barcelona - La Generalitat de Catalunya no frenará sus planes para la convocatoria de un referéndum independentista este año a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) hecha pública ayer en la que anula los primeros pasos para la celebración de la votación aprobados por el Parlament catalán. El tribunal de garantías ha decidido por unanimidad anular, por inconstitucionales, las resoluciones aprobadas en el legislativo el pasado 6 de octubre por el que iniciaban la cuenta atrás para colocar las urnas antes de que termine septiembre. No quedan ahí los recados del Constitucional al gobierno presidido por Carles Puigdemont, ya que además anima a la fiscalía a actuar contra la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, y cuatro de los seis miembros de la Mesa: Luis María Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó -los tres de Junts pel Sí- y Joan Jospe Nuet -Catalunya Sí que es Pot, la marca de Podemos-. La resolución excluye al representante del PSC y el de Ciudadanos en la Mesa. Con toda probabilidad, en los próximos días, el fiscal les deducirá testimonio por si comitieron un delito de desobediencia al permitir la votación en la Cámara sobre la hoja de ruta del referéndum catalán.

Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta independentista.

Con esta decisión, el Constitucional no ha hecho más que aceptar el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno español contra la resolución del Parlament que preveía la futura convocatoria de una consulta independentista, resolución que ya había suspendido cautelarmente y que ahora anula de manera definitiva. En el planteamiento del incidente, el Gobierno ya pedía que se denunciara a los responsables de la resolución, petición que también hizo el fiscal y que ha adoptado el TC.

El alto tribunal apercibe también al president Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales. Literalmente, el pleno acordó ayer “deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a los miembros de la Generalitat.

Les advierte de “abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento” a la resolución aprobada el pasado mes de octubre en lo que se refiere a los apartados anulados y de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento”.

Tanto el Govern como los partidos que lo sostienen (JxSí y la CUP), así como Catalunya Sí que es Pot, replicaron de inmediato a la resolución del alto tribunal, censurándola y advirtiendo de que no les hará desistir en sus intenciones. La portavoz del Govern, Neus Munté, avisó al Constitucional de que no habrá sentencia ni resolución que frene el despliegue de la hoja de ruta independentista: “Nada parará nuestra voluntad inequívoca de celebrar un referéndum en Catalunya este año”.

El Govern defiende que la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya es una iniciativa que se aprobó por amplia mayoría en el Parlament y que, por lo tanto, tiene legitimidad democrática y se basa en un “mandato sólido”. Aun así, al Ejecutivo catalán no le sorprende la decisión del TC porque, según Munté, está acostumbrado a que el tribunal “actúe con extraordinaria celeridad” contra el soberanismo catalán, como demuestra el juicio de la semana pasada por la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Como muestra de que no están por la labor de desistir en su empeño de realizar la consulta, Munté defendió que en el Parlament “se trabaje y se lleven a cabo diferentes acciones” para materializar el referéndum en los próximos meses. También recriminó a Rajoy que siempre que habla de dialogar con las instituciones catalanas excluya el referéndum de una eventual negociación: “Han pasado de proclamar el diálogo a limitarlo como si el diálogo se pudiera limitar.

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha lanzado este martes un mensaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: “Saque ya sus manos corruptas de los Països Catalans y saque sus tribunales políticos de nuestro país y déjenos vivir en paz de una vez”.