MADRID. Así se incluye en el balance anual de esta institución, en el que se refleja que las quejas remitidas bajaron un 7,5 % en 2016 hasta las 16.485, mientras que aumentaron un 17,8 % las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las administraciones, que sumaron 1.771.

Entre los asuntos que han despertado más inquietud en la ciudadanía, Becerril ha destacado la lentitud de la administración de justicia, los problemas fiscales, los cortes de suministro eléctrico, los tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, el voto de las personas con discapacidad, los ruidos en las grandes capitales, la contaminación atmosférica y los problemas de vivienda.

La defensora ha llevado su documento a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, y ha recordado que la institución tarda una media de 28 días en responder a los ciudadanos y 48 en emitir una resolución tras recibir respuesta administrativa.

El Defensor del Pueblo incrementó en un 67 % sus actuaciones de oficio hasta alcanzar los 872 expedientes y tramitó 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, un 20,4 % menos que en 2015.

Atendió a 554.788 personas a través de sus diferentes canales de atención al ciudadano y, por primera vez, realizó encuestas y consultas sobre temas de interés en los que han participado 23.000 personas.

Las autonomías que presentaron un mayor número de quejas fueron Madrid (5.216), Andalucía (2.165), Cataluña (1.425) y la Comunidad Valenciana (1.375).

En el extremo opuesto, con un menor número de quejas, se situaron La Rioja (100), Navarra (156), Cantabria (196) y Baleares (282), además de las ciudades autónomas de Ceuta (43) y Melilla (83).

Por otro lado, el informe indica que las administraciones que entorpecieron el año pasado su labor son: la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, las comunidades de Madrid y Canarias y una treintena de ayuntamientos.

A continuación se resumen algunos de los principales temas tratados por el Defensor del Pueblo en su Informe Anual 2016:

VIOLENCIA MACHISTA

Ha alertado de que las llamadas efectuadas al 016 no quedan reflejadas en la factura telefónica, pero sí quedan grabadas en los registros de los terminales fijos o móviles desde los que se establece la comunicación. Aunque el protocolo del 016 avisa a las usuarias antes de colgar de que deben borrar el citado registro, esta situación puede suponer un riesgo para la persona que requiere ayuda.

ECONOMÍA

Ha considerado que "pocas" cláusulas suelo cumplen con los niveles de transparencia para no ser declaradas abusivas. Además, muchas entidades no informan de los cambios en las condiciones de los contratos de las tarjetas de crédito, como las comisiones por la retirada de efectivo en cajeros. El Defensor ha alertado sobre los prestamistas y los créditos rápidos y exige soluciones para los afectados por promociones de viviendas no construidas.

MIGRACIONES

Realiza 26 recomendaciones para mejorar el sistema de acogida e integración de los refugiados en España, entre ellas, la de que se conceda a los menores la misma protección internacional que al padre que les acompaña, al detectar casos en los que se ha denegado a los niños el asilo con el argumento de que necesitaban la autorización del progenitor ausente.

ELECCIONES

El voto por correo, y especialmente desde el extranjero, y la participación en las elecciones de las personas con discapacidad ha agrupado la mayor parte de las recomendaciones realizadas el pasado año en materia de régimen electoral.

POLÍTICA SOCIAL

Las situaciones de necesidad y exclusión social siguen siendo los motivos de queja más numerosos, con un 29,71 %, aunque descienden esas denuncias respecto a las presentadas en 2015. También han bajado las referidas a menores y familia, especialmente las de familias numerosas, aunque se mantienen las reclamaciones por retrasos en la dependencia.

SANIDAD

Ve necesario mejorar la progresividad del modelo de copago farmacéutico con la aprobación de nuevos tramos de renta y una mayor protección a los más vulnerables, como personas con discapacidad, pocos recursos o enfermos crónicos o muy graves.

JUSTICIA E INTERIOR

Alerta del colapso en la jurisdicción de familia, sobre todo en los equipos psicosociales, como uno de Madrid en el que se detectó un retraso de 19 meses para hacer un informe. También advierte del negocio para las mafias o bandas organizadas de la "okupación" de viviendas y lamenta el largo procedimiento judicial que sufren sus legítimos propietarios.

EDUCACIÓN

Se actuó de oficio el pasado año ante 47 universidades públicas y ante Educación al comprobar que solo seis centros reservaban el porcentaje exigido para el acceso de estudiantes afectados de discapacidad a todos los niveles, a grados, máster y doctorados. Ha recomendado a 62 ayuntamientos de más de 100.000 habitantes que refuercen los comedores escolares en verano para las familias con menores en situación de vulnerabilidad.

MEDIO AMBIENTE

Considera que la documentación que se ha remitido sobre los proyectos de gas frente a las costas de Doñana es "insuficiente" para acreditar que se ha realizado una correcta evaluación ambiental.