- El lehendakari, Iñigo Urkullu, decidió recurrir ante el Tribunal Supremo el rechazo del Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a implantar el pasaporte covid en Euskadi después de que ni la Comisión de Salud Pública ni el Consejo Interterritorial adoptaran medidas más severas para contener la pandemia.

El lehendakari explicó ayer que confiaba en que ambos foros atendieran las medidas solicitadas desde Euskadi como la recuperación de la mascarilla en exteriores y una regulación común a todas las comunidades autónomas sobre el pase covid.

A la vista de que esto no ocurrió, “repensó” su decisión de no recurrir el veto del TSJPV, tras hablarlo con las consejeras de Salud, Gotzone Sagardui, y de Gobernanza, Olatz Garamendi. “Todo es revisable y aunque no somos partidarios de la judicialización, creemos que es una cuestión de sentido común aplicar medidas para preservar la salud individual y colectiva”, argumentó Urkullu, que ve conveniente una “unificación de doctrina jurisprudencial” por parte del Supremo ante la “disparidad” de los tribunales regionales.

Confió en que el Superior dé luz verde al certificado covid en Euskadi y recordó en este sentido que tanto la Fiscalía vasca como el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV respaldaron las tesis de Lakua sobre el pase covid.

De hecho, el Tribunal Supremo tiene ya sobre la mesa el recurso presentado por el Gobierno vasco. Fuentes jurídicas confirman que el TS ha dado traslado a Fiscalía para que informe en tres días, y tras eso, la Sala tendrá otros cinco días para resolver ya que estos asuntos tienen preferencia.

Esto es así desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara un Real-Decreto en mayo de 2020 por el que se adoptaban medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma. En él se modificaba la ley para que sea el TS quien tenga la última palabra a la hora de que se acepten medidas sanitarias propuestas por los ejecutivos autonómicos.

Desde el Gobierno Vasco afirman que toda restricción de derechos “debe de ser necesaria y adecuada” para proteger un derecho superior “como el derecho a la vida y a la protección de la salud”.