- El camino judicial que ha trazado Pedro Sánchez para que las comunidades tengan alguna opción de mantener las restricciones cuando caiga el estado de alarma está lleno de socavones, y el primero de ellos lleva el nombre de la Fiscalía. En puertas de que el lehendakari apruebe mañana un decreto que aspira a mantener el mayor número posible de medidas contra el coronavirus y hacerlo siempre y cuando existan garantías jurídicas, el Gobierno Vasco se dirigió el martes al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que autorice cuatro actuaciones. Y la Fiscalía solo ha dado su visto bueno a la opción de limitar la agrupación de personas a cuatro integrantes sin contar los convivientes, pero se opone a mantener el toque de queda nocturno, el cierre perimetral de la comunidad y el aislamiento de los municipios más afectados con un criterio de pura legalidad y sin entrar a valorar si son medidas proporcionales y justificadas por la crisis sanitaria. Cree que no se puede limitar la movilidad con carácter general y para un colectivo indeterminado de personas si no se hace con la cobertura del estado de alarma, el marco que el presidente español no quiere prorrogar. Sánchez ofrece la vía judicial, pero la Fiscalía, el órgano de cuyo control llegó a presumir públicamente el presidente en referencia a una hipotética extradición de Puigdemont, está respondiendo con un jarro de agua fría. Lo tenía poco o nada atado cuando propuso la vía judicial.
Antes de un hipotético recurso de casación al Tribunal Supremo, la penúltima palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que comunicará su decisión mañana. El Gobierno Vasco solo va a incorporar al decreto las medidas que tengan garantizada la seguridad y el aval jurídico. La revisión tendrá que hacerla la sala de lo contencioso-administrativo del superior de justicia, donde el juez Luis Garrido ya ha dado más de un quebradero de cabeza al Ejecutivo tumbando la limitación de reuniones a seis personas o el cierre de bares en zona roja. Desde Lehendakaritza no quieren anticipar acontecimientos.
Según el escrito de la Fiscalía vasca de Carmen Adán al que ha tenido acceso este diario, el Gobierno de Urkullu planteaba que, cuando el número de contagios supere los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos catorce días, se pueda mantener el toque de queda nocturno entre las 22.00 y las 6.00 horas, restringir la agrupación de personas a un máximo de cuatro sin contar los convivientes, y preservar el cierre del perímetro de la comunidad autónoma. En cuarto lugar, se plantea mantener el cierre de los municipios de más de 5.000 habitantes cuando su tasa de incidencia acumulada supere los 400 casos, y poder aislar los que tengan menos de 5.000 cuando superen los parámetros establecidos.
La Fiscalía permite la limitación de la agrupación de personas porque se utiliza la palabra "agrupación" y no "reunión", de manera que no interfiere en el derecho de opinión o manifestación, lo vincula al riesgo de contagios y cree que no necesita autorización judicial. El Gobierno Vasco ha hilado fino. Sobre el toque de queda, los cierres municipales y el cierre de la CAV, la Fiscalía cree que vulneran el derecho constitucional a circular "por territorio nacional" y que se aplica a un colectivo indeterminado y genérico. Recalca que no es legal, y que no ha entrado a valorar si es proporcional en virtud del nivel de contagios como pedía el Gobierno Vasco. "Fuera del marco de excepción, no están justificadas", zanja. El lehendakari se temía este desenlace y por ello insistió en prorrogar la alarma.
En algunos ámbitos se apunta ya que la Fiscalía se va a manejar con una consigna en todas las comunidades, aunque este órgano lo niega. El martes se conocía también que en Baleares se opone al toque de queda. El Gobierno español prometió facilidades. Este escenario afianza la sensación de que el presidente Sánchez no tenía nada atado y su propuesta de recurso en casación al Tribunal Supremo tampoco es sólida. La vía del Supremo comienza a provocar más inquietud que tranquilidad. El presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del TS, César Tolosa, se ha mostrado muy incómodo con que Sánchez le traslade la responsabilidad y existe un malestar importante dentro del tribunal, que da a entender que la propuesta del Gobierno español ha sido unilateral, como insinuaban el martes algunas fuentes que ponían en relieve a este periódico la mayoría conservadora del órgano.
Ante las medidas que quiere mantener Urkullu cuando caiga la alarma el domingo, la Fiscalía vasca enmarca el debate en la pregunta de si es posible limitar derechos fundamentales fuera del estado de alarma. Y recuerda desde el principio de su argumentación que la alarma "es el escenario legal elegido hasta ahora por el Gobierno de España para la cobertura de medidas limitativas" como estas, y que se activó por la existencia de resoluciones judiciales que, tras la caída del primer estado de alarma, "no autorizaron algunas medidas". Durante la alarma, la autoridad puede "limitar la circulación en horas y lugares determinados", de manera que estas restricciones deben considerarse reservadas a ese estado excepcional y "otra ley no puede saltarse esa reserva". El Gobierno Vasco había citado legislación ordinaria como la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
La Fiscalía defiende que una ley ordinaria no puede limitar derechos fundamentales y hacerlo sobre un conjunto indeterminado de personas (las leyes ordinarias solo permiten actuar sobre los contagiados o personas en riesgo). Urkullu no introducirá medidas sin aval jurídico y el decreto que salga irá en sintonía con el Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo recurre, se asegura que no haya más sobresaltos, aunque Lakua cree que el problema vendrá si ese colectivo acude en casación al Tribunal Supremo.
Medidas
Cuando el número de contagios supere los 200 casos por 100.000 habitantes, mantener el toque de queda nocturno entre las 22.00 y las 6.00 horas, restringir la agrupación de personas a un máximo de cuatro sin contar convivientes, y preservar el cierre del perímetro de la CAV. Cierre de los municipios de más de 5.000 habitantes cuando su tasa de incidencia supere los 400 casos y aislar los pequeños cuando superen los parámetros.
