PSC, C’s y PP se unen contra el fondo del Govern

El expresident Mas alega “indefensión” en su recurso ante el Tribunal de Cuentas

09.07.2021 | 23:55

barcelona – Los grupos del PSC, Ciudadanos y PP en el Parlament reclamaron ayer al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que estudie si el fondo creado por el Govern para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas –pendiente de validación de la Cámara– se ajusta al Estatut y a la Constitución.

Los dictámenes del CGE, máximo intérprete del Estatut, no son vinculantes, pero aún así desde las filas socialistas trasladan que su aval es importante a nivel político.

Este organismo ha cuestionado otras normas promovidas por el independentismo, como las llamadas leyes de desconexión o la regulación de los precios del alquiler.

Según aclara el PSC, una resolución positiva del CGE reforzaría la tesis del Govern de que el mencionado fondo tiene "solidez jurídica", mientras que un dictamen contrario le daría margen para dar marcha atrás antes de incurrir en posibles delitos.

De momento, los socialistas catalanes piden que sea el CGE quien aclare si esta norma "singular" presenta dudas jurídicas.

Por su parte, Ciudadanos, que como el PP confirmó que llevan el decreto del fondo al CGE, dice que es "inconcebible" que el Govern "se saque de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas".

"irregular tramitación" Por su parte, el expresident de la Generalitat Artur Mas ha pedido al Tribunal de Cuentas que anule su fianza de 2,9 millones de euros por promocionar el 1-O, ante su "indefensión" por la "irregular tramitación" de esta liquidación provisional, en que se le vincula a algunas actuaciones de cuando ya no ejercía.

Así lo indica Mas en el recurso que ha remitido a la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en el que lamenta que se le dé un trato de "presuntamente responsable" y solicita que se suspenda el plazo de quince días hábiles que se fijó el pasado 30 de junio para reintegrar, depositar o afianzar la liquidación provisional.

El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a ex altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 por los gastos derivados de la promoción exterior del 1-O con dinero público, de los que 2.950.980 euros corresponden al expresident Artur Mas.

La suma de los gastos atribuidos individualmente a cada uno de los afectados supera con creces los 5,4 millones de fianza conjunta que el Tribunal de Cuentas ha establecido como máximo para abonar, ya que limita a esta cifra el dinero que correspondió a la promoción del referéndum.

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