La Ley vasca de Memoria contempla multas de hasta 150.000 euros por destruir fosas de víctimas

Lakua reconocerá con un documento a afectados por la guerra y la dictadura

28.10.2021 | 01:33
La consejera Beatriz Artolazabal y el viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz, ayer en la comisión parlamentaria. Foto: Irekia

Vitoria – Un "reto ilusionante" y una "oportunidad histórica" para promover la memoria, el reconocimiento y reparación de las víctimas, y para fomentar los principios y valores éticos y democráticos en general. Así se refirió ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, actualmente en tramitación en el Parlamento Vasco tras ser aprobada en Consejo de Gobierno el 27 de julio. La misma dotará de un "marco normativo" a las políticas para "restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura". Artolazabal rechazó a su vez que sea "una ley de bandos ni para resucitar ningún viejo fantasma". Insistió en que busca "restituir la dignidad a quien no se le ha restituido, restaurar vulneraciones de derechos y reparar la injusticia".

La consejera desgranó los pormenores del anteproyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, donde pidió a los grupos "acuerdo y consenso" en la tramitación de la norma. Esta tendrá como fin regular las políticas públicas en materia de memoria histórica en Euskadi, y entre sus aportaciones está establecer un día anual de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Del mismo modo, el Gobierno Vasco emitirá un documento de reconocimiento personalizado de carácter institucional y "destinado a la rehabilitación de su honor y de su justa satisfacción moral".

La futura Ley de Memoria Histórica y Democrática contempla a su vez un régimen sancionador en el que se establecen diferentes multas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en el caso de las infracciones muy graves; de 2.000 hasta 10.000 para las infracciones graves y de 200 a 2.000 euros para las leves. Entre las infracciones muy graves destacan la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil y la ocultación de documentos relevantes para la investigación y conocimiento de la verdad. Las faltas graves incluyen la no comunicación de hallazgos de restos humanos, las manifestaciones que atenten contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y los actos que exalten el golpe de 1936 y el franquismo.

La consejera advirtió de que "felizmente en Euskadi, las infracciones a las disposiciones del anteproyecto son nulas o infinitamente residuales en lo que atañe a la simbología franquista y a las manifestaciones de enaltecimiento o apología del golpe de Estado y la dictadura".

Investigación y pedagogía Durante su intervención, Artolazabal afirmó que "la verdad exige conocimiento y este, investigación", por lo que subrayó la necesidad de conocer la verdad de los hechos. Añadió que "la verdad exige pedagogía", lo que se traduce en un triple objetivo: "construcción social de la memoria, no repetición y compromiso activo con la protección y garantía efectiva de los derechos humanos".

Recordó que el Gobierno Vasco ha incluido en sus Presupuestos de 2022 nuevos espacios expositivos en el instituto de la memoria, Gogora, la renovación del Museo de Gernika y el nuevo memorial de víctimas del 3 de marzo en Gasteiz. "Pretendemos que estos tres nuevos espacios de memoria estén conectados, trabajen en red y supongan la creación de un memorial del compromiso cívico, en defensa de los principios y valores democráticos frente a un golpe militar y a una negra dictadura", dijo. Agregó que esta iniciativa "pionera" permitirá "avanzar mirando hacia el pasado para construir el futuro de Euskadi".

Las asociaciones memorialistas siguen ocupando un lugar destacado en el radar del Departamento que dirige Beatriz Artolazabal, y así el anteproyecto de ley contempla la creación de un Directorio de Entidades de Memoria Histórica, así como de una comisión asesora en esta materia. La misma ejercerá como órgano consultivo y de participación de estas entidades.

Como colofón, la titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales aseguró que "la memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas han de ser patrimonio democrático de todas y todos, y nunca instrumento de división y confrontación". Por este motivo, pidió a los grupos remar todos a una en la tramitación de la futura ley. "Se lo debemos al sufrimiento y a la dignidad de aquellas personas y a las generaciones futuras. Un futuro con memoria y una memoria para la convivencia. Confío en que enriquezcan y mejoren aún más esta ley con sus contribuciones y la búsqueda de acuerdos entre diferentes", les trasladó.

Ausencia de ETA Desde la oposición, tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos-IU saludaron este proyecto, aunque opinaron que llega tarde y que tiene un amplio margen de mejora. PP+C's no lo vio necesario al estar en vías de aprobación una ley de memoria estatal y, junto con Vox, puso el acento en la ausencia de ETA en la norma vasca. Artolazabal explicó que la ley, que abarca de 1936 a 1978, tiene como "objetivo específico" las vulneraciones de derechos "en el marco de la defensa de la legalidad democrática frente al golpe militar y dictadura franquista y no otro". Añadió que las víctimas del terrorismo y de vulneraciones de "otros derechos" ya están protegidas por un amplio espectro normativo.

Grupos parlamentarios

Pedagogía ética y democrática

Deuda histórica. Desde los partidos que apoyan al Gobierno Vasco, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate consideró ayer "oportuno" hacer pedagogía ética y democrática en un momento en el que "discursos negacionistas y que exaltan la sublevación franquista y la Guerra Civil se hacen fuertes". Mientras, Miren Gallastegi (PSE) valoró que la Ley de Memoria Histórica y Democrática es "muy necesaria y deseada" al tiempo que "salda una deuda histórica" con las personas "que lo dieron todo por preservar la libertad y la democracia".

Margen de mejora. Desde EH Bildu, Julen Arzuaga censuró que la ley no otorga a las víctimas del franquismo "los mismos derechos que a otras", por lo que deben buscar en Argentina "la justicia que aquí se les deniega". Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) señaló que esta norma "debe ser mejorada". "Se lo debemos a quienes defendieron la democracia", dijo.

"No es una ley de bandos, es una ley para restituir la dignidad, restaurar vulneraciones y reparar la injusticia"

"La memoria, la verdad y el reconocimiento a las víctimas han de ser patrimonio de todos"

Beatriz Artolazabal

Consejera de Justicia y Políticas Sociales

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