Caracas - Por disposición del Ejecutivo venezolano a la moneda del país, el bolívar, se le quitarán cinco ceros, una medida compleja que entra hoy en vigor en medio del aluvión de ajustes económicos decretados por el Gobierno que han llevado a los ciudadanos a hacer compras en estado de angustia. La simplificación monetaria, aunque necesaria a los ojos de todos, ha disparado el temor de los ciudadanos y la alerta de economistas y opositores ante las posibles consecuencias pues se aplicará en un escenario de hiperinflación.

La moneda local tomará el apellido de “soberano” desde hoy, cuando empiece a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la inflación del país petrolero que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, cerrará el año en 1.000.000%. Este factor hace inviable la reconversión a juicio del Parlamento, de mayoría opositora, que ha pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro y al Banco Central (BCV) frenar la medida hasta que se tomen otros ajustes económicos para solventar el déficit fiscal y detener la incesante subida de los precios.

Los diputados de la Comisión de Finanzas calculan que al cabo de tres meses las nuevas denominaciones monetarias serán insuficientes para cubrir los costos de los bienes y servicios que, de acuerdo a la Cámara, se duplican cada 26 días. Aunque los venezolanos enfrentaron con éxito una reconversión que quitó tres ceros al bolívar en 2008 las características del nuevo proceso y sus respectivos pronósticos son, cuando menos, diferentes.

El país suramericano llega a este punto tras haber prorrogado en tres ocasiones esta reconversión y de que ahora se diera solo un mes a los ciudadanos para familiarizarse con el anuncio definitivo y apenas una semana para que se despojaran de los billetes de baja denominación que dejarán de ser legales. Este hecho, particularmente, ha alimentado la hipótesis de posibles aumentos en el costo de productos y servicios subsidiados por el Estado como la gasolina, una sospecha que el mismo Maduro estimuló esta semana al anunciar su intención de limitar el subsidio y empezar a venderla a precio internacional.

Además, Maduro hizo el viernes otros anuncios entre los que destacan un aumento del salario mínimo de los trabajadores en 35 veces, lo que equivale a 723 o 45 dólares, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país. Informó de que entregará a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor añadido, a la renta y a grandes transacciones.

Devaluación Pero también el país se encamina a una devaluación de 95,8% en su moneda, de concretarse la unificación cambiaria anunciada por Maduro con la que el precio del dólar estadounidense subiría 24 veces su valor actual. Según dijo, la nueva denominación del bolívar estará anclada al petro, como se llama la criptomoneda gubernamental, que tiene un valor “oscilante de 60 dólares o más” y cada una de ellas equivale a 3.600 bolívares soberanos o 360 millones actuales, lo que arroja un cambio resultante de 6.000.000 de bolívares por dólar.

La medida de anclaje es otra de las apuestas de Maduro en el marco de su pretendido “milagro económico”, un conjunto de medidas que, desde el 20 de agosto, buscan estimular la inversión, la producción y controlar la inflación. Este paquete de ajustes es la apuesta del Ejecutivo para hacerle frente a la supuesta “guerra económica” que asegura que le hacen los empresarios, pero es igualmente insuficiente a ojos de economistas que ponen el foco en la magnitud de la crisis y destacan sus signos más fuertes como el hambre y el desabastecimiento generalizado.

Si bien hay otros anuncios como la despenalización de ilícitos cambiarios en un país regido por el control estatal de divisas desde hace 15 años y la puesta en marcha de dos unidades contables, los ciudadanos estaban más preocupados por el apagón electrónico que comenzó esta noche. Este hecho los dejará sin poder hacer ninguna transacción financiera al menos durante las 10 horas previas a la puesta en marcha de la reconversión, que será además en un día declarado no laborable y con los bancos cerrados.

Mientras unos cinco millones de venezolanos están en alerta roja por la crecida de ríos, otros tres millones no tienen electricidad estable desde hace una semana y a la totalidad de la población le tocan los embates de la crisis, el Gobierno pregona su promesa de recuperación económica.

Paro nacional Ante esta situación, los partidos opositores venezolanos Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y la Causa R convocaron para mañana “un primer día de protesta y paro nacional” ante las medidas económicas anunciadas el viernes por el presidente Nicolás Maduro, que consideran inviables en medio de la crisis. “Convocamos este martes #21Ago a un primer día de protesta y paro nacional, en contra de Maduro, en contra de la hiperinflación y el hambre. Mañana daremos los detalles”, dice el mensaje compartido ayer en las cuentas de Twitter de estos partidos, que han rechazado los anuncios de Maduro que mantienen a la población en la incertidumbre.

Desde PJ, partido del expresidente del Parlamento Julio Borges, aseguró que el incremento de salario anunciado, el más alto y abrupto que se ha hecho en los últimos 20 años, significa el aumento del desempleo y la disminución del poder adquisitivo. Es “un grupo de medidas desordenadas e irracionales, contradictorias e inviables que acrecentará el caos y la marcada crisis económica que padece Venezuela”, dijo en una nota de prensa el PJ.

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por el opositor preso Leopoldo López, señaló que el aumento de salario “causará más sufrimiento y dolor” a los venezolanos porque, afirmó, “el Estado no tiene cómo pagarlo” y “miles de empresas cerrarán dejando sin empleo a millones de trabajadores”.

Entretanto, algunos economistas y analistas consultados coincidieron en que el conjunto de medidas anunciadas no tiene coherencia debido a que, aseguran, van en “direcciones opuestas”. El economista Luis Vicente León ve pocas probabilidades de éxito en los anuncios de Maduro pues, según dijo, algunas de esas medidas son “teóricamente positivas”, pero están acompañadas de otras que son populistas e inconsistente con los objetivos que se ha marcado el Gobierno.

Además, recordó, el Ejecutivo asume durante 90 días el diferencial de las nóminas para el pago de los salarios ante el aumento tan abrupto, algo que, señaló, “representa una barbaridad de demanda de dinero que impactaría sin duda la liquidez monetaria y el déficit fiscal”.

El Gobierno venezolano también prevé instaurar un nuevo sistema de precios acordados e igualmente anclados al petro partiendo del hecho de que en la actualidad todos los precios están dolarizados o hasta un 10.000% por encima de los costos de realización, según estimó el viernes Maduro.

Brasil. Al menos 1.200 venezolanos han abandonado Brasil en las últimas horas después de los actos violentos registrados ayer contra campamentos de ciudadanos de ese país en la localidad fronteriza de Pacaraima, confirmaron ayer fuentes del Ejército. Habitantes de Pacaraima, en el empobrecido estado brasileño de Roraima (norte), protestaron contra la presencia de inmigrantes venezolanos en la ciudad, les expulsaron de las tiendas de campaña donde dormían y quemaron sus objetos personales.

Entrada por Pacaraima. A Pacaraima, con una población de unas 12.000 personas, se ha convertido en el último año y medio en la principal puerta de entrada de los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa su país y que deciden rehacer sus vidas en Brasil.

Ecuador. El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, afirmó ayer que al menos un millón de venezolanos ha cruzado la frontera común, si bien los que permanecen aún Ecuador son unos 250.000. En una entrevista publicada ayer por el diario ‘El Comercio’, Toscanini defendió la decisión de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos para entrar en Ecuador. Unos “250.000 se han quedado, pero ha llegado aproximadamente un millón. Muchos se quedan seis meses. Hay que controlarlos de alguna manera”, afirmó.

Decisión “legal” y “legítima”. El ministro dijo que “aparentemente” la medida de solicitar el pasaporte a los venezolanos, que entró en vigor el sábado, “podría ser catalogada como dura, pero va en beneficio de ellos mismos (los venezolanos). Y subrayó que para el Gobierno de Ecuador, la decisión es “legal” y legítima, “porque un país soberano tiene derecho a poner ciertas condiciones, en este caso, en cuanto a migración”. También comentó que la medida se adoptó por “muchísimos factores”, entre ellos la necesidad de una identificación plena del ciudadano venezolano para tener un buen control.