GASTEIZ - Los gobiernos vasco y español han pisado el acelerador para cerrar el acuerdo sobre el traspaso a Euskadi de cuatro competencias pendientes a las que se comprometió el Ejecutivo de Sánchez la semana pasada. Las dos administraciones se reunirán hoy por videoconferencia para intentar cerrar un acuerdo sobre las cuatro materias y poder oficializarlo esta misma semana en la Comisión Mixta de Transferencias, probablemente el jueves.

La urgencia se debe a que el viernes comienza la campaña electoral para los comicios generales del 28 de abril y Moncloa quiere evitar que este asunto envenene el debate electoral en el resto del Estado español y pueda ser utilizado por los partidos de la derecha como munición para desgastarle y presentar estos traspasos como debilidad y cesión ante los nacionalistas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, señaló ayer que durante el fin de semana se han “intensificado mucho los contactos e intercambiado documentación” entre Lakua y Moncloa. El escaso margen de tiempo obliga a una negociación exprés ya que, tal y como confirmaron ayer a este diario fuentes del Gobierno Vasco, todavía no hay acuerdo.

“Llevamos algunos días centrados en la negociación y, por tanto, quedan algunos flecos, fundamentalmente relacionados con la valoración económica, pero hemos avanzado mucho, hemos intercambiado mucha información y, por lo tanto, la negociación está bastante avanzada”, señaló el también consejero de Autogobierno en declaraciones realizadas durante su visita al campo de concentración de Gurs, en Francia.

Las cuatro materias sobre las que se está trabajando a contrarreloj para ser transferidas a Euskadi son la competencia sobre política y ordenación farmacéutica, así como la legislación que regulariza el seguro escolar, las ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores afectados por un ERE y el traspaso a las diputaciones de un tramo de la AP-68, también conocida como la autopista Vasco-Aragonesa. Esta es la transferencia de más peso por su afección económica y social, ya que, de consumarse el traspaso, los 77 kilómetros de autopista que van de Bilbao a Burgos pasarían a manos de las instituciones vascas. Además tiene un impacto simbólico notable ya que es la última autopista de titularidad estatal que surca Euskadi, después de que hace unos meses se transfiriera el tramo Burgos-Armiñon de la AP-1.

Las cuatro competencias están recogidas en otros estatutos de autonomía y en la mayoría de los casos ya han sido transferidas. La ordenación farmacéutica, por ejemplo, ya está en manos de los gobiernos autonómicos de Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya, Baleares y Castilla-León.

El escollo para cerrar los traspasos no es la voluntad política por parte del Gobierno de Sánchez, sino un motivo técnico, concretamente la valoración económica de las materias, lo que hace pensar que no debe ser muy difícil desatar el nudo si el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra del ramo, Meritxell Batet, aprieta a las respectivas oficinas de control económico de Hacienda.

Erkoreka confía en que hoy se puedan dar por cerradas las materias y encomienda “todo a lo que pueda dar de sí la reunión” de hoy. Según señaló, el impulso de este encuentro puede ser definitivo “para que esta semana se puedan liquidar definitivamente esas primeras cuatro materias”, sobre el total de 33 competencias recogidas en el calendario de transferencias que presentó el Gobierno español a principios de año. Ese plan de trabajo detallaba tres bloques de ejecución de los traspasos. El primero incluía siete competencias a materializar en abril, mientras que el tercero culminaría en enero de 2020, entre las que se incluye la competencia sobre las tres prisiones de la CAV (Zaballa, Martutene y Basauri).

calendario de traspasos Tres de las cuatro competencias ahora en vías de negociación corresponden al primer bloque del calendario de traspasos del Gobierno de Sánchez, mientras que la AP-68 iba a implementarse posteriormente, aunque finalmente el trabajo realizado durante meses por ambas partes ha permitido adelantar su traspaso.

La repentina decisión en marzo del presidente Sánchez de dar por concluida la legislatura y adelantar las elecciones generales deja en el aire el futuro del resto de las competencias pendientes. Pero el hecho de que haya un documento oficial que reconozca en detalle las materias pendientes de traspasar supone un mandato simbólico para el próximo gobierno que salga de las urnas, sea del color que sea. Si Sánchez repite en la presidencia no tendría excusa para no impulsar lo que él mismo ha firmado. Sería harina de otro costal si fuera Pablo Casado el que llegara a la Moncloa.

En todo caso, Erkoreka sostiene que el compromiso del Gobierno Vasco es que, cualquiera que sea el Ejecutivo que pueda constituirse tras el 28-A, va a exigirle el cumplimiento del calendario ya presentado y comprometido. “Se trata de un compromiso de un Gobierno frente a otro”, apostilló el portavoz del Ejecutivo Urkullu.

AP-68. Los gobiernos vasco y español esperan cerrar el traspaso de un tramo de la autopista Vasco-Aragonesa que une Bilbao con Zaragoza, en concreto un tramo de 77 kilómetros entre la capital vizcaína y Burgos. Es la última carretera de titularidad estatal que surca Euskadi, tras el traspaso hace unas semanas del tramo de la AP-1 entre Armiñón y Burgos.Política farmacéutica. El Gobierno Vasco reclama la competencia sobre los controles de calidad de los medicamentos, la verificación a los laboratorios para comprobar que realizan sus actividades conforme a la normativa de correcta fabricación o inspección de la legislación de los productos de farmacia, entre otros.

Seguro escolar. Pide la competencia sobre la gestión del régimen económico del seguro escolar y de las funciones y servicios de acción protectora sanitaria derivada del seguro escolar por accidente escolar o enfermedad.

Ayudas a jubilados por ERE. El Gobierno Vasco aspira a regular las ayudas a la jubilación de trabajadores que se han visto afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE).

33

El calendario de transferencias presentado por el Gobierno de Sánchez incluye 33 competencias, entre ellas la de Prisiones, aunque excluye el régimen económico de la Seguridad Social.