20 años sin mili

10.03.2021 | 00:42
Un insumiso es detenido por protestar en un acto en el cuartel militar de Mungia. Foto: DNA

El Gobierno español aprobó el 9 de marzo de 2001 el decreto que suspendía el servicio militar obligatorio en diciembre de ese año

Culminaban hace veinte años tres décadas de combate antimilitarista de objetores de conciencia e insumisos que llevó a cientos de ellos a las cárceles españolas. Fue una lucha pacífica, clandestina en sus inicios, que fue popularizándose poco a poco y consiguió un apoyo mayoritario de la sociedad española, sobre todo cuando los insumisos, tanto al servicio militar como a la prestación social sustitutoria (PSS), comenzaron a entrar en la cárcel.

En los años 70, la objeción de conciencia, para el Gobierno, "fue un problema, no un derecho. Lo enfocaron siempre como un delito, en todo caso como una provocación", asegura Pedro Oliver, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su trabajo El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971-2002).

Quienes dieron el primer paso, por motivos de conciencia, fueron los Testigos de Jehová. En 1970, había ya 35 de ellos en prisiones militares y la cifra iba en aumento. Se sumaron muchos jóvenes católicos, que a su vez eran críticos con la jerarquía de la Iglesia. El primer objetor civil fue el jienense Pepe Beunza, que terminó cumpliendo condena en un batallón disciplinario de la legión en el Sáhara. Cuando quedó en libertad, organizó junto al veterano activista vallisoletano Gonzalo Arias una pequeña red colaborativa con ramificaciones en Barcelona, Tarragona, Vic, Valencia, Bilbao, Iruñea, Madrid o Málaga.

Fue el germen del movimiento asociativo de la objeción de conciencia, que fue reforzando su base teórica hasta que, a finales de 1975, cinco objetores hicieron pública su negativa a hacer la mili con argumentos pacifistas y de utilidad social. Personas y colectivos de muy diversa procedencia geográfica e ideológica se unieron para crear en enero de 1977 el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), que tuvo un especial dinamismo en Catalunya, Valencia, Andalucía, Madrid y Euskal Herria. Posteriormente, tras el triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 y en medio de la movilización en contra de la OTAN, con el intento de golpe de Estado del 23-F todavía muy fresco en la memoria, comenzaron a constituirse en España los colectivos Mili KK.

Pero la lucha antimilitarista no se detuvo en la objeción de conciencia y dio otro paso al frente: la insumisión. En febrero de 1989 se presentaron públicamente 57 jóvenes que ya eran auténticos insumisos a la mili y ese año decenas de jóvenes se declararon nuevos insumisos cada mes. Todavía, las detenciones eran escasas, en torno al 8,5 % de los casos, y la estancia media en prisión no pasó de 18 días.

Ante la intensidad que cobraba el fenómeno, el 1 de diciembre de 1989 se hizo oficial el pase a la reserva de los 27.000 objetores acumulados durante la última década, pero aumentaba continuamente el número de insumisos no enjuiciados. En 1994 se calcula que había 10.800.

El navarro Mikel Huarte señala que, "si nos hubieran juzgado a los 10.000 insumisos que había en todo el Estado español, tendrían que haber construido entre cinco y diez macrocárceles nuevas, porque no había espacio para meter a 10.000 presos, con una población reclusa total de 50.000 o 60.000 en esa época".

Donde sí se celebraban numerosos juicios y se producían más encarcelamientos era en Navarra. En una prisión para 250 internos, llegaron a entrar hasta 100 insumisos. "No es lo que lo buscáramos, sino que asumíamos las consecuencias de la insumisión o de la objeción. Plantábamos cara al Ejército y dábamos la cara en la respuesta que el Ejército quisiera dar", ha aseverado el insumiso Taxio Ardanaz, encarcelado en 1999 en la prisión militar de Alcalá de Henares.

Las cifras de objetores iban en aumento y llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En 1995, la bolsa de objetores en espera de la PSS llegaba a 200.000. Cuando el Gobierno, para aliviar la situación en las cárceles, decidió facilitar el paso de los insumisos al tercer grado, se encontró con la sorpresa de que muchos de ellos renunciaron a quedar en libertad. Y el Gobierno del PP, tras las elecciones de 1996, pactó con CiU y PNV y anunció el fin de la mili para 2003, aunque finalmente la medida se iba a adoptar en 2001.

Finalmente, en noviembre del año 2000 se realizó el último sorteo de quintos. El Gobierno aprobó el 9 de marzo de 2001 el decreto que suspendía la mili a partir de diciembre de ese año, aunque la despenalización del delito de insumisión no llegaría a ser efectiva hasta 2002. "A nivel personal fue una satisfacción inmensa, pero también a nivel ciudadano. Yo creo que fue la última gran batalla que se ganó desde la desobediencia civil", asegura la abogada del MOC Patricia Moreno.

José Miguel Aguirre "Katxo", insumiso navarro encarcelado en Iruñea y posteriormente en Ocaña (Castilla-La Mancha), recuerda la alegría que sintió. "A mí me han venido muchas madres a agradecerme y a decirme: por vuestra labor, por vuestra lucha, mi hijo no va a perder un año en el servicio militar", resalta. Otro insumiso vasco, Lander Aurrekoetxea, considera que en su momento no lo vivieron como una consecuencia directa de su lucha antimilitarista pero, "pasado el tiempo, y analizando mejor las cosas, yo creo que sí nos podemos arrogar un poco el éxito de hacer desaparecer el servicio militar obligatorio".

"Si nos hubieran juzgado a todos los insumisos del Estado, se hubiera necesitado construir diez macrocárceles nuevas"

Mikel huarte

Insumiso vasco

"La supresión del servicio militar obligatorio fue la última gran batalla ganada desde la desobediencia civil "

Patricia moreno

Abogada del MOC


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