Barcelona - Lejos de amilanarse ante su compleja situación, con su estancia en Bruselas y despojado por los aparatos del Estado español de su condición de president de la Generalitat, Carles Puigdemont no arroja la toalla. El que fuera máximo mandatario de Catalunya hasta que el Gobierno activó el artículo 155 de la Constitución como dique de contención ante el independentismo, desafió ayer a la orden de detención contra su persona dictada por la Justicia española. Da un paso al frente. “Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero”, afirmó apenas una hora antes de conocerse que la Audiencia Nacional había cumplido con el guión preestablecido dictando un auto para que las autoridades belgas lo detuvieran, ingresaran en prisión y extraditaran. La entrevista concedida ayer por Puigdemont a la cadena televisiva belga RTBF fue un cúmulo de declaraciones con las que el cesado president de la Generalitat denunció una por una las maniobras urdidas por el Gobierno de Rajoy para no dar carta de naturaleza a la declaración de independencia emanada del referéndum del 1 de octubre. De entrada, aseguró no considerarse “un fugado”. Todo lo contrario, avanzó estar “dispuesto a colaborar con la Justicia belga”. Todo ello a pesar de que desde el Estado ya le ha llegado la orden de que se presente en la Audiencia Nacional para responder ante los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia que las autoridades del país en el que se encuentra estudiarán a partir de hoy su caso. El último tipo penal le es endosado al expresident, además de a los cuatro consellers que le acompañan -Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret-, por no personarse en la primera llamada de la magistrada Carmen Lamela, que los citó para el pasado jueves. “La justicia española está politizada”, censuró, para posteriormente concretar los motivos de su escapada, que circunscribió a la “falta de garantías” del sistema judicial español.
Conocedor de que la intervención del Ejecutivo de Rajoy en las instituciones catalanas iba a ser extrema, y sobre todo de que las elecciones autonómicas estaban en el horizonte cercano de los partidos constitucionalistas como método más propicio para sacar al soberanismo del la Generalitat, Puigdemont se adelantó marchando a Bruselas antes de que los acontecimientos le sobrepasaran. Su objetivo ha sido preparar mejor su defensa jurídica, mantener el pulso a Rajoy internacionalizando el conflicto e ir sondeando la situación abierta de cara a las elecciones del 21-D. “No he venido a pedir asilo político, estoy aquí para defender un Gobierno legítimo, frente a una acción ilegal del Estado español, frente a una situación de ausencia de garantías jurídicas en un asunto que es político, y para tener la libertad de expresarme con seguridad”, aseveró. “Habrá elecciones el 21 de diciembre y queremos que esas elecciones se puedan desarrollar en las condiciones más normales posibles. Y no es con un Gobierno en prisión que esas elecciones van a ser neutras, independientes y normales”, aclaró.
Con la posibilidad de que pueda entrar en campaña pese a encontrarse a centenares de kilómetros de Catalunya, lo cierto es que Puigdemont -pero también sus exconsellers denunciado y los ocho encarcelados, entre ellos el vicepresident Oriol Junqueras- puede convertirse en un agente de primer orden en favor del soberanismo. Lo haría, además, en un impasse en el que las fuerzas políticas independentistas deben deshojar con urgencia la margarita de si acuden o no a las urnas autonómicas de forma conjunta o participan por separado. Por lo pronto, la opción Puigdemont asoma como una carta maestra que pueden jugar tanto el PDeCAT, su partido, como una ERC que tiene a su presidente, Junqueras, en prisión. Al ser cuestionado sobre si el expresident irá en las listas, su respuesta fue afirmativa. “Claro”, avanzó, si bien tampoco quiso detallar en exceso cual el sgiuiente paso a dar en el tablero de juego en el que se enfrenta al Ejecutivo de Rajoy. De hecho, no ve inconveniente en participar en campaña electoral desde Bélgica. “Vivimos en un mundo globalizado”, argumentó.
recuerdo a companys Con una Catalunya que ayer se echó nuevamente a las calles para mostrar su rechazo ante los ingresos en prisión de los exresponsables del Govern, Puigdemont incidió en que el Govern que él ha encabezado es el “legítimo”. Pero mirando más al futuro, expresó que “debe haber un Gobierno que sea legítimo y que esté fuera del riesgo de la Justicia española, que no garantiza nada”. Las movilizaciones, de hecho no cesarán y la próxima semana se vislumbrará otra vez más que los movimientos independentistas no tiran la toalla. Puigdemont invitó a la ciudadanía, en todo caso, a mantener un espíritu pacífico.
A esa actitud cívica contrapuso la actitud del Gobierno de Rajoy que usó la “violencia contra un referéndum” y que, aún así, sigue manteniendo un estado de “confrontación”. O que ha echado mano de una ley que “le permite disolver un Parlament” salido de las urnas, resumió. “No se puede hablar de democracia si se juega con las reglas del juego. Hacemos política, yo fui elegido, ¿de qué sirve la voluntad del electorado catalán si ha sido anulado de manera ilegal por el Gobierno de Mariano Rajoy?”, se cuestionó.
La comparecencia tuvo un velado recuerdo sobre algunos acontecimientos pasados entre el Estado y Catalunya. “No soy el primer presidente catalán que tiene problemas en España. Uno fue fusilado”, recordó, en clara alusión a Lluís Companys. Pero a pesar de que por momentos mostró un tono de crudeza, Puigdemont también mantuvo su mano tendida al diálogo hacia Rajoy. “Debería reconocer que hay un problema político y que para resolver el problema político hay que hacer política, no encarcelar a quienes piensan diferente”.
en la cúspide Tal y como se preveía, Lamela acusó a Puigdemont, Comin, Serret, Ponsatí y Puig de estar detrás de las movilizaciones y concentraciones “tumultuarias” en oposición a las órdenes judiciales. De hecho, hizo caso a la Fiscalía al situar al expresident en la cúspide de una maquinaria de “método intimidatorio y violento” contra la Guardia Civil y la Policía Nacional para conseguir “el fin secesionista de manera coactiva”. Tanto es así que consideró que “planificó, organizó y financió con fondos públicos” la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O. Su gasto ascendió a 6,2 millones de euros en cuyo gasto el expresidente tuvo responsabilidad directa.
Trufado de términos grandilocuentes parecidos a los expuestos para enviar a prisión en el Estado a otros ocho conselleres cesados,Lamela aseveró que alentaron un de “insurrección activa” para conseguir un único fin, que no era otro que llamar al derecho de autodeterminación. El auto afirma además que los exconsellers que se encuentran en Bélgica “promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.
La Justicia belga dirime hoy los siguientes pasos a dar. Por lo pronto, la Fiscalía federal belga ya ha recibido la euroorden, pero no será efectiva en su totalidad hasta que sea analizado por un tribunal de instrucción, que será el estamento encargado de si decidir deja libres a los ex altos cargos del Govern o dicta su ingreso en prisión provisional. Sea como fuere, el proceso puede llegar a demorarse hasta dos meses, en los que el procés catalán sumará nuevos episodios.
