- Un año después de que la Comisión Europea pusiera sobre la mesa su propuesta para crear un fondo de recuperación en la Unión Europea (UE), Bruselas tiene por fin luz verde de los Veintisiete para captar en el mercado los 750.000 millones de euros destinados a superar la crisis generada por la pandemia.

La ardua negociación para pactar una medida sin precedentes, el retraso en su aprobación y ratificación, con vetos políticos incluidos, y el complejo proceso para garantizar que el dinero se usa según lo pactado explican que los países no vayan a recibir las primeras ayudas hasta julio.

El plan presentado por el Ejecutivo comunitario el 27 de mayo de 2020, tras un primer confinamiento generalizado en Europa que llevó a un desplome récord del PIB, contemplaba 500.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido y 250.000 millones en créditos financiados con una histórica emisión de deuda común. Recogía así la idea francoalemana de un fondo de medio billón de euros exclusivamente en transferencias e incluía préstamos para satisfacer a los “frugales” -Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia-, que encabezaron las resistencias a la iniciativa por su rechazo a dar ayudas a fondo perdido y lograron imponer un mayor control del dinero por parte de los Estados.

El acuerdo final, sellado en julio por los líderes de la UE y aprobado en diciembre tras sortear el bloqueo de Hungría y Polonia, que rechazaban vincular fondos y Estado de Derecho, aumentó la proporción de créditos a 360.000 millones y redujo las subvenciones a 390.000 millones, pero consagró que los países más golpeados por la crisis serían los más beneficiados, con Italia y España a la cabeza.

El 90% de las ayudas se canalizará a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros (unos 724.000 millones traducido a precios corrientes) para financiar reformas e inversiones que no solo saquen a la economía del bache sino que impulsen las transiciones ecológica y digital. España será la primera beneficiaria de las subvenciones del mismo, con 69.528 millones, y podrá además solicitar unos 70.000 millones en préstamos.

Pese a que las cifras y condiciones están claras desde hace meses, para que el dinero llegue a los Veintisiete faltan dos pasos cruciales: que Bruselas consiga la financiación en los mercados de capitales y que apruebe los planes nacionales para invertir el dinero de aquí a 2026.

Veintiuno de los 27 Estados miembros, incluida España, enviaron sus planes formalmente a Bruselas pese a que el plazo orientativo era el 30 de abril y a que llevan meses negociando los borradores. La Comisión Europea tiene ahora dos meses para evaluar si cumplen los criterios pactados, tras lo cual el Consejo (los Estados) cuenta con otras cuatro semanas para adoptarlos.

Portugal, que preside este semestre el Consejo, está decidida a tener los primeros planes aprobados en junio y varios países, entre ellos España y Francia, presionan para agilizar los trámites, pero la Comisión ha rebajado las expectativas. “Podemos acelerar algo este proceso, pero no mucho (...). Son documentos complejos, así que lleva tiempo”, dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario Valdis Dombrovskis durante la última reunión de ministros de Economía.

Deuda en junio. El principal obstáculo para que el fondo echase a rodar se superó esta semana al ratificar los países que faltaban -Polonia, Austria, Países Bajos, Hungría y Rumanía- la legislación que permitirá a la Comisión emitir deuda con el respaldo de los márgenes del presupuesto comunitario en un volumen sin precedentes. Aunque quedan formalidades por completar, el Ejecutivo comunitario confía en empezar a tomar prestado en los mercados en junio, y pueda en julio desembolsar las primeras ayudas.