- El embrollo en torno a la marcha solidaria convocada el 18 de septiembre en Arrasate sigue complicándose, después de que el PP vasco incrementara ayer la presión sobre el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, para que no se celebre ese acto. “Si se permite esta nueva humillación a las víctimas, pediremos la dimisión de Itxaso por su inacción”, escribió en las redes sociales el portavoz parlamentario del grupo PP+C’s, Carmelo Barrio. Exigió además “medidas para prohibir actos de homenaje a este asesino”, en referencia al preso de ETA Unai Parot, y censuró que Itxaso “evita pronunciarse” sobre la convocatoria de Sare.

El partido que preside Carlos Iturgaiz alega que esta movilización, que consistirá en una marcha de 31 kilómetros, tiene como objetivo homenajear a Parot. Sin embargo, la red ciudadana Sare negó el pasado día 8 este extremo y aseguró que su finalidad es “denunciar legislaciones excepcionales como la ley 7/2013, que posibilita cadenas perpetuas encubiertas para un número importante de presos vascos”. En su cuenta de Twitter, añadió que “dado que uno de los presos condenados por esta ley es Unai Parot, con lazos familiares en Arrasate, es por lo que la convocatoria se hace en esta localidad”. Sare se reafirmó en su voluntad de seguir “denunciando la aplicación de medidas de carácter excepcional” a los presos y concluyó que “es tiempo de soluciones. Por ello, el 18 de septiembre nos manifestaremos en Arrasate”.

Se da la circunstancia de que Denis Itxaso remitió a principios de mes al fiscal jefe de la Audiencia Nacional la petición realizada por la Fundación Villacisneros para que se impida la convocatoria de Sare. El pasado julio esta fundación, de la que es vicepresidenta la exlíder del PP de la CAV María San Gil, informó de que había enviado una serie de cartas, solicitando que no se autorizase el acto, al propio Itxaso, al consejero de Seguridad Josu Erkoreka y a la alcaldesa de Arrasate, María Ubarretxena.

A juicio de la Fundación Villacisneros, “es inconcebible que, en una democracia como la española”, las instituciones “asistan impasibles a una marcha de solidaridad con un asesino sanguinario que ha acabado con la vida de 39 personas”. “Un acto que no solo ofende la memoria de las víctimas del terrorismo”, añadió en una nota, “sino que debiera indignar a cualquier persona con un mínimo de dignidad”.

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) también reclamó a Denis Itxaso y al Gobierno Vasco que impidan este acto al considerar que se podría incurrir “en un delito de enaltecimiento y apoyo a uno de los más sanguinarios miembros de la banda terrorista”.