- El estado de alarma termina el 9 de mayo, y las comunidades autónomas viven estos días como si se tratara de la fatídica cuenta atrás de una bomba de relojería, la puerta de entrada a un escenario de caos donde perderán su vigencia el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación del número de personas en las reuniones sociales para reducir los contagios por coronavirus. En estos últimos compases, el lehendakari ha puesto sobre la mesa una oferta al presidente español para que reconsidere su posición: le ofrece negociar la duración y las medidas del estado de alarma. Esta oferta la hizo pública ayer en la sesión de control del Parlamento Vasco leyendo un extracto de la carta a Pedro Sánchez que la contiene. Es el último cartucho para convencerlo y llega en un momento en el que crece la presión a La Moncloa por parte de las comunidades autónomas. Una del PSOE, Castilla-La Mancha, coincide con el planteamiento de prorrogar la alarma; y Castilla y León y Galicia, del PP, no lo verían descabellado.

En paralelo, en línea con la idea del lehendakari de abrir un resquicio a la negociación, existe un movimiento de comunidades que plantea en privado la idea de ofrecer a Sánchez que se mantenga el toque de queda, pero no tan estricto, retrasándolo hasta la medianoche, las 00.00 horas. La base mínima que plantea el lehendakari es que la alarma se aplique en el conjunto del Estado español, y que sea por un periodo significativo de tiempo. Urkullu sí ha ofrecido una prórroga de dos meses, en mayo y junio, o al menos de un mes. Es un periodo inferior al que había señalado inicialmente el PNV (tres meses, hasta bien entrado agosto, cuando la vacunación será masiva y habrá inmunidad de rebaño). Este matiz puede ofrecer un enganche a Sánchez, centrado en salvar la campaña turística.

En cuanto al toque de queda, Catalunya tenía previsto activar un decreto para mantenerlo cuando caiga la alarma, pero se enfrenta a escollos jurídicos. Ayer anunció que ampliará el horario de la hostelería hasta las 23.00 horas y, aunque pidieron no hacer la lectura de que el toque de queda se puede retrasar, fue inevitable que se interpretara en ese sentido. El estado de alarma fija el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, con opción de modularlo una hora antes o después (en la CAV es a las 22.00).

En su carta a Sánchez, según ha podido saber este diario, Urkullu llega a la conclusión de que el Consejo Interterritorial con las autonomías no puede tomar medidas sin cobertura legal, y que un decreto vasco quedaría en manos del juez.

Carlos Iturgaiz, de PP+C's, había pedido al lehendakari en el pleno que apostara por la reforma legal presentada por Casado en el Congreso, para habilitar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad y tener el mando sanitario, pero Urkullu le recordó que hay comunidades del PP que también defienden la alarma y que ya no hay tiempo para tramitar la reforma. Leyó el último párrafo de la carta: "Es por ello que ante el riesgo de inseguridad, demoras en la efectividad y por la inquietud del riesgo de interpretación social de posibilidad de vida sin restricciones en un tiempo en el que persiste la incidencia grave de la pandemia, solicito la prórroga del estado de alarma hoy vigente, mostrando mi voluntad de acordar su contenido y duración en virtud de su aplicación por medio del mando y gestión de las correspondientes presidencias de cada comunidad autónoma, de forma coordinada en el conjunto del Estado".

Urkullu, quien también respondió a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, aseguró que seguirá trabajando por el estado de alarma "hasta el último momento". Pidió "no estigmatizar" a Euskadi como si fuera la única comunidad que lo necesita, y argumentó que tiene más casos de contagios porque realiza un mayor número de tests. También matizó que coincide "en lo esencial" con la vicelehendakari segunda y líder del PSE, Idoia Mendia, en que sería conveniente prorrogar la alarma, aunque difieran en que sea total o parcial en algunas zonas. Dijo que su gobierno está unido. Al PP le pidió que abandone la "obstrucción permanente" y respalde la Ley Antipandemia vasca que, aunque no resolverá los problemas jurídicos (como el toque de queda), permitirá que las actuaciones vascas "tengan mayor solvencia".

Sánchez está tanteando varias opciones, pero ninguna ofrece garantías a las comunidades, como la hipótesis de que sea el Tribunal Supremo quien avale las medidas y no los tribunales superiores de justicia. Pero por ahora son globos sonda y tampoco ha puesto en marcha una reforma legislativa que permita mantener las restricciones del estado de alarma. Deja a las comunidades a merced de los jueces.

Reforzar la transparencia. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció ayer en el Parlamento Vasco que en el último trimestre de este año se activará un plan piloto con treinta cámaras móviles en los uniformes de la Ertzaintza, con baterías de 12 horas, en Bilbao (especialmente en San Francisco), Gasteiz e Irun. No serán grabaciones sistemáticas, sino cuando se constaten riesgos concretos, y respetando la protección de datos y con aviso previo de la grabación. El objetivo es dar garantías a la ciudadanía de que nadie podrá formular imputaciones infundadas, y también garantías para los agentes. Si tiene éxito, se implantará en el conjunto de patrullas esta legislatura.