- El tren ha pasado delante del rey español y ha decidido no subirse a él. El tradicional discurso navideño era la oportunidad de Felipe VI para tener un gesto y romper definitivamente con el incómodo legado de su padre, y también para recomponer la imagen de la monarquía con un desmarque ante la vieja guardia de los militares que han pedido su intervención en contra del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Pero su alocución en Nochebuena no recogió ninguna mención al Ejército, y despachó la investigación de los negocios de su padre, Juan Carlos I, de refilón. Fue breve y le dedicó menos de un minuto sobre un discurso de 13 minutos y medio; y no fue explícito, porque no mencionó a su padre ni condenó su proceder, no explicó lo que ha pasado ni quiso aclarar que no era parte de sus negocios, y se limitó a defender con carácter general que los principios morales y éticos “nos obligan a todos sin excepciones, y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares”.

El discurso fue tolerado por el PSOE tras haber trabajado con La Zarzuela desde el Gobierno español y no haber arañado un estilo más directo al rey. Sin embargo, los socialistas confiaron en que, a futuro, Felipe VI ejecute la renovación que ha prometido y adapte la monarquía al siglo XXI. El discurso pronunciado el jueves abre una fuga de agua cada vez mayor en una institución a la deriva.

Su discurso únicamente fue recibido de manera entusiasta por la derecha española, que ahora quiere capitalizar la defensa de la Casa Real. Los socialistas dijeron que coinciden en lo esencial y añadieron la coletilla de la regeneración a futuro, mientras sus socios de Podemos cargaron contra el mensaje del rey, al igual que los nacionalistas vascos y catalanes.

El discurso no se correspondía con la expectativa que se había generado, ni con las proporciones históricas de la crisis que vive la monarquía, con el rey emérito fuera del Estado para poner tierra de por medio con las investigaciones a las que está siendo sometido. Incluso ha reconocido de manera implícita que su proceder es reprochable, porque ha pagado casi 700.000 euros a Hacienda en un movimiento que se ha interpretado como una estrategia para evitar la vía penal. La elaboración del discurso de Felipe VI se había convertido prácticamente en una operación de Estado, y se había filtrado a la prensa que el Gobierno español (Carmen Calvo) estaba trabajando con el jefe de La Zarzuela (Jaime Alfonsín) para redactar una alusión a Juan Carlos I que estuviera a la altura de las circunstancias. Felipe VI fue incluso más tímido criticando a su padre, que su propio padre cuando tuvo que censurar los negocios de su yerno Iñaki Urdangarin, ante los cuales dijo que la justicia es igual para todos. Ahora no se ha optado por esa mención, porque supondría reconocer que el rey ha cometido un delito.

Felipe VI no arriesgó. Se decantó por alusiones veladas y por recuperar discursos de 2014, y no planteó ninguna medida concreta, aunque tampoco cabía esperarlo. Se ha teorizado con la retirada del título de rey emérito a Juan Carlos I, la supresión de la inviolabilidad (impide que sea juzgado por actos cometidos durante su reinado), o un ejercicio de mayor transparencia sobre el patrimonio real. También se ha especulado con decisiones más drásticas, como la abdicación de Felipe VI en beneficio de su hija Leonor. Precisamente en el discurso del jueves, la cámara enfocaba al rey con una fotografía a sus espaldas que mostraba a Leonor en un acto oficial. Estas alternativas quedan como balas en la recámara por si se generase un clima social y político que abocara a ir más lejos. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido movimientos como, por ejemplo, un refrendo intergeneracional, es decir, que se someta a votación el paso de la monarquía de padres a hijos.

El discurso se centró en la crisis del coronavirus, en insuflar ánimos y confianza en la capacidad de reponerse que tendría el Estado en su conjunto, y aludió a quienes han perdido a un ser querido o afrontan una situación crítica a nivel laboral. Apostó por proteger a los más vulnerables, y apoyar al tejido empresarial, los autónomos y los comerciantes. Le dio la percha para añadir que no puede cundir el desánimo y debe prevalecer “la confianza en el modelo de convivencia democrática”. A partir de ahí, se pudo leer entre líneas una apuesta por rebajar la crispación política, pero tampoco aludió a Vox ni a los militares retirados (a los que se han sumado voces en activo) y sus incendiarias frases vertidas en chats, como aquella que apostaba por fusilar a 26 millones de personas. Abogó por respetar la Constitución, y puso en valor que el progreso en democracia “es el resultado del reencuentro y el pacto entre los españoles después de un largo periodo de enfrentamientos y divisiones”. Defendió estar unidos y respetar la pluralidad. No ejerció con claridad una función de arbitraje y desmarque frente a los militares retirados que han pedido por carta que se implique en sus críticas al Gobierno español. Sería un asunto de su competencia porque tiene en sus manos el mando del Ejército y, por lo tanto, no hubiera sido chocante que pusiera orden. En el pasado sí ha tenido otras intervenciones en debates que, por el contrario, le son más impropios, como sucedió con su controvertido discurso tras las cargas policiales contra el referéndum de independencia catalán del 1 de octubre de 2017, donde no mostró empatía hacia los ciudadanos afectados y exhibió un perfil duro con sus reivindicaciones. En su discurso navideño, Catalunya y Euskadi han desaparecido.

Sobre los negocios de su padre, fue breve y, tras mencionar que los principios éticos obligan a todos, dijo que lo ha entendido siempre así, “en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe de Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día”.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo que los socialistas comparten “lo fundamental de los mensajes” del rey, empezando por la “solidaridad y preocupación” por las víctimas del virus, y valoró el “firme compromiso con los valores éticos”. “Confiamos en que, según lo que nos decía en su mensaje, siga adelante con la renovación de la institución monárquica para convertirla en una institución del siglo XXI a plena satisfacción de todos los ciudadanos”, dijo. Sus socios de Unidas Podemos volvieron a desmarcarse. Rafael Mayoral dijo que “hay una pregunta que sigue sin responder; ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?”. Pidió testar en las urnas el apoyo de una institución sin “control democrático” ni “judicial”.

Desde la derecha, el líder del PP, Pablo Casado, proclamó a Felipe VI como “un gran rey”, y aplaudió su discurso de “esperanza”, dentro de su estrategia de capitalizar la defensa de la monarquía frente al presidente Sánchez y sus socios. El máximo responsable del PP quiso ser quien reaccionara al discurso para darle la pátina de que es un asunto vital para su partido, y defendió al rey ante la “sucesión de ataques por parte de miembros del propio Gobierno”. Lo ve como símbolo de la continuidad de España. C’s coincidió en que el discurso fue “propio de un estadista”. En Vox, Santiago Abascal coincidió con el rey en que España “no se rinde”.

La monarquía es un terreno abonado para la disputa entre el PSOE y Unidas Podemos, que ya de por sí arrastran varias semanas de enfrentamiento por otras cuestiones. Unidas Podemos añadió el jueves otro foco para la divergencia al anunciar que presentará en el Congreso una ley con la que aspira a establecer controles sobre la monarquía y regular “el rol institucional” del rey, de modo que quede “más claro” que el monarca no puede hacer política ni perder su papel simbólico y protocolario de neutralidad. Esta ley, anunciada por Jaume Asens, de los comuns, parece enfocada a controlar los discursos televisivos, porque citó como ejemplo la tensión que generó en Catalunya la alocución de Felipe VI tras el referéndum. El discurso fue criticado en sectores de la izquierda y, desde luego, entre el soberanismo catalán y el vasco, incluido un PNV que vio saltar por los aires la labor de arbitraje del rey.

En TVE, Asens dijo que la ley debería regular “lo que puede y no puede decir”. “Se puede ser monárquico perfectamente y estar de acuerdo en que debería existir, por ejemplo, una ley que regulara lo que puede hacer el rey y lo que no, que diera más transparencia y acabara con los privilegios y la opacidad de una institución que no tiene suficientes controles democráticos”, dijo. Sobre el discurso del referéndum, fue tajante: “Todo el mundo decía que era un discurso que había salido más de La Zarzuela que de La Moncloa. Para muchos, el rey estaba haciendo política”. Los socialistas no apoyarán la ley, según anunció Rafael Simancas, para quien la monarquía está “perfectamente regulada en la Constitución”.

“Confiamos en que

siga adelante con la renovación de la institución monárquica”

Presidenta del PSOE

“Sigue sin responder: ¿Es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?”

Portavoz de Podemos

“Los principios éticos nos obligan a todos y están por encima de cualquier consideración personal o familiar ”

“Es así en coherencia con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día”

Rey