Iruñea - Los cinco miembros de La Manada seguirán en libertad provisional al estimar dos magistrados frente a uno que no hay razones suficientes para modificar su situación y ver “endeble” el riesgo de fuga, una decisión rechazada por las acusaciones y que vuelve a trascender al ámbito jurídico. Y es que, junto a los pronunciamientos de las acusaciones contrarios a la resolución, vuelven a escucharse voces desde diferentes ámbitos que cuestionan esta resolución, tal y como ha sucedido a lo largo de todo el proceso.

El Gobierno navarro y el Ayuntamiento de Iruñea anunciaron ayer mismo que presentarán recursos de súplica y el abogado de la víctima declaró que lo están estudiando, aunque, según comentó, “sin mucha confianza en que haya un pronunciamiento diferente puesto que es la misma sala la que debe estudiarlo”.

La Fiscalía, según fuentes jurídicas, no prevé recurrir la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento a una joven en los Sanfermines de 2016, quedaron en libertad el 22 de junio de 2018 tras abonar cada uno una fianza de 6.000 euros y así continuarán al desestimarse la prisión provisional solicitada por la fiscalía y las acusaciones.

En esta ocasión, al igual que ha sucedido en diversos momentos del proceso, también ha habido un voto discrepante, el del presidente de la Sección Segunda, José Francisco Cobo, quien estima que los condenados deben ingresar en prisión debido a la gravedad de la pena impuesta. No comparten esa postura los otros dos magistrados quienes consideran que “no se han aportado razones suficientes para modificar la situación personal de los encausados”, según el auto, en el que concluyen que el argumento de riesgo de fuga aparece “bastante endeble”. La decisión supone un punto y seguido en un caso que queda ahora en manos del Tribunal Supremo.

Las reacciones no se han hecho esperar y así el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, consideraba “desacertado” el auto judicial que estudian recurrir con la mirada puesta en el Tribunal Supremo, del que esperan que determine que lo sucedido en 2016 fue una agresión sexual (violación) y no un abuso sexual. El letrado reconoció que “no me ha sorprendido” la decisión puesto que, según dijo, conocían que “había dos votos que estaban clarísimamente decantados”.

“Se sabía lo que iban a decidir dos magistrados, por lo que todo dependía de la magistrada Fernandino que fue quien en el momento de la excarcelación cambió de opinión de una manera sorprendente. Ahora dependía de ella y ha optado por el mantenimiento de la libertad”, resumió. Además, añadió que están a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, al que le corresponde pronunciarse (el proceso podría prolongarse durante dos años) sobre el caso y del que confía que reconozca que “ha habido una agresión sexual” y no un abuso sexual como se ha considerado hasta ahora.

A la espera del Supremo Pero esa resolución “se alargará”, auguró el abogado, quien comentó que además la Audiencia de Navarra tiene que pronunciarse también sobre el delito contra la intimidad apreciado en la última resolución, y que podría incrementar las penas de los acusados. “Paciencia y esperar es lo que toca”, dijo Bacaicoa, quien avanzó que si antes de esos pronunciamientos “se produce algún tipo de novedad por parte de los acusados otra vez habrá que pedir la prisión”. Para el abogado Agustín Martínez, que representa a los cinco causados, la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener su libertad “era lo esperado pero hoy todos respiramos”. El letrado insistió en que la petición de la Fiscalía y la acusación particular de que los cinco volvieran a prisión era “ridícula, ya que no han cambiado las circunstancias” para revocar la libertad provisional de la que gozan desde junio hasta que el fallo, recurrido al Supremo, sea firme. “No hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva”, señaló.

Desde el Gobierno Foral manifestaron su “absoluta discrepancia” con la resolución y avanzaron que en los recursos de súplica solicitarán la revocación de esa decisión y el inmediato reingreso en prisión. También recurrirá el Ayuntamiento de Iruñea, según anunció el alcalde, Joseba Asiron, quien mostró su desacuerdo con la decisión de los jueces y reiteró que lo que se produjo fue “una agresión sexual en fondo y forma”.

Desde el ámbito institucional, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, escribió en Twitter que “acata pero no respeta la decisión”, en la misma línea que la consejera de Justicia e Interior en funciones de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, quien dijo que no la comparte pero la respeta. También mostraron su discrepancia dirigentes políticos como Eduardo Santos (Podemos-Ahal Dugu) que declaró que “el error original fue ponerles en libertad”, y Bakartxo Ruiz (EH Bildu) quien opinó que “es un nuevo golpe a la lucha por la igualdad y contra el machismo”. - Efe / E. P.