Bruselas - Este martes comenzaba una audiencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que busca aclarar si un Estado miembro de la Unión Europea que haya notificado el artículo 50 para abandonar el club puede revocarlo de forma unilateral. Los abogados europeos han defendido que no puede retirarse solo por parte de la capital que lo ha activado, algo con lo que coindicen también los abogados del Gobierno británico.
Remainers y Leavers, además del Gobierno y Parlamento británico, y las instituciones europeas, estuvieron ayer muy atentos a lo que está ocurriendo en Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) iniciaba la audiencia del caso sobre la posible revocación unilateral del artículo 50.
El viernes 21 de septiembre la principal corte escocesa dirigió el caso al TJUE, un golpe para el Gobierno británico, que quería dar carpetazo al asunto. El caso fue interpuesto por diputados y eurodiputados británicos contrarios a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. “Desde nuestro punto de vista esta cuestión necesita ser respondida antes de que el Parlamento británico vote sobre el Brexit”, aseguró entonces Andy Wightman, un diputado de Los Verdes en la cámara escocesa, y el hombre que le puso nombre al caso.
por la vía más rápida Ayer martes, poco más de un mes después, el caso llegaba a Luxemburgo. Los abogados de los activistas y de los diputados anti Brexit pidieron que el caso se acelere, como ya sugirió Wightman: creen que Westminster debe saber cuáles son las opciones que tiene antes de votar sobre el acuerdo sobre el Brexit.
Los abogados del Gobierno británico insistieron en que no tienen ninguna intención de retirar el artículo 50, y acusaron a la otra parte de querer usar la posible decisión del TJUE de “munición política” para meter presión sobre los diputados, que tendrán que votar sobre el acuerdo del Brexit el día 11 de diciembre.
Consejo Europeo en contra Hubert Legal, el abogado representante del Consejo Europeo, explicó que la institución está en contra de la retirada unilateral del artículo 50, y que la única parte unilateral de ese proceso es la notificación del mismo. El miedo del Consejo es que un Estado miembro pueda jugar con la opción de activar el artículo con el objetivo de renegociar su encaje en la Unión Europea, sabiendo que después puede revocarlo.
“No hay paralelismo entre el derecho a notificar y el derecho a retirar”, aseguró Legal, que señaló que “los procesos nacionales no son suficiente para retirar la alfombra sobre la que todo el mundo se ha visto obligado a ponerse en pie”. La Comisión Europea también señaló que esta posibilidad podría provocar que un Estado miembro pudiera usar esta posibilidad de forma “abusiva”.
Además, Legal aseguraba que un Estado miembro de la Unión Europea que quiera revocar el artículo 50 no encontraría demasiadas dificultades para lograr el apoyo de todos los Estados miembros, y que si alguno se opusiera a dicha posibilidad estaría sometido a una muy fuerte presión.
