barcelona - Los parlamentarios soberanistas desvelaron ayer la ley más esperada del procés. Representantes de Junts pel Sí y la CUP desgranaron la Ley del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, con la que esperan dar cobertura al plebiscito independentista del 1 de octubre aunque no cuente con la autorización del Estado español. La presentación se produjo en un momento complicado por el cese del conseller Baiget, que unas horas antes había puesto en duda que el referéndum vaya a celebrarse en sus actuales términos y apuntó a una fórmula descafeinada. Los parlamentarios se conjuraron ayer para hacer ver que el proceso va en serio y no hay marcha atrás. De hecho, según se desprende de la ley que será aprobada en la segunda quincena de agosto, la ruptura con España será más rápida de lo esperado si triunfa el sí a la independencia. Si gana esa opción en el referéndum, el Parlament se reunirá en un plazo máximo de dos días para proclamar con carácter inmediato la independencia unilateral de Catalunya y dar comienzo al proceso constituyente. Si gana el no, se convocarán elecciones autonómicas.

La ley deja algunas dudas en el aire, sobre todo en lo referido a los umbrales mínimos de participación que serían necesarios para considerar que la votación ha sido válida y puede aplicarse su resultado. No se fija ningún porcentaje. El artículo 4 únicamente menciona que, si los votos afirmativos superan a los negativos, ese resultado implicará la independencia de Catalunya. El president Puigdemont siempre ha reconocido que, al tratarse de un referéndum no pactado con el Estado ni con las instancias europeas, la legitimidad para declarar la independencia vendría dada por una participación “sustantiva” en la votación. Nadie ha llegado a concretarlo aunque, oficiosamente, algunas voces del Govern hablan de cuatro millones de catalanes, frente a los 2,3 millones que participaron en la consulta no vinculante de 2014. Para acercarse a esa cifra sería indispensable contar con la movilización de los comunes de Ada Colau y de Podemos.

El Govern quiere que la votación sea un éxito y evitar a toda costa que solo acudan los independentistas convencidos. Sin embargo, todo apunta a que no fijará un umbral mínimo por ley. La jurisprudencia internacional no lo exige, y la Comisión de Venecia ha alertado de que fijar ese mínimo en los plebiscitos puede ser utilizado por los contrarios a la votación para llamar al boicot y restarle legitimidad.

La ley no se ha tramitado y podría haber nuevas concreciones, puesto que el Govern regulará en un decreto otros datos del referéndum, que preguntará a los catalanes si quieren un Estado independiente en forma de república. La presentación en el auditorio del Parlament corrió a cargo de cuatro representantes de Junts pel Sí y cuatro de la CUP, pero los constitucionalistas y los comunes se desmarcaron. Sí acudieron el líder de Podem, Albano Dante Fachin, y el de EUiA, Joan Josep Nuet.

La ley se presentó como una norma suprema que va a prevalecer sobre el resto del ordenamiento jurídico, incluido el español. Es una forma de hacer oficial su apuesta por la desobediencia y la vía unilateral. De entrada, en el artículo 2 se menciona que Catalunya es un sujeto político soberano y, como tal, ejece su derecho a decidir libre y democráticamente. Su principal asidero es la legislación internacional, en vista de la cerrazón del Estado y su Constitución. La ley se ampara en los tratados de la ONU y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de La Haya sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. Argumentan que el Estado ha ratificado esos tratados y que, por tanto, le vinculan. La ley es todavía un borrador, pero ayer comenzó a circular por las redacciones de los medios de comunicación y provocó las primeras advertencias de Madrid. El Gobierno de Rajoy siguió mostrando ayer su faceta más inflexible y dejó caer una alusión al Ejército como garante de la soberanía española.

nueva junta electoral La otra pieza clave es la creación de una Sindicatura Electoral Nacional. La compondrán cinco juristas y expertos que velarán por la imparcialidad del proceso y la validez de las papeletas, el voto electrónico, el escrutinio final o el censo, que será elaborado por el Govern. También darán su visto bueno a los observadores internacionales. Esta sindicatura será nombrada por mayoría absoluta en el Parlament, un dato que ha levantado suspicacias porque Junts pel Sí y la CUP se bastan para alcanzar esa cifra. Todas las autoridades públicas tendrán la “obligación” de colaborar con ella, incluidos los ayuntamientos. El Govern tiene un plan alternativo por si se negaran a abrir los colegios y contempla habilitar locales de su titularidad.

Para las mesas electorales, los ciudadanos serán elegidos por sorteo y están obligados a acudir, como en cualquier otro proceso electoral. Ahí vuelve a surgir el choque entre la legalidad catalana y la española, porque algunos ciudadanos podrían declinar acogiéndose al marco estatal. El censo lo formarán los residentes en Catalunya mayores de edad que tengan derecho a votar. No tendrán que dar autorización. Los residentes en el exterior deben cumplir unos requisitos.

Artículo 2. La ley declara que el pueblo de Catalunya es un sujeto político soberano con derecho a decidir.

Artículo 4. Si el recuento de votos da como resultado más afirmativos que negativos, implicará la independencia de Catalunya. El Parlament se reunirá dentro de los dos días siguientes a la votación para realizar una declaración de independencia e iniciar el proceso constituyente. La independencia podría demorarse unos diez días si alguien impugnase el recuento. Si ganara el no, habría elecciones autonómicas.

Sindicatura Electoral. Cinco expertos nombrados por el Parlament velarán por la imparcialidad del proceso. Habrá también observadores internacionales.