- El rey Juan Carlos comunicó ayer a su hijo Felipe VI su decisión de trasladar su residencia fuera del Estado español en plena investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales. La decisión del rey emérito llega después de varias semanas de goteo constante de informaciones sobre sus presuntos negocios opacos y sucesivos mensajes del Gobierno, con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza entre los que dejaban entrever la inminencia de un anuncio de este tipo. Algunas fuentes aseguran que Juan Carlos está ya en algún país fuera de España pero Zarzuela no desvela el lugar de residencia elegido por el emérito.

La situación del anterior jefe del Estado después de su abdicación y su posterior retirada de la vida pública tuvo un punto de inflexión el pasado 15 de marzo. Ese día, en pleno shock general por el estado de alarma decretado por Sánchez el día anterior ante la gravedad de la pandemia, Felipe VI anunció que en su día renunciará a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación que hasta entonces recibía de los presupuestos del Estado, casi 200.000 euros anuales. Lo hizo ante las informaciones publicadas sobre la investigación del origen de los 65 millones de euros ingresados en Suiza en la fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a Juan Carlos por la construcción del AVE a La Meca.

Casi dos años antes, en julio de 2018, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó a declarar al excomisario José Manuel Villarejo tras conocerse unas grabaciones de una conversación mantenida en 2015 en Londres en la que Corinna Larsen, amiga íntima de Juan Carlos, habría desvelado que este tenía cuentas en Suiza donde habría cobrado esas comisiones procedentes de Arabia Saudí y que la utilizó como testaferro.

Meses después, la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias, y en marzo de este año, tras publicarse declaraciones ante el fiscal suizo Yves Bertossa del abogado de Larsen sobre el "regalo" de los 65 millones de euros a su clienta y de los gestores de la cuenta de Lucum, Arturo Fasana y Dante Canónica, envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre esa supuesta donación. Lo que precipitó la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y de privarle de una asignación presupuestaria fue que se publicara que aparecía como segundo beneficiario de la fundación panameña.

Mientras Corinna Larsen continuó haciendo declaraciones en las que se presentaba como una víctima y aseguraba que se había puesto en contacto con Juan Carlos I para intentar acabar con lo que consideraba una "campaña de abuso" contra ella, el pasado 8 de junio la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció que asumía la investigación que hasta entonces dirigía Anticorrupción.

Un anuncio debido a que el rey emérito es una de las personas que podrían estar involucradas en el cobro de comisiones por parte de Arabia Saudí y tiene la condición de aforado. El objetivo de la Fiscalía es delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, ya que fue entonces cuando perdió la inviolabilidad que le reconocía la Constitución como jefe de Estado.

La evolución de los acontecimientos provocó un nuevo intento de varios grupos del Congreso de crear una comisión de investigación parlamentaria. Pero los votos de PSOE, PP y Vox volvieron a impedirlo.

El mes de julio abrió la puerta a una avalancha de noticias sobre los pormenores de los hechos investigados. Así, se sucedieron titulares como que Larsen declaró que los 65 millones que le transfirió Juan Carlos I en señal de "gratitud" procedían de una donación del ya fallecido rey Abdullah de Arabia Saudí. También que Juan Carlos I hizo cuantiosas y periódicas retiradas de efectivo de la cuenta a nombre de Lucum por importes que superaban los 100.000 euros al mes entre 2008 y 2012.

Todas estas noticias han ido alimentando declaraciones de partidos sobre la inviolabilidad de la Corona y la utilidad de la monarquía. Pero también llevaron al Gobierno a lanzar una serie de mensajes que hacían presagiar un anuncio como el hecho público ayer. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, calificó de "inquietantes y perturbadoras" las informaciones que se iban conociendo, aunque al mismo tiempo agradecía a Felipe VI que se hubiera distanciado de ellas. Declaraciones similares se han repetido en los últimos días ante nuevas informaciones que abonaban la posibilidad de que Juan Carlos abandonara la Zarzuela. Eso es lo que comunicó ayer a su hijo, trasladándole su intención de abandonar el país.

Juan Carlos I conserva su aforamiento, por lo que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras su abdicación en junio de 2014. El rey emérito pasó a ser aforado cuando perdió la inviolabilidad que le concedía su cargo de jefe de Estado.

Título vitalicio de rey.

Juan Carlos I va a seguir siendo miembro de la Familia Real y a conservar el título de rey que se le reconoció tras la abdicación, por lo que su estatus se mantiene invariable pese a su decisión de irse a vivir fuera de España. Cuando cedió el trono a Felipe VI, en junio de 2014, el Gobierno aprobó un decreto por el que establecía que conservaría el título de rey de forma vitalicia y con tratamiento de "Majestad", una fórmula para "plasmar la gratitud por décadas de servicios a España".

"Guiado por prestar el mejor servicio a los españoles, comunico mi decisión de trasladarme fuera de España"

"He sido rey durante casi cuarenta años y siempre he querido lo mejor para España y para la corona"

Comunicado