El Pleno del Congreso debate hoy la esperada ley de protección a la infancia frente a la violencia, que entre otras cuestiones amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves, como los abusos sexuales.

Esta norma lleva gestándose desde 2011, sin embargo, la falta de voluntad política ha hecho imposible su aprobación hasta este momento. Durante estos diez años, la ley ha sido una de las principales demandas de las organizaciones dedicadas a la infancia.

Save The Children pidió ayer a los grupos parlamentarios en el Congreso que "aparquen las disputas partidistas" y apoyen este proyecto. Tras la votación de hoy, la ley continuará su tramitación en el Senado y, según prevé la ONG, si continúa la vía de urgencia, podría estar publicada en el BOE en junio.

El proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia ha ido incorporando enmiendas durante su tramitación parlamentaria y "ha mejorado", destaca Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, aunque todavía ve algunas debilidades.

Estos son los principales puntos que incluye el proyecto:

  • Amplía la prescripción de delitos. El plazo de la prescripción de los delitos graves contra menores, entre ellos los abusos sexuales, empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años y no 18, como ocurre actualmente. Este cambio implica que estos delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla 40 años frente a los 23 actuales. Y, en los casos más graves, el tiempo se ampliará hasta los 50 años.
  • Prueba preconstituida. La ley hace obligatoria la prueba preconstituida -que se pueda grabar el testimonio de la víctima para evitar su revictimización y el maltrato del testimonio- para los menores de 14 años y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En el caso de los abusos sexuales, los niños y las niñas presentan su testimonio una media de cuatro veces una vez puesta la denuncia. Solo el 13,8% de las sentencias analizadas por Save The Children para su informe Ojos que no quieren ver contaban con prueba preconstituida. Las organizaciones que se dedican a la infancia y los supervivientes de abusos piden que la prueba preconstituida sea obligatoria hasta los 16 años.
  • Establece que hay que determinar el interés superior del niño en cada caso particular y se refuerza el derecho de los niños a ser escuchados y participar en todos los asuntos que les conciernen. En caso de separación o divorcio, si los menores tienen madurez suficiente, deberán ser escuchados antes de adoptar decisiones que les afecten.
  • Establece el deber de denuncia a todo ciudadano que advierta indicios de violencia; asimismo, los propios menores de edad podrán presentar una denuncia sin necesidad de estar acompañados de un adulto.
  • Los hijos de víctimas de violencia de género pasan a ser considerados también como víctimas.
  • Se prohíbe falso el síndrome de alienación parental (SAP), que sostiene que un progenitor, generalmente la madre, manipula a los hijos en contra del otro progenitor.
  • Considera a los trabajadores de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad, una medida criticada por las organizaciones que se dedican a la infancia porque consideran que "podría desequilibrar la balanza" entre la administración y los niños y sus familias, ya que ser agente de autoridad proporciona la presunción de veracidad. En este sentido, las ONG esperan que se apruebe alguna enmienda que modifique este punto.
  • Establece la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia.
  • Se creará un registro central de información sobre violenia contra la infancia.
  • Incluye la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas.
  • Se castigará a quienes promuevan el suicidio, autolesión o trastornos alimenticios entre menores o la comisión de delitos de naturaleza sexual contra menores a través de internet. En este sentido, la ley prevé que los jueces retiren estos contenidos de la red.
  • Se regula el funcionamiento de los centros de protección de menores. En este sentido, la Plataforma de Infancia considera que la ley "no aborda suficientemente la necesidad de reforzar la protección de los niños y niñas privados de cuidado parental" y consideran esencial establecer en este ámbito una figura análoga al coordinador de protección de los centros educativos.

Para Andrés Conde, director de Save The Children, hoy será "un día importantísimo para la infancia después de más de 12 años de lucha de los supervivientes de la violencia".