Washington - El secretario de Estado de Estados Unido (EEUU), Mike Pompeo, anunció ayer la activación, por primera vez en la historia, de una medida que permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana.

“La Administración de Trump no suspenderá más el Título III (de la ley Helms-Burton), una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo”, dijo Pompeo en una rueda de prensa. Esta es la primera vez que un Gobierno de EEUU activa los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que han sido suspendidos por todos los presidentes desde la aprobación de la norma en 1996.

Este cambio de política abrirá la puerta a demandas en EEUU contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras en la isla.

En concreto, la aplicación del Título III permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de Estados Unidos a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución cubana. Entretanto, la aplicación del Título IV restringirá la entrada en EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan comerciado con dichas propiedades.

Pompeo argumentó que el “comportamiento de Cuba en Latinoamérica socava la seguridad y estabilidad de los países en la región” y puso de ejemplo el apoyo que supuestamente la inteligencia cubana está prestando al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, sujeto a una campaña de presión por parte de Washington. “Tristemente, la mayor exportación de Cuba estos días no son puros, ni ron, es la opresión”, subrayó Pompeo.

Tensión con la UE Esa decisión promete inflamar las tensiones con la Unión Europea, cuya alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EEUU ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si Washington implementaba esa medida. De hecho, la Unión Europea ya demandó a Estados Unidos ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero suspendió ese procedimiento una vez que la Casa Blanca accedió a congelar esos capítulos del texto.

Al respecto, la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica, Kimberly Breier, avisó que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de la nueva política hacia Cuba y, por tanto, podrán ser demandas ante cortes estadounidenses si están usando propiedades nacionalizadas. “No habrá excepciones”, afirmó tajante Breier.

Esta medida puede abrir la puerta a “cientos de miles de demandas” en los tribunales de EEUU, de acuerdo con Robert Muse, un abogado en Washington experto en la legislación estadounidense sobre la isla. “Cualquier compañía que invierta en Cuba va a estar preocupada por una demanda en EEUU” porque “el Gobierno cubano nacionalizó toda la isla” tras la Revolución, explicó Muse.

El Gobierno de Cuba también podría verse implicado en ese tipo de demandas, lo que crearía un “lío gigantesco” porque no se espera que acuda a defenderse en los tribunales estadounidenses, agregó el experto, quien pronosticó, en cambio, que la medida no causará mas que “un bache en el mundo de los negocios”.

En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la activación del Título III permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 200.000 demandas ante cortes estadounidenses.

Reacción de La Habana Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó “enérgicamente” el anuncio. “La agresiva escalada de EE.UU. contra Cuba fracasará”, escribió Rodríguez en su Twitter. “Como en Girón, venceremos”, dijo el canciller de la isla, que celebra ayer la victoria en Bahía de Cochinos,(Playa Girón para los cubanos). - Efe