La familia Franco agotará las vías legales contra la exhumación

El BOE publica ayer el real decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros y que permitirá exhumar al dictador al puntualizar que a partir de ahora el Valle de los Caídos será un “lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas” de la Guerra Civil donde “solo podrán yacer los restos mortales” de los fallecidos en la contienda. El texto, que entró ayer en vigor modificando la Ley de Memoria Histórica de 2007, declara “de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales” del dictador. Esta decisión, según el real decreto, reúne los requisitos constitucionales de “extraordinaria y urgente necesidad” que habilitan al Gobierno de tomarla mediante real decreto, con la que se cumple una proposición no de ley del año pasado y los “reiterados requerimientos” de Naciones Unidas sobre este asunto.

“La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”, argumenta el texto.

El procedimiento que rige el real decreto establece una caducidad de doce meses a contar desde el inicio de los trámites a través de un acuerdo de incoación que adoptará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Dicho acuerdo designará un órgano instructor y dará 15 días a los interesados para que puedan personarse y presentar las alegaciones, así como a comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco. Para ello, el Ejecutivo podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación. De existir “discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”.

Tras la publicación del real decreto, los nietos de Franco emitieron un comunicado en el que señalan que “bajo ningún concepto” colaborarán “activa o pasivamente” en la decisión del Gobierno. Y añaden que se reservan la opción de agotar “todos los recursos legales” a su alcance, sin descartar ninguna otra acción legal que garantice sus derechos como “únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales” de su abuelo. En ese sentido, la familia expresa su “confianza en los tribunales de justicia y en la legalidad vigente”, desde su punto de vista “gravemente vulnerada” por el texto legal aprobado ayer, y “muy especialmente en la Comunidad Benedictina que tiene encomendada la custodia de los restos”.

En una entrevista publicada ayer por La Razón, uno de los nietos del dictador, Francis Franco, descartó la hipótesis de trasladar los restos a El Pardo, donde ya fue enterrada su abuela Carmen Polo, aduciendo motivos de seguridad. Francis Franco declaró que cree que el Gobierno español va a realizar la exhumación “por las malas, y ya veremos si saltándose la legalidad”. No obstante, a la pregunta de si la familia recurriría el proceso administrativo para proceder a la retirada del cadáver contemplado en el real decreto que permitirá exhumar al dictador, argumenta que “gastar dinero en contra de un Gobierno es perder el tiempo porque si lo hacen y lo exhuman sería un brindis al sol”. Francis Franco no cree que “ni el Gobierno ni el 90 % de los españoles vea urgencia” en la exhumación e instó además al Ejecutivo a que, si cree tener razón, lo haga “con luz y taquígrafos”, y no en secreto como pretende realizarla para evitar la protesta de los grupos de ultraderecha. .

Volviendo al real decreto, éste cosechó ayer las críticas de Ciudadanos e Izquierda Unida. El primer partido insistió en que no se dan las “circunstancias formales” para utilizar el real decreto ya que la exhumación “se podría haber previsto” en 40 años, y pide una fórmula “más adecuada” para llevar a cabo la exhumación con “consenso”. Por su parte, IU consideró insuficiente el texto y reclamó que se retire igualmente el cuerpo del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera y se convierta el complejo en un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura. El PSOE, por su parte, acusó al PP de utilizar “algaradas y cortinas de humo” sobre la exhumación para que “se deje de hablar de la corrupción en su partido”.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, ha opinado que la intención del Gobierno de exhumar a Franco es sólo el principio: “Después vendrá la demolición de la gran cruz y la expulsión de los benedictinos para convertirlo, finalmente, en un parque temático”. - Efe