Madrid - El Gobierno español sigue rechazando un acercamiento conjunto de los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi una vez la banda ha dejado de existir, y aboga por un tratamiento individualizado de la situación de cada recluso en base a una serie de condiciones. De este modo, no modificará la política penitenciaria a pesar del plan presentado por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, para acercar en bloque a los 217 reclusos repartidos en cárceles de todo el Estado.
Así lo reveló ayer la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tras el encuentro que mantuvo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el primero de la presente legislatura. "Nos ha asegurado que no habrá cambios en lo que se refiere a la política penitenciaria", aseguró en un comunicado la asociación que preside Maite Araluce. En cuanto a los factores para proceder al acercamiento de un recluso, enumeró que estén próximos a finalizar su condena, que asuman la legalidad penitenciaria y que condenen de forma explícita la violencia.
Cuando accedió al Ministerio del Interior a mediados de 2018 tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de Moncloa, Grande-Marlaska se comprometió a comunicar a las asociaciones de víctimas todos los movimientos con los presos de ETA. La reunión de ayer se enmarca en este marcaje, y de la misma solo trascendió la versión de la propia AVT, que citó como una de sus "líneas rojas" la condición de "exigir la colaboración con la Justicia para poder realizar un pronóstico favorable de reinserción". No obstante, el lehendakari Iñigo Urkullu ha resaltado la "sensibilidad" que ha apreciado en el presidente español, Pedro Sánchez, de cara a solucionar definitivamente el problema de los presos.
Según un informe de Instituciones Penitenciarias del pasado diciembre, con Sánchez se ha acercado a cárceles próximas a Euskadi a 32 presos y se han concedido al menos 28 segundos grados. A ellos se suman los 24 que han salido en libertad, la mayoría por cumplir su condena y dos por sufrir una enfermedad grave. En su nota, la AVT no citó entre sus condiciones descartar a los presos condenados por atentados con víctimas mortales. A finales de diciembre generó controversia el acercamiento de José María Arregi Erostarbe, Fiti, de Alicante a Asturias. La Audiencia Nacional condenó en 2002 a Fiti y a Francisco Mujika Garmendia, Pakito, a 743 años cada uno como cooperadores necesarios en el atentado contra un autobús militar en Zaragoza en 1987, que provocó dos muertos y 28 heridos.
Recibimientos En su encuentro con el ministro del Interior, la AVT aprovechó para abordar más temas relacionados con los presos de ETA, y así se refirió también a los homenajes a expresos "que se siguen realizando con total impunidad en las calles del País Vasco y Navarra". A este respecto aseguró que "el ministro se ha comprometido a articular todas las vías posibles, legales y políticas, para evitarlos". Incluyó la posibilidad de que en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas se "impongan sanciones económicas a los ayuntamientos que permitan la celebración de actos que humillan a las víctimas del terrorismo".
Trataron otras cuestiones como los "problemas de funcionamiento de la Fundación de Víctimas del Terrorismo", y la AVT advirtió por último de que "permaneceremos vigilantes para que la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas se respete".
"Marlaska nos ha asegurado que no habrá cambios en la política penitenciaria"
AVT
Comunicado
