsk o en ningún aeropuerto bielorruso. Es crucial hacer eso”, señaló.

Mientras, el jefe de relaciones con medios extranjeros del Gobierno del Kurdistán iraquí, Lawk Ghafuri, aseguró ayer que entre 7.000 y 8.000 ciudadanos de la región autónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país árabe, están “atrapados” en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Ghafuri añadió que el Ejecutivo kurdo, en coordinación con el Gobierno central de Bagdad, está proveyendo vuelos para que los ciudadanos iraquíes vuelvan de forma voluntaria, pero “aún no hay información sobre cuántos pidieron regresar”.

En este contexto, un portavoz del Gobierno alemán aseguró ayer que los migrantes atrapados en la frontera entre Polonia y Bielorrusia han de ser transportados de vuelta a sus países, al tiempo que rechazó que Alemania pudiera acoger a ese contingente. “Lo que debería ocurrir es que los migrantes, con apoyo de sus respectivas autoridades nacionales, sean llevados de forma segura de vuelta a sus países de origen”, afirmó.