El Gobierno vasco ha acordado este martes presentarse ante el Tribunal Constitucional por los recursos presentados por Vox y el PP contra el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi para defender que existe "un sólido soporte legal que justifica plenamente" su transferencia.
De esta forma, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno solicitará comparecer ante el alto tribunal para defender las disposiciones que habilitan la gestión de la prestación en Euskadi.
El Consejo de Gobierno, reunido este martes, ha aprobado que se solicite ante el Tribunal Constitucional la comparecencia del Ejecutivo vasco en los recursos de inconstitucionalidad presentados por los grupos parlamentarios Vox y Partido Popular relacionados con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "y que afectan al ámbito de autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca".
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación, recuerda que los dos recursos, que fueron admitidos a trámite, cuestionan un precepto de dos disposiciones normativas aprobadas por el Congreso de los Diputados "que están directamente vinculados con Euskadi".
El recurso promovido por Vox considera "inconstitucional" la Disposición Adicional Quinta de la Ley 19/2021 del IMV, así como la Disposición final trigésima de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Por su parte, el del PP también tiene como objeto la Disposición final de los Presupuestos estatales, que modifica la Disposición Adicional Quinta de la ley que regula el Ingreso Mínimo Vital.
Ley de Presupuestos del Estado
Tanto la Ley de Presupuestos del Estado como la Ley del IMV contemplan un precepto, la Disposición Adicional Quinta, que dispone que, en razón de la especifidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán en su ámbito territorial las funciones y servicios correspondientes que en dicha Ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como el pago de la prestación en los términos acordados. En concreto, Vox argumenta que supone "una frontal vulneración de la caja única".
El pasado 16 de marzo, la Comisión Mixta de Transferencias, integrada por el Gobierno vasco y el del Estado, aprobó el traspaso a Euskadi del IMV y establecer el convenio mediante el cual Euskadi asumió la gestión de la prestación no contributiva del IMV. El convenio entró en vigor el 1 de abril de 2022.
Lanbide se refuerza para agilizar los expedientes
Lanbide va a reforzar de manera temporal su plantilla con 51 trabajadores para agilizar la tramitación de los cerca de 20.000 expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) acumulados tras la transferencia firmada el pasado 16 de marzo y asumida el 1 de abril, según ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.
Tal y como anunció el pasado marzo en el Parlamento la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, la asunción de las nuevas competencias exige a Lanbide la gestión del flujo de entrada de nuevas solicitudes, la gestión de todas las pendientes de tramitar que estaban acumuladas antes de la transferencia y de los expedientes activos trasvasados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
A fecha de hoy, 26 de abril, las solicitudes pendientes acumuladas son cerca de 20.000, la media de solicitudes mensuales son 1.500 y cada mes de media se modifican 1.000 prestaciones a expedientes ya concedidos.
Por todo ello a principios del mes de mayo se van a incorporar de forma temporal 20 personas de perfil administrativo, 4 técnicos de Empleo y Formación y 3 asesores jurídicos. A finales de junio se incorporarán otras 20 personas de perfil administrativo y 4 de Empleo y Formación para el Empleo.
El programa de refuerzo tendrá una duración de dos años, con posibilidad de uno más de prórroga. No obstante ya se ha iniciado el proceso interno para aumentar la plantilla estructural de Lanbide con el fin de atender la implicación de esta transferencia en el futuro.
