Los intentos para salvar la vida de Migel Ángel Blanco

Salvo que se demuestre lo contrario, no queda otra que dar por buena esa versión, alimentada además por el hecho de que nada ni nadie pudo, vía negociación, cambiar el destino de Blanco y finalmente ETA asesinó al edil. Pero los intentos para salvarle durante las 48 angustiosas horas fueron incontables y de todo tipo. Al llegar al Gobierno español un año y dos meses antes del secuestro, Aznar había cortado todas las vías de contacto con ETA que hubo abierto su predecesor Felipe González. No había el más mínimo hilo de comunicación con la banda, así que se pusieron en marcha todo tipo de medios para localizar el zulo en el que los etarras mantenían oculto al concejal del PP. Mientras la Policía española, la Guardia Civil y la Er-tzaintza peinaban todos los montes de Gipuzkoa para buscar el escondite, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Martí Fluxá, contactó con una empresa de Suiza para contratar unos aviones que detectan si hay seres humanos bajo tierra en base a la densidad y al calor que irradia la tierra. El intento cayó en saco roto debido al escaso margen de tiempo que permitía el ultimátum.

En paralelo a la investigación policial por dar con el paradero de Blanco, se activaron varias vías de intermediación para tratar de llegar hasta la dirección de ETA y detener el reloj de la funesta cuenta atrás. Este diario ha podido contrastar dos de esos intentos de mediación con interlocutores directos que prefieren preservar su identidad por lo comprometido y doloroso de aquella situación.

LA VÍA POLÍTICO-HUMANITARIA Poco después de conocerse el secuestro del joven edil de Ermua, comenzaron a sonar los teléfonos fijos de Cayetano González, miembro del núcleo duro del equipo de Mayor Oreja; del obispo de Donostia, José María Setién; de la hasta un año antes número dos del Ministerio de Justicia e Interior en el gobierno de González, Margarita Robles; y del entonces coordinador general de Elkarri, Jonan Fernández. Fue una iniciativa improvisada y biliar, provocada más por el corazón que con la razón. Como señalan algunos de los participantes, no hubo reuniones presenciales entre ninguno de los cuatro y los contactos fueron exclusivamente telefónicos. Tampoco hubo un plan determinado o un trabajo coordinado, aunque el objetivo era intentar activar alguna palanca para detener el ultimátum.

Los cuatro miembros de este improvisado grupo tenían una destacada posición para intentar acercarse a la dirección de ETA o a sus terminales y persuadirla de que desistiera de su intento. Cayetano González era el director de Comunicación del Ministerio del Interior y, por tanto, representaba al Gobierno español. Este periodista y durante mucho tiempo asesor de Mayor Oreja ha dejado escrito que hubo varios ofrecimientos de intermediación, entre los que no se incluye este, que llegaron al titular de Interior para salvar la vida de Blanco. Cuenta que a todos se les dijo que hicieran lo que les pareciera oportuno, pero que no tenían autorización para hablar ni actuar en nombre del Ejecutivo español.

Margarita Robles ha vuelto a la actualidad al ser nombrada por Pedro Sánchez como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Su regreso a la primera línea política se ha producido tras varios años dedicada a la judicatura. Previamente, ocupó un puesto preminente en el último de los gobiernos presidido por Felipe González, en el que fue nombrada secretaria de Estado de Interior a las órdenes del superministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch. Fue una legislatura en la que el Gobierno español jugó a dos bandas: mano dura con ETA pero manteniendo un hilo de interlocución de cara a buscar alguna rendija que abriera la puerta a un final de la violencia.

El obispo Setién era el hombre del clero vasco con una supuesta mayor capacidad para ser tomado como interlocutor por parte de ETA en un proceso de mediación. Eran años en que la Iglesia vasca tenía un papel relevante ante posibles intermediaciones con la banda. Por su parte, Jonan Fernández lideraba Elkarri, un movimiento social a favor de una solución dialogada a la violencia, y se involucró en esta iniciativa.

Como señala uno de los participantes de este grupo, fueron más intentos desesperados de buscar una solución que un operativo interinstitucional. En paralelo a los complicadas pesquisas y rastreos policiales, buscaban una interlocución en clave humanitaria con la cúpula de KAS, el ala más dura entonces de la izquierda abertzale, liderada entonces por, entre otros, Juan Mari Olano o Rufi Etxeberria, para que intercediera ante ETA.

No fue la única iniciativa de corte política y voluntarista que trató de impedir el asesinato del concejal del PP de Ermua. También lo intentó el entonces presidente de Unicef España, Joaquín Ruiz Giménez, el primer Defensor del Pueblo en la democracia y figura reconocida por la defensa de los Derechos Humanos, aunque los detalles de la operación se los llevó a la tumba en agosto de 2009, fecha en la que falleció a los 96 años. Durante su etapa como Defensor del Pueblo, promovió con el Gobierno Vasco diversas medidas de reinserción social de los miembros de ETA que hubieran abandonado la actividad armada.

Desde la política y las instituciones, así como desde los servicios de inteligencia policial, se exploraron diversas y variadas vías para tratar de llegar hasta la dirección de ETA y lograr detener la perversa cuenta atrás en la que se encontraba la vida de Blanco, o al menos tratar de ganar tiempo. Una de ellas llegó hasta la celda de José Luis Álvarez Santa Cristina, Txelis, en la prisión parisina de La Santé, centro penitenciario en el que también purgaban otra media docena de presos de la organización. Para esas fechas, el exjefe político de ETA ya había rechazado la actividad armada y reconocido el daño causado injustamente, por lo que fue expulsado por la banda.

la vía ‘txelis’ El 11 de julio de 1997, un día antes de que venciera el ultimátum, la puerta de la celda de Álvarez Santa Cristina se abrió inesperadamente. Eran las seis y media de la tarde, los presos ya habían cenado. Era una hora inusual y no reglada para recibir visitas, ni siquiera la de su abogada. Una visita a esa hora tenía que ser necesariamente de mucha gravedad. Y lo era. María José Gurruchaga era la letrada encargada de su defensa, pero esa tarde no acudió en calidad de tal a la estancia de su defendido. Lo hizo en representación del Gobierno español, en concreto del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aunque su director de comunicación, Cayetano González, ha negado posteriormente que ninguno de los intentos de mediación tuvieran el beneplácito del Gobierno español.

El mensaje de la abogada no podía ser otro que persuadir a Txelis para que mediara ante el colectivo oficial de presos (EPPK) para, a través de esta vía, llegar hasta la cúpula dirigente de ETA. Fue un intento desesperado, ya que Álvarez Santa Cristina ya había roto amarras con la organización que le consideraba poco menos que un traidor por su desmarque.

El preso y su abogada mantuvieron una conversación. No fue una entrevista larga, entre otras cosas porque las posibilidades de éxito de aquella vía eran prácticamente nulas. No obstante, sí se planteó la posibilidad de ganar tiempo y retrasar el plazo del ultimátum mediante un acercamiento de un pequeño número de presos a cárceles vascas, lo que hubiera podido poner más presión sobre ETA y dificultar así que consumara su barbarie. El intento no pasó de eso. Gurruchaga abandonó la prisión de vuelta a España. De inmediato el resto de presos de ETA en La Santé supieron el motivo de tan extraña visita. Y poco después también la dirección del colectivo de presos, de modo que también la cúpula de ETA conoció este episodio. Pero, ni por esas detuvo su noria asesina.