madrid - Los escándalos de corrupción se suceden en los últimos días en el seno del PP. Ya no se circunscriben a Madrid, como en su momento ocurrió con Valencia, Baleares o la misma capital española con la Gürtel o la Púnica, sino que se expanden hacía la cúspide del partido a nivel estatal y salpica de alguna manera a los altos cargos o ministros, como en su día ocurrió con el titular de Energía José Manuel Soria. La traca de la corrupción de estos últimos días estrecha el cerco sobre el partido de Génova y especialmente sobre su líder Mariano Rajoy, al que la escandalera ha pillado de viaje oficial en Brasil, lo que le salva de una exposición mediática y política, que el resto de los partidos demandan encarecidamente.
Con Rajoy exiliado temporalmente, sus lugartenientes se están viendo obligados a dar las explicaciones que su jefe elude. El argumentario trazado por Génova para los portavoces populares pasa por circunscribir los casos de corrupción a los incontrolables “comportamientos individuales” de quien los comete -sea persona física, jurídica u organización política o institucional- y por “blindar” al presidente del partido y del Gobierno español, al que no se le vincula directamente con ninguno de los casos pero sobre el que cada día se estrecha más el cerco por su responsabilidad en la sucesión de casos de corrupción de su partido.
Por si no tenía pocos frentes, ayer le surgieron dos más, o incluso tres si se contabiliza el sms enviado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al ahora detenido por la operación Lezo Ignacio González, en el que el ministro devolvió la felicitación del expresidente madrileño tras repetir en el cargo con un revelador “Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos”. Un remedo del “Luis, sé fuerte” de Mariano Rajoy a (Luis) Bárcenas, metido de lleno en los pleitos de la Gürtel y la supuesta caja B del Partido Popular.
La sombra de la corrupción se extendió ayer sobre otro de sus ministros y hombres fuertes de su gabinete al conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes de Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006 -y del que se desvinculó dos años más tarde- por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 (con Montoro en el Ministerio) de un contrato con las cámaras de comercio. Entre los querellados estaría un hermano del ministro, Ricardo.
Anteriormente, saltaba la noticia que ponía en la picota a la delegada del Gobierno español en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra ella y otras 15 personas, entre las que figura el hermano del expresidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad, Enrique Núñez. A todos ellos les imputa un delito societario en una operación de Mercamadrid en 2013.
Todo esto además de la detención y el encarcelamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el presunto saqueo del Canal de Isabel II de varios millones de euros de dinero público, así como la dimisión por todo lo anterior de Esperanza Aguirre, que el lunes renunció a seguir como concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital española. Era el tercer bote de una dimisión que arrancó en 2012 con la renuncia a liderar la Comunidad madrileña, continuó el año pasado con su desestimiento como presidenta del PP de Madrid, y se completa ahora con su marcha definitiva de la primera línea política.
Con este panorama no es de extrañar que el ambiente en las filas del PP esté de capa caída y que los ánimos estén por los suelos. Las comparecencias en público de sus otras veces procaces portavoces se han reducido a la mínima expresión a la espera de que amaine el temporal, mientras Rajoy resiste sin hacer mención a los casos de corrupción.
Para esa faena ya están el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ayer aseguró que los últimos casos en los que su partido se ve implicado son en realidad fruto de “comportamientos individuales” en su partido en Madrid y reconoció que la decisión de Esperanza Aguirre de dimitir era la que “tenía que tomar”.
En una entrevista televisiva, Martínez-Maillo, responsable de Organización del PP, afirmó que su partido “está dando la cara porque no tiene nada que ocultar”. Y añadió que “los que tienen que ocultar son los que están en la cárcel, pero son personas a título individual, que nos han hecho mucho daño a nosotros y al propio sistema”. A su juicio, toda esta traca de casos de corrupción “le puede pasar a cualquiera” y a renglón seguido aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy “está legitimado para seguir adelante y seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos”.
En una línea parecida, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, afirmó que no cree que Rajoy deba dimitir por no vigilar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, como hizo Esperanza Aguirre por el caso del que fuera su número dos en la Comunidad, Ignacio González. “Haciendo la analogía podríamos decir que si algún ministro del Gobierno de España o algún vicepresidente tuviera un caso de corrupción, eso sería comparable a lo que ahora está haciendo Aguirre. En el caso del tesorero, es una persona relevante en la organización, pero no trabaja día a día con el presidente”, aseguró tras ser preguntado si Rajoy debería asumir algún tipo de responsabilidad por negligencia a la hora de vigilar a Bárcenas, igual que hizo Aguirre tras la implicación de González en la operación Lezo.