madrid - Pedro Sánchez pretendía un retoque rápido e indoloro, pero ha abierto la caja de truenos con su propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos. El debate se ha desatado, y algunos partidos con presencia en el Congreso de los Diputados quieren aprovechar esta oportunidad para llevar la discusión más allá de la lucha anticorrupción y abrir el melón del modelo de Estado y el autogobierno. Los nacionalistas catalanes no han sorprendido con su propuesta de incorporar el derecho de autodeterminación, pero el PP, que nunca ha sido partidario de reformar la Constitución, se ha arrimado a esta corriente para plantear una revisión en clave recentralizadora que ataca directamente el derecho a decidir de los navarros.

En concreto, plantea la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, la que habilita un procedimiento para que Nafarroa se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca si lo decide su Parlamento y lo ratifican los ciudadanos en un referéndum. Los populares siguen rechazando la reforma constitucional pero, en el caso de que se produjera, van a presionar con esta propuesta y con una recentralización de competencias en la educación. El PNV ha recibido con preocupación estos movimientos porque el PP tiene una mayoría absoluta de bloqueo en el Senado y, por tanto, tiene la fuerza numérica necesaria para tratar de condicionar el debate, aunque no se basta por sí solo en el Congreso.

El PP trata de poner en un brete al socialismo planteando una reforma que lo enfrentaría directamente con sus socios del PNV. El presidente de los populares, Pablo Casado, reconoció en una entrevista en la cadena Cope que no está a favor de “abrir en canal” la Constitución, pero dejó caer que, si se aborda este debate, hay otros asuntos más urgentes que los aforamientos, como eliminar la disposición “que permitiría una anexión de Navarra al País Vasco” e, incluso, propiciar que sea el Estado quien ejerza las competencias en educación, pensando en las escuelas catalanas. La estrategia fue secundada desde el PP de Nafarroa, donde Ana Beltrán coincidió en que “no es el momento” de reformar la Constitución pero, en caso de hacerlo, “es prioritario” acabar con esa disposición transitoria, “que es una amenaza que pende sobre los navarros”.

UPN fue más clara. Javier Esparza puso esta propuesta como condición y avisó de que “no apoyará ninguna reforma constitucional que no elimine” este precepto. “Hace años, Cataluña era un problema para la unidad de este país y hoy es un riesgo inminente. El mismo camino se puede seguir con el nacionalismo vasco, con Navarra incluida como es su pretensión. De hecho, ya están negociando una reforma del Estatuto vasco que sería inconstitucional, en lo que supone un nuevo ataque a nuestro país”, acusó.

La disposición constitucional establece que será el Parlamento navarro, “por mayoría de los miembros que lo componen”, quien inicie el procedimiento para incorporarse a la comunidad vecina. “Para la validez de dicha iniciativa, será preciso, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”, añade el texto.

rechazo jeltzale El PNV cree que cualquier reforma del modelo autonómico condicionada por PP y C’s supondrá empeorar. Por ello, fuentes de la ejecutiva jeltzale consultadas por este periódico rechazan abrir la espita constitucional para abordar este asunto y se quieren ceñir a la reforma de los aforamientos. Recalcan que es un cambio puntual. Una reforma de calado requiere una labor de cocina que no se está produciendo y, por encima de todo, el PNV no quiere abordar el debate territorial dentro de la revisión constitucional porque, con las mayorías actuales, “cualquier cambio sería a peor, para ir hacia atrás”. Esa es la razón que explica que no esté planteando incluir el derecho a decidir como los nacionalistas catalanes del PDeCAT y ERC. Desde el Govern, la consellera Elsa Artadi sí pidió a Sánchez que introduzca el “derecho de autodeterminación” si “cree que hace falta” para habilitar un referéndum en Catalunya. Es de sobra conocido que el PNV defiende su propia vía, el carril de los derechos históricos, el Parlamento Vasco y el pacto con el Estado; y no la reforma constitucional. En el campo de los aforamientos, no obstante, jugará con la máxima ambición y pide eliminarlos todos, también la inviolabilidad del rey.

El PNV se remitió ayer al comunicado de Geroa Bai, que criticó por boca de Koldo Martínez este “ataque al autogobierno de Navarra”, y además vio una contradicción con la postura defendida por Jaime Ignacio del Burgo, el jurista que ha propuesto el PP de la CAV para redactar el nuevo estatus, que defiende esta disposición. Geroa Bai recordó que “es un derecho de la ciudadanía navarra a decidir en una cuestión de suma importancia, como es su futuro como sujeto político”. Además, puso en valor que fue uno de los fundamentos de la Transición, y pidió a Sánchez que no ceda. “Cabe recordar al PSOE que no son UPN ni PP quienes hicieron posible su gobierno”, avisó.

El apoyo del PP es imprescindible para reformar los aforamientos, pero está poniendo un precio alto a Sánchez. El PP vive esta reforma como una amenaza para su líder, Pablo Casado, por el caso máster; pero tampoco quiere quedar fuera de la fotografía. Casado podría perder su protección especial como diputado en el Congreso y su futuro no quedaría en manos del Supremo, sino del juzgado de instrucción de Madrid, que redactó un auto muy duro.

Si se abriera el debate territorial, el PP tendría la llave y sus votos serían imprescindibles. En el procedimiento abreviado de reforma constitucional, se necesitan tres quintos del Congreso y el Senado. También valdría la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso. Si la reforma fuera agravada y afectara al núcleo de la soberanía estatal o la Corona, se necesitarían dos tercios de cada Cámara, elecciones, volver a ratificar la decisión y convocar un referéndum.

Disposición transitoria cuarta. “En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos”.