IRUÑEA. Durante una comparecencia en el Parlamento solicitada por el cuatripartito y a la que no han acudido ni UPN ni PP, la Plataforma ha sostenido que la justicia requiere equilibrio y en este caso se ha hecho "una interpretación cruel", con "ensañamiento", por lo que es "difícil encontrar un caso mas claro de arbitrariedad cuando el Estado debe garantizar los derechos de las personas".
Por eso la plataforma ha sostenido que el ciudadano "no puede permanecer ausente, hay que resistir porque en caso contrario peligra la propia democracia", lo que es ha llevado a pedir la puesta en libertad de los procesado que ya "han recibido suficiente castigo".
En su exposición, Lasagabaster ha comenzado por afirmar que la calificación jurídica de los hechos como terrorismo fue "inapropiada y desmesurada", fue "una interpretación disparatada porque se aleja de los principios de objetividad e imparcialidad".
Además a su juicio en la instrucción "no aparecen consignadas las circunstancias favorables a los presuntos reos" y "no se constatan hechos mas allá de la mera sospecha".
Fue "una trifulca de madrugada en un bar que solo pude relacionarse con terrorismo forzando desproporcionadamente el razonamiento humano", ha dicho.
Y ha añadido que esta forma de instruir "es contraria a un estado de derecho", por lo que lo que la ha atribuido "a una reacción desmesurada" para que los hechos fueran enjuiciados por la Audiencia Nacional y no por los tribunales de Navarra, "los competentes".
Para Lasagabaster este asunto es "un lamentable ejemplo de descrédito de la justicia, alejado de lo que una sociedad democrática se merece".
En este sentido ha subrayado que se trata de "un nuevo ejemplo de la aplicación del derecho penal del enemigo en unos hechos no premeditados y probablemente impulsados por unas circunstancias, de madrugada en un bar y un estado físico no en las mejores condiciones".
Para avalar sus afirmaciones, ha recordado que entre los miembros del tribunal hay una magistrada casada con un miembro de la Guardia Civil y condecorada por este cuerpo, pero no se admitió su recusación.
"Tampoco se admitieron pruebas presentadas por los procesados" y cuando finalmente se admitió un vídeo "no se ha tenido en cuenta su contenido", ha asegurado, y subrayado que en él se ve a uno de los guardias civiles tras los hechos cómo charla con tres de los acusados "sin reconocerlos" y su camisa está "impoluta", cuando dos días después a la Policía Foral le enseñan una con huellas de zapatos que atribuyen a las patadas recibidas.
A esto ha sumado que después, en las ruedas de reconocimiento, "no se respeta" que exista algún parecido físico entre los procesados y las personas que se situaron junto a ellos para la identificación, y en los hechos probados la sentencia "establece una suerte de responsabilidad colectiva".
"No señalan quien agredió a quien", ha precisado, y añadido que hay algún acusado fue detenido al ser identificado por una fotografía de hace años, la del DNI, pero no por una actual, algo que "resulta al menos sorprendente".
Lasagabaster ha señalado también que las lesiones de los agredidos "son muy poco compatibles que con una agresión de un numerosos grupo de personas".
En cuanto a la sentencia, ha apuntado que se ha aplicado la agravante de odio "cundo no hay regulación que prevea como forma de protección de estamentos públicos este delito. Solo está previsto para las personas cuando median los derechos fundamentales, pero no para la instituciones".
Del delito de desórdenes públicos ha comentado que hubiera requerido para serlo de planificación y afectar a derechos de terceros, pero en este caso se ha aplicado "para imponer las condena en grado máximo acumulando cargos y agravantes, para forzar el monto de la pena cuando lo racional era centrar la tipificación en las lesiones".
Y así se ha llegado a una pena para los procesado, en conjunto 76 años de cárcel y los 100.000 euros de indemnización, "cercana al marco penal del homicidio aunque se reconoce que no hubo un delito de terrorismo, lo que se aleja de toda idea de justicia", ha concluido.
La opinión de la Plataforma ha sido compartida por los portavoces del cuatripartito, que han criticado todo el procedimiento del caso Altsasu, mientras que Inmaculada Jurío, del PSN, ha subrayado el respeto de su partido a la división de poderes, un pilar del estado de derecho "cuya independencia hay que respetar", y por eso ha defendido que el Parlamento lo que debe hacer es legislar.
