Vitoria. De Miguel se ha pronunciado así en el turno de última palabra que ha ejercido en el juicio por presunta corrupción que sienta a 26 personas en el banquillo de los acusados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, y que hoy, tras 68 sesiones, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Álava.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, pide para Alfredo de Miguel 29 años y 9 meses de cárcel por una veintena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones malversación y tráfico de influencias. Su defensa ha reclamado la absolución y ha negado la existencia de prueba de cargo contra él.
"Ha habido cosas que hecho mal y me arrepiento sinceramente. Si pudiera volver atrás no las haría bajo ningún concepto, pero jamás creo que he cometido un delito y menos aquellos por los que se nos ha acusado", ha afirmado De Miguel.
También ha asegurado que "todos" los servicios prestados por Kataia, la supuesta empresa pantalla creada para el cobro de las comisiones, están "acreditados", sus ingresos contabilizados y declarados fiscalmente.
De Miguel ha remarcado que se le ha "investigado de arriba abajo" y ha quedado "constancia de que no ha habido ningún enriquecimiento ilícito".
El principal acusado en esta causa también ha pedido "perdón por el daño y la tristeza" que ha podido generar a su familia, especialmente a sus hijos y a su mujer, también acusada, y ha mostrado su agradecimiento a los amigos que le han ayudado a "mantenerse en pie".
En el banquillo de los acusados también están dos exmiembros de la Ejecutiva alavesa del PNV Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, para quienes la Fiscalía solicita 13 años y 7 meses de prisión, respectivamente.
Ambos han utilizado la última palabra para ratificar su inocencia. "Soy inocente de todos los hechos que me imputa el Ministerio Fiscal", ha proclamado Tellería, quien ha reconocido que en su vida ha cometido "aciertos y errores", aunque ha reiterado su inocencia.
En la misma línea se ha manifestado Ochandiano, quien ha pedido "disculpas" si ha perjudicado a alguien con su actitud y ha querido agradecer el apoyo de su familia en "esta dura travesía".
Tras ellos han ido tomando la palabra el resto de los acusados. La mayoría para proclamar su inocencia o ratificarse en lo dicho por sus abogados.
Otros, como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud con el gobierno de Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, ha criticado los "impresentables comentarios de mofa y menosprecio" que el fiscal ha hecho sobre él en este juicio.
Muchos han puesto de relieve el "calvario" que supuesto para ellos este procedimiento e incluso uno ellos ha dicho que la justicia debería mejorar porque a día de hoy no sabe qué se le imputa.
Al término del turno de última palabra, el presidente de la Sala, Jaime Tapia, ha dejado visto para sentencia el juicio y ha indicado que el tribunal tratará de dictar sentencia lo "antes posible", aunque algunas fuentes consultadas por Efe no prevén que sea antes del próximo otoño.
Tapia ha reconocido que ahora comienza un proceso de deliberación y de análisis de la prueba "arduo" y complejo para el tribunal, que tratará de cumplir con los requerimientos legales y éticos con la mayor diligencia.
Así ha concluido un juicio que se ha prolongado durante casi un año, en el que la Fiscalía ha rebajado las peticiones de penas reclamadas para los 26 y ha cerrado un acuerdo de conformidad con nueve de ellos entre los que no están los principales imputados.
El Ministerio Público mantiene que De Miguel, Ochandiano y Tellería se constituyeron en cabecillas de una red societaria para, sirviéndose de sus relaciones políticas y administrativas por su vinculación al PNV, lograr contratos y adjudicaciones de instituciones gobernadas por los nacionalistas y obtener comisiones de las empresas que optaban a esos concursos.
En su informe final el fiscal afirmó que los acusados constituyeron una "trama criminal", con prácticas mafiosas "más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio", que actuaba con "impunidad" y con un nexo común entre "casi todos" los acusados, su relación con el PNV.
Durante este año más de un centenar de testigos y peritos han pasado por la Sala, entre ellos la abogada Ainhoa Alberdi que en diciembre de 2009 denunció ante la Fiscalía alavesa que De Miguel, entonces diputado foral, le pidió una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
El tribunal también escuchó cómo uno de los empresarios que llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía reconoció que él y De Miguel acordaron pedir a una constructora catalana una comisión de 161.000 euros para cada uno por su intermediación en una recalificación de terrenos.
Durante el juicio las defensas han cargado en varias ocasiones contra Alberdi, a la que se ha calificado de "testigo profesional del derecho que sabe lo que quiere decir, cómo lo quiere decir y cuándo" y también contra el "exceso de imaginación" y "ninguna prueba de cargo" de las acusaciones de la Fiscalía.
