El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha dejado en libertad provisional a uno de los siete detenidos este miércoles en la presunta trama de compra de votos por correo en el municipio de Mojácar tras la intervención de la Guardia Civil y de la UCO, que dio lugar también a decenas de registros y tres investigados.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el primero de los arrestados que ha comparecido ante el juez ha quedado en libertad con cargos investigado por un presunto delito de fraude electoral bajo la obligación de comparecer en el juzgado cada vez que sea citado en el marco de la investigación.
Así, está previsto que durante la jornada de este viernes sean puestos a disposición de la autoridad judicial el resto de detenidos e investigados, entre ellos los 'número 2' y 'número 5' de la lista del PSOE a las elecciones locales del 28 de mayo, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, respectivamente, quienes concurrían por primera vez bajo la siglas socialistas a los comicios.
El juez que investiga la presunta compra de votos en Mojácar autorizó la intervención del teléfono de, al menos, uno de los siete detenidos por agentes de la UCO de Guardia Civil; en concreto, el de Cristóbal Vizcaíno, quien concurre como independiente en la lista del PSOE y aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia que se interpuso el pasado 14 de abril por parte de la alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano (PP), y que ha sido el germen de la operación.
Fuentes del caso han indicado a Europa Press que varios personas han ido acudido este jueves a las dependencias de la Policía Local de Vera, donde ha establecido la UCO el que es su centro de operaciones, para prestar declaración en calidad de testigos a raíz de las revelaciones obtenidas por los investigadores de las escuchas telefónicas y de la documentación incautada en la decena de registros domiciliarios practicados.
Buena parte de las pesquisas se han orientado a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos han mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.
Las actuaciones, que se mantienen secretas aunque está previsto que el juez instructor revoque esta decisión en las próximas horas, se han prolongado durante un mes en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se esta produciendo o no fraude electoral en este municipio y que han recabado "indicios claros".
La denuncia que firma Rosa María Cano, quien concurre en estos comicios locales como número 2 y no repite optando a la Alcaldía de nuevo, indica que habría tenido conocimiento de los hechos que ahora están judicializados a través de varios vecinos de la localidad.
