- La ley de plazos del Partido Popular va camino de ser historia. El proyecto de Ley del Aborto aprobado ayer en el Consejo de Ministros tumbará las barreras para abortar implantadas en 2015 y ampliará los derechos de las mujeres en el ámbito reproductivo y de salud sexual. El texto aprobado busca garantizar que cualquier mujer pueda abortar en la sanidad pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años sin permiso familiar y elimina los tres días obligatorios de reflexión. Otra novedad es que incluye una baja laboral por interrupción voluntaria del embarazo pero no penalizará la gestación subrogada.
Al igual que con la eutanasia, la nueva ley regula la objeción de conciencia del personal sanitario para que sea realmente efectivo el derecho de abortar en el centro público más cercano. No en vano, hoy en día casi nueve de cada diez abortos se practican en clínicas privadas, la mayoría derivados desde hospitales públicos. Además, se distribuirá la píldora del día después de forma gratuita en los centros de planificación familiar, lo cual facilitará el acceso a este anticonceptivo de urgencia que actualmente se dispensa en las farmacias al precio de 20 euros.
“Es un nuevo avance para la democracia del país”. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (PSOE), saludó de este modo la aprobación de la ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero (Podemos). Las fricciones entre los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la bajada de IVA a los productos de higiene femenina y la penalización de la gestación subrogada han hecho que el alcance de la ley haya sido menos profundo de lo que hubiese deseado la formación morada. Finalmente, el Ministerio de Hacienda no ha permitido aplicar el IVA superreducido a los productos de higiene íntima (tampones, compresas, copas menstruales) aunque, según Montero, se está negociando incluir la medida en los Presupuestos Generales del Estado. Además, esta norma no perseguirá finalmente a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países pero sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.
En la puesta de largo de una de sus leyes estrella, la ministra Montero pasó por encima de los desencuentros con el ala socialista del Gobierno de coalición para defender “la ampliación de derechos” de esta ley, dotada con 104 millones de euros. La mitad (57 millones) se destinará a pagar las bajas preparto desde la semana 39 de gestación. Se calcula que las bajas a cargo de la Seguridad Social por menstruaciones dolorosas absorberán casi 24 millones de euros. “Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar”, dijo Montero.
Se tratará de un “permiso especial” que “no requerirá días previos de cotización” y que “será asumido íntegramente por el Estado” y se necesitará un diagnóstico. Respondió a las críticas de quienes creen que esta medida pueda estigmatizar a las mujeres a la hora de conseguir un contrato y señaló que lo que está estigmatizado es “hablar de la regla en la sociedad” y, especialmente “en los centros de trabajo” y denunció que muchas mujeres viven esta situación “en soledad, en función del trabajo que hagan”. l
Desde 16 años
Las menores de 16 y 17 años no tendrán que aportar el permiso de sus progenitores para que se les practique un aborto. De hecho, esta medida ya estuvo en vigor de 2010 a 2015, año en el que Mariano Rajoy modificó la ley para incluir la obligatoriedad del permiso.
La Sanidad Pública tendrá obligación de practicar abortos. En la actualidad la mayor parte de los abortos que se practican se realizan en clínicas privadas. El 84,5 % de los abortos comunicados en el Estado en 2020 se realizaron en centros privados. Se creará un registro de sanitarios objetores de conciencia para organizar el servicio.
La ley contempla que las mujeres que aborten tengan derecho a una baja laboral tras someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Además se suprime que plazo de reflexión de tres días y la obligación de que las mujeres reciban información sobre las ayudas existentes en caso de seguir adelante con su embarazo, a no ser que sea solicitada de forma expresa.
Subrogada
No perseguirá a parejas que recurran a gestación subrogada pero declara esta práctica como violencia contra las mujeres. El anteproyecto prohíbe la publicidad de las empresas que hacen de intermediarias. En la actualidad en el Estado no se reconoce la filiación materna si no es por nacimiento directo, pero sí se registran los niños nacidos en otros países.
Menstruación
Las mujeres con reglas dolorosas podrán obtener una baja asumida por la Seguridad Social.
