Bilbao - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sacado los colores a la justicia española con su sentencia sobre el denominado caso Atutxa en el que fueron juzgados el expresidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa y los miembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por un delito de desobediencia, al no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA). Entiende la Corte europea con sede en Estrasburgo que el Tribunal Supremo español no fue justo con los tres acusados en este juicio al no darles la oportunidad de defenderse y no permitirles que fueran escuchados por los magistrados.

La sentencia hecha pública ayer dictamina que la justicia española vulneró el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos porque los exparlamentarios vascos no fueron escuchados de nuevo antes de ver cambiada su absolución inicial por los tribunales vasco por la condena del Supremo. Cada uno de ellos deben ser indemnizados con un euro por daño moral -se trata de la cantidad que reclamaron en su demanda- a los que se deben sumar 600 euros destinados al pago de las costas del proceso.

Considera el tribunal de Estrasburgo que los tres encausados vieron vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en abril de 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale tras la ilegalización de Batasuna, liderado entonces por Arnaldo Otegi, antes de su ingreso en prisión por el caso Bateragune. La Corte europea condenó a los tres encausados a instancias de Manos Limpias pese a haber sido absueltos previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Los 8 jueces europeos que han juzgado la causa -entre ellos el magistrado español Luis López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español- consideran que se ha vulnerado el derecho a un juicio a justo ya que los demandantes “fueron privados de su derecho a defenderse a sí mismos en el contexto de un debate” puesto que, para condenarles por desobediencia, el Supremo se basó en una nueva valoración de los distintos elementos de prueba sin haberles escuchado previamente, vulnerando los principios de inmediación, publicidad y contradicción. Así, concluyen que el alto tribunal llegó “por deducción” a la conclusión de que Atutxa y sus dos compañeros de Mesa habían desobedecido “sin haber oído a las partes interesadas, que por lo tanto no han tenido la oportunidad de explicarse”.

“El Tribunal Supremo hizo esta nueva apreciación sin haber tenido contacto directo con las partes y sin permitir que estos pudieran presentar sus argumentos en respuesta a las conclusiones”, afirma el tribunal europeo. El alto tribunal español les condenó en 2008 a 18 meses de inhabilitación y 18.000 euros de multa por un delito de desobediencia al propio Supremo, a causa de su negativa abierta y directa a obedecer decisiones judiciales y disolver al citado grupo parlamentario.

En su día, el Tribunal Constitucional avaló la sentencia condenatoria del Supremo con una sentencia que contó con el voto particular de los magistrados progresistas Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, que ya establecieron las líneas argumentales sobre las que se sostiene la sentencia del tribunal de Estrasburgo. Los tres jueces del Constitucional consideraron entonces que se vulneró el derecho de los condenados a un proceso con todas las garantías porque los parlamentarios fueron condenados en segunda instancia sin que se les diera la “posibilidad efectiva” de dirigirse personalmente ante el alto tribunal para exponer “la versión personal sobre su participación en los hechos que se les imputaban”.

La sentencia no entra en el fondo de la condena de inhabilitación y, por tanto, no entra a valorar si los tres exparlamentarios cometieron un delito de desobediencia.

Tras conocer la sentencia, Atutxa calificó de “regalo” la resolución del Tribunal de Estrasburgo, y aseguró que “no hemos sido desobedientes, hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal”. En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Sabin Etxea, señaló que los tres procesados han sido objeto de “una larga injusticia”. Volvió a defender la soberanía del Parlamento Vasco y aseguró que se pretendió “hacer arrodillarse a una institución, el Parlamento Vasco, nacida de la voluntad de un pueblo”. “Si hoy fuese 2003, el que les habla haría lo mismo”, aseveró emocionado.

Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, Gorka Knörr manifestó su satisfacción por la sentencia. “Hemos ganado en Estrasburgo. Mi gratitud a los que han estado con nosotros estos años”, apuntó.

El Gobierno español tiene ahora tres meses de plazo para solicitar que la Gran Sala de 17 jueces de la Corte europea reexamine el caso. Si no lo hiciera, el contencioso abierto hace catorce años terminaría aquí su recorrido judicial.