GASTEIZ. Este informe fue elaborado en el marco del decreto sobre víctimas policiales de dicho período que aprobó el Gobierno vasco del socialista Patxi López en 2012 y una Comisión de Valoración se encargó de evaluar las solicitudes que hubo y determinó el reconocimiento como víctimas a 187 personas.

Entre estas víctimas figuran las que murieron por disparos de armas de fuego por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado y las que resultaron heridas por este mismo motivo, sobre todo en manifestaciones, controles de carretera y otros altercados.

Además, otras de las personas reconocidas en el decreto sufrieron malos tratos y torturas durante su detención en comisarías y el resto resultaron heridas por los artefactos utilizados para disolver manifestaciones como pelotas de goma y botes de humo.

La publicación presentada hoy, titulada "Saliendo del olvido", completa los datos estadísticos y recoge los testimonios de las víctimas, profundiza en el análisis de los casos, en las secuelas de las víctimas y en el contexto histórico.

El informe ha sido presentado hoy por los representantes de la Comisión de Valoración al lehendakari, Iñigo Urkullu, a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Vitoria.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el lehendakari y el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, el coordinador de la Comisión de Valoración, Carlos Martín Beristain, ha destacado que con esta publicación se culmina el proceso para que el sufrimiento "pueda ser escuchado y reconocido".

Ha recordado que estas víctimas de la dictadura nunca tuvieron un reconocimiento ni un espacio de acogida y por fin, tras años de olvido, éstas querían que se recogieran sus testimonios.

Martín Beristain ha señalado que prácticamente el 75 por ciento de las víctimas reconocidas han recibido las indemnizaciones contempladas en el decreto, aunque el resto está pendiente de ello debido al recurso del Estado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) admitió a trámite contra algunos artículos de esta normativa.

Además, la Comisión de Valoración denegó 52 de las solicitudes presentadas, la mayoría por haberse registrado fuera de plazo, y Martín Beristain ha confiado en que en un futuro puedan tener cabida.

El problema es que además de ese recurso ante el TSJPV varios artículos de "Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999", que daba continuidad al decreto y que hubiera permitido revisar esos casos que se presentaron fuera de plazo, están suspendidos provisionalmente por el Tribunal Constitucional tras admitir un recurso del Gobierno.

Martín Beristain ha confiado en que estas cuestiones se resuelvan finalmente, pero ha reiterado que son asuntos que corresponden a otros ámbitos y no a la Comisión de Valoración que él representa.

Ha defendido en este sentido la necesidad de que se desarrollen políticas para ayudar a sanar las heridas y ha puesto como ejemplo el consenso alcanzado en la Comisión de Valoración para construir una memoria entre personas con sensibilidades muy distintas.