BArcelona - El cálculo del Gobierno español era y sigue siendo que los ecos políticos y sobre todo mediáticos de la brutal actuación policial en Catalunya para impedir la celebración del referéndum se difuminarán en pocos días y que la semana que viene nadie, salvo los soberanistas catalanes, se acordarán de lo vivido el domingo en las calles, pueblos y ciudades de toda Catalunya. Es posible que sea así, pero de momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene que tragar los reproches de la prensa de todo el mundo y, sobre todo, las advertencias que ayer le enviaron desde dos foros nada desdeñables: el alto comisionado de las Naciones Unidos y la Unión Europea.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue sin salirse de su relato justificativo de la actuación policial como salvaguarda del Estado de derecho, ajeno a estos tirones de orejas que se suman a la llamada que el mismo domingo por la tarde hizo la presidenta alemana, Angela Merkel, pidiendo explicaciones sobre las imágenes televisivas que recorrieron medio mundo. Madrid minimizó ayer la operación policial que terminó con más de 890 heridos entre los votantes, pero también decenas de policías golpeados, y afeó la “utilización política” que los soberanistas han hecho de esta cuestión. “Nosotros creemos que no ha sido una violencia deliberada ni ha sido iniciada por ellos, más que cuando se ha impedido a la policía, que estaba actuando como policía judicial, cumplir con sus tareas. Lamentamos esa violencia. Lamentamos también el uso político que se quiere hacer de ella y desde luego vamos a seguir tratando de hacer frente a este desafío al Estado de derecho y a la convivencia entre los catalanes con todos los medios legales y políticos del orden constitucional”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
Lejos de aflojar el Gobierno español se mantiene en sus trece y ayer mismo anunció que por el momento seguirán en Catalunya los alrededor de diez mil agentes de la Guardia Civil y la Policía española desplazados desde diferentes puntos del Estado para reforzar el dispositivo policial por el referéndum. Un motivo de preocupación y crispación añadido de cara al paro general convocado para hoy por sindicatos y agentes sociales en protesta por la actuación policial contra los votantes el pasado domingo y, en general, contra el recorte de derechos fundamentales.
Los reproches al Gobierno de Rajoy por las cargas policiales contra los votantes saltaron ayer de los medios de comunicación europeos y americanos a algunos organismos internacionales. Las imágenes de las cargas policiales para reprimir el referéndum han causado una honda impresión en Bruselas, que ha dejado de ponerse de perfil ante los llamamientos lanzados desde Europa y desde Catalunya en particular para que intervenga. “La violencia nunca puede ser instrumento en política” defendió ayer Margaritis Schinas, el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Bruselas mantiene su apoyo a Rajoy en la cuestión de fondo, pero le urge a buscar una solución. “Llamamos a todos los actores relevantes” en el conflicto catalán “a pasar rápidamente de la confrontación al diálogo”, apostilló el portavoz comunitario.
Las críticas más contundentes llegaron desde la ONU y Amnistía Internacional. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein Zeid Hussein, se mostró muy “perturbado” por la violencia empleada por los cuerpos policiales el 1-O y pidió una investigación independiente e imparcial sobre “todos los actos de violencia”.
la onu también Pero no es el único organismo supranacional que mostró su preocupación por las imágenes de violencia. También se manifestaron alarmadas por estos hechos la OSCE y Amnistía Internacional, organización que también demanda una investigación “exhaustiva”. En un comunicado, el máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU dijo que las respuestas policiales deben ser “proporcionales”. Asimismo, el alto comisionado hizo un “llamamiento” al Gobierno español para que acepte las visitas de todos los expertos en derechos humanos de la ONU que así lo deseen. Por su parte, Amnistía Internacional asegura haber constatado sobre el terreno que la Policía y la Guardia Civil usaron la fuerza de forma “excesiva y desproporcionada” contra personas que se resistían “pasivamente” a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
En las calles de Catalunya no se hablaba de otra cosa. Muchos ciudadanos expresaron su indignación por la actuación policial en las concentraciones que realizaron a mediodía en buena parte de los ayuntamientos catalanes. La más masiva tuvo lugar en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona, y en la misma participó el Gobierno catalán en pleno, con su president, Carles Puigdemont, a la cabeza. Todos los miembros del Govern fueron vitoreados por la multitud entre gritos de “independencia” y tras secundar el acto durante diez minutos regresaron caminando entre la gente al Palau de la Generalitat, a escasos metros de la plaza.
Previamente Puigdemont compareció en rueda de prensa para informar de que el Govern ha tomado el compromiso de crear una comisión de investigación para valorar la “violación de derechos” que a su juicio se produjo este domingo tras la actuación de la Policía y la Guardia Civil a la hora de tratar de impedir la celebración del referéndum. Además, el jefe del Govern avanzó que se presentarán denuncias y querellas por dicha actuación y exigió la retirada de los guardias civiles y policías españoles alojados la mayoría de ellos en los ferris atracados en el puerto de Barcelona. Además, Puigdemont reclamó la mediación internacional para restablecer “la normalidad institucional”. En este sentido, defendió que “tiene que haber un compromiso de retirada de la violencia policial, no puede ser que las cuentas de la Generalitat sigan intervenidas y tiene que haber un compromiso para poner fin a esta situación y crear clima de distensión para que esta mediación leal y sincera”.
