“Sánchez abrió una expectativa de cambio con el acercamiento de presos que no se está cumpliendo”

¿Le consta que el Gobierno español vaya a acercar a todos o casi todos los presos de ETA y la kale borroka?

-El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió tanto ante la opinión pública española y vasca como ante la comunidad internacional a poner en marcha una nueva política penitenciaria con la que poner fin a la excepcionalidad que se ha mantenido con los presos y presas vascas. Abrió una expectativa de cambio que a día de hoy no se está cumpliendo. La mitigación del alejamiento a Logroño y Zuera, si bien alivia el esfuerzo de familiares y allegados para las visitas, no se puede encuadrar como cambio y fin de la política de alejamiento.

¿A qué cree que se debe la escasez de movimientos del Gobierno de Sánchez ?

-Indudablemente responde al cálculo político que hace el Gobierno del PSOE que sabe que se van a encontrar con una feroz y oportunista oposición de las derechas. Esto ya lo padeció el entonces presidente Zapatero, y limita y ralentiza cualquier movimiento.

¿Se conforman con un acercamiento de los presos enfermos y los mayores de 70 años?

-No podemos conformarnos con eso. Consideramos, y así lo ha demandado la mayoría sociopolítica en Euskal Herria, que es hora de acabar con la política de alejamiento aplicada de manera colectiva y exclusivamente a las presas y presos políticos vascos y para ello, no puede haber perfiles para ninguna exclusión. Únicamente hay que respetar la voluntad de cada preso o presa mostrada en su petición individual de destino. Eso es todo lo que indica la ley.

¿Aunque la ley no obliga a ello, están los presos dispuestos a algún gesto para facilitar el acercamiento?

-Todas y todos los miembros de nuestro Colectivo hemos cursado la petición personalizada a la Administración penitenciaria para ser trasladados a la cárcel de Zaballa. Esa es la premisa que se exige y que todos y todas hemos cumplido. Además, hemos mostrado nuestra renuncia a la violencia y la apuesta por vías democráticas, un reconocimiento del daño causado y la gran mayoría de nosotros y nosotras hemos contribuido en el debate a la decisión de disolución de ETA. Y todo esto, no lo hemos hecho como gesto, sino como compromiso.

¿El acercamiento ha de ser a las cárceles de Zaballa e Iruñea?

-A cada preso y a cada presa se le debe respetar la petición de cárcel que solicite para cumplir la condena impuesta. Así se hace con el resto de presos y presas. Los y las presas políticas vascas prácticamente en su totalidad hemos pedido Zaballa pero también cabe Iruñea.

El Gobierno español prevé acercarles primero a cárceles como la de Zuera, Logroño o Asturias.

-Los miembros del EPPK, nuestras familias, una amplia mayoría de la sociedad vasca, de los agentes sociales y políticos, así como innumerables decisiones institucionales adoptadas en diferentes marcos han expresado que nuestro destino debe ser el más próximo a nuestro entorno familiar, que no es otro que una cárcel vasca. Esas maniobras de traslado parecen indicar que no hay una voluntad clara de romper con el alejamiento y sí de seguir con una graduación del mismo que pueda servir como elemento de chantaje.

¿Es aplicable al Estado español el modelo de acercamiento francés?

-Hemos pedido los acercamientos a las cárceles de Mont de Marsan y Lannemezan porque ese modelo está en la buena dirección ya que el Gobierno francés está siendo efectivo y no está haciendo distinción entre los presos a la hora de aplicar el acercamiento.

¿Ha cambiado la realidad en el interior de las cárceles con la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez?

-Solo podemos decir que seguimos como antes. Seguimos igual que con el PP. Con los compañeros con enfermedades incurables apenas se ha hecho un movimiento absolutamente insuficiente, seguimos alejados, seguimos en primer grado y seguimos con situaciones cada vez más insostenibles como la que padecen nuestros compañeros que aún siguen en módulos de aislamiento o nuestras compañeras que aún están solas, es decir, siendo la única presa política vasca en esas prisiones.

¿Viven una situación de excepcionalidad, de discriminación respecto al resto de presos?

-En nuestra vida carcelaria se nos ha sometido al régimen cerrado permanente e inamovible como su expresión más extrema y dañina. Lo que pedimos es que a las presas y presos políticos vascos se nos aplique la legislación ordinaria y se ponga fin al régimen de excepcionalidad para el que además, a día de hoy, no hay ninguna razón para su mantenimiento.

¿En qué se concreta esta excepcionalidad? (registros, cacheos, horas de patio).

-El régimen de excepcionalidad es un todo, es la imposición de un modo de vida, es una cárcel dentro de la cárcel, una forma extrema de hacer purgar la cárcel a los y las presas políticas vascas que se viene aplicando desde la Transición hasta el presente. Y su concreción son el alejamiento, la imposición del régimen FIES, la aplicación ininterrumpida del primer grado (el más duro), la vida en los módulos de aislamiento, la dispersión por módulos en todas y cada una de las cárceles, los registros, los cambios de celda, las 20 horas de celda y 4 de patio, todas las comunicaciones intervenidas y la limitación de éstas, la limitación de enseres, el impedimento de estudiar en la EHU-UPV, imposibilidad de acceder a cursos formativos o trabajos remunerados,? El objetivo buscado con estas medidas de excepción basadas en el desgaste físico y psíquico, ha sido y sigue siendo nuestra claudicación política. No tienen nada que ver con tratamientos regimentales ni de reinserción.

El Gobierno español les anima a que pidan destinos laborales (trabajos en prisión) como señal de buena actitud.

-Nuestra clasificación en primer grado dificulta enormemente que los miembros del EPPK puedan desempeñar destinos o participar en otro tipo de actividades. En esta última fase se han concedido destinos pero también se han negado y ello como consecuencia del régimen de primer grado que se nos aplica. Por otro lado, en las prisiones españolas, al contrario que en las francesas, las posibilidades de acceder a un trabajo remunerado son prácticamente nulas.

Ha pasado un año desde que el colectivo de presos EPPK decidió recorrer las vías legales para avanzar en la reinserción, en “vaciar las cárceles” como dicen ustedes. ¿Qué balance hacen de este año?

-El balance no es de uno sino de cuatro años porque entonces comenzamos a pedir de manera individualizada nuestra repatriación a cárceles vascas. En este último año hemos solicitado además destinos, progresión de grados, levantamiento de la intervención de comunicaciones, permisos ordinarios de salida... El resultado es conocido. Por ejemplo, en la progresión de grado, que ha sido la solicitud más consistente, el 95% de las respuestas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria han sido denegadas, tres positivas frente a medio centenar negativas. Estamos a la espera de ver qué sucede con las cerca de 80 que tienen aún pendientes. Las solicitudes de permisos, salvo a tres compañeros a punto de extinguir sus condenas, han sido también denegadas... A otro nivel, las peticiones de acercamiento fueron rechazadas en bloque y hoy en día, salvo tres compañeros que están en cárceles vascas por razón de sus enfermedades el resto del Colectivo seguimos alejados.

La mayoría de los presos sigue en primer grado o régimen cerrado porque no les conceden el segundo grado.

-Y eso es así porque aún no se ha levantado la decisión política de mantenernos clasificados en primer grado. El Gobierno del PSOE aún no ha levantado esa situación de excepción, de arbitrariedad y, a tenor de lo que estamos viendo y escuchando, cada vez nos entran más dudas de la voluntad de poner la política penitenciaria en acuerdo con su propia legalidad. A todos y todas nos corresponde ser clasificados en régimen ordinario o segundo grado, y nada menos que a 98 les correspondería ya estar en tercer grado y pudiendo optar a la libertad condicional.

El Gobierno, y la normativa penitenciaria, les piden un gesto de arrepentimiento o de autocrítica para empezar a mover la rueda de la progresión de grado. ¿Tienen previsto algún gesto de esta naturaleza?

-Lo que dice la normativa es que la clasificación o el grado dependen del comportamiento del preso o la presas en prisión y en base a ello se le puede clasificar, y solo de manera temporal, en primer grado. No caben exigencias para clasificarnos en segundo grado. Otra cuestión son las exigencias para la progresión al tercer grado. Además la clasificación en primer grado es, en todo caso, por un periodo de tiempo limitado, en ningún caso de manera ininterrumpida durante años, decenios o la condena al completo como es nuestro caso.

¿Les resultaría más fácil a los presos hacer una autocrítica pública si la izquierda aber-tzale lo hiciera de manera pública y clara?

-La izquierda abertzale con su Declaración del Kursaal hizo un reconocimiento de sus responsabilidades. ETA hizo pública poco antes de su disolución una reflexión pública de enorme calado reconociendo el daño causado. Y en 2013 EPPK hizo su propia declaración al respecto. Lo tangible es que izquierda abertzale, EPPK y ETA han reconocido lo que aún ningún otro agente que ha participado de una u otra manera en el conflicto vasco no ha hecho. Los presos y presas políticas vascas estamos dispuestas a aportar nuestro esfuerzo para abrir un debate sobre la reconciliación en Euskal Herria, pero para ello necesitamos interlocutores, precisamente aquellos que como nosotros han sido también causantes de mucho sufrimiento y dolor.

¿Apuestan por un esquema similar al del desarme?

-La vía, el esquema, el marco resolutorio que dé salida a la cuestión de presos y huidos políticos debe de contar con la parte social representada en el Foro Social Permanente. Es imprescindible el concurso de las instituciones vascas y, en el tercer vértice, con los propios sujetos de resolución que somos los presos, las presas y los huidos y huidas. La resolución debe contar con la participación y el consenso de todas las partes. Esa es la vía Zaballa que propugna EPPK.

¿Cuando hablan de vaciar las cárceles se refieren a excarcelaciones antes de cumplir condenas o de permisos y beneficios penitenciarios?

-Para que pueda afrontarse dicho proceso de vaciamiento no es suficiente con el empuje de la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones; hace falta también una disposición gubernamental para que se nos aplique la legislación ordinaria, la que se aplica al conjunto de la población reclusa, lo cual daría como resultado una rápida resolución con la mayor parte del Colectivo que tendría acceso al tercer grado y con el mismo a las pernoctas y a las libertades condicionales. Y con aquellos y aquellas que aún tienen largas condenas abogamos por buscar fórmulas para un tipo de excarcelaciones tempranas.

¿Siguen siendo líneas rojas el arrepentimiento y la delación en el esclarecimiento de atentados de ETA aún sin autoría?

-Es incorrecto poner el acento en la posición de EPPK sobre unas exigencias que, por un lado, chocan con los fundamentos legales, si nos atenemos a una legislación que cubra los derechos que asisten a encausados o condenados; y, por otra parte, en nada ayudan a la reparación del daño y la reintegración de las personas presas. Cabe recordar que la delación y el arrepentimiento son parte de la excepcionalidad incluida en la ley 7/2003 hecha expresamente contra las presas y presos políticos vascos a fin de que “se pudran en la cárcel”. Y sobre la delación, solo significar que se trata de algo que agrede en el fondo de la dignidad de la persona. Es ruin.

¿Las víctimas quieren que se aclaren unos 300 atentados que siguen sin resolver. ¿Qué les diría?

-Lo primero que queremos manifestar desde EPPK es nuestro máximo respeto y pesar a todas las víctimas y a sus allegados por las consecuencias irreparables que han sufrido y sufren. Las guerras, las confrontaciones armadas son generadoras de innumerables tragedias que nunca debieron darse, de ahí la injusticia de sus consecuencias. Es así que nunca debió de surgir el conflicto político que afecta a Euskal Herria y que sigue emanando aún sufrimiento.

Pero las familias y las víctimas de los atentados de ETA aún sin resolver quieren que se esclarezcan.

-La pregunta que me asola es la finalidad de dicha reclamación; si es la reparación de las víctimas o si es buscar nuevas condenas, más presos y más sufrimiento. Todas y cada una de las acciones de ETA están reivindicadas por la organización extinta, están resueltas en cuanto a la autoría organizativa. Por contra, hay miles de casos sin resolver, sin reivindicación, ocasionados por la guerra sucia, las desapariciones forzosas, con el tirar a matar, con la tortura y con otras violencias. En la perspectiva de un país que necesita la normalización política sería un hito que todos los agentes, exmilitantes y gobernantes que pueden dar fe de la verdad del conflicto lo hagan para garantizar que en Euskal Herria no vuelva a repetirse lo acaecido nunca más. Nosotros estaríamos por la labor.