bilbao - Los Gobiernos vasco y español pasarán el próximo martes el primer examen en el supuesto deshielo de sus relaciones tras el viraje en la actitud del Ejecutivo de Rajoy en la recién iniciada legislatura. La materia a explorar serán los recursos judiciales interpuestos por el Gobierno Rajoy en los últimos años contra leyes aprobadas por el Parlamento Vasco.
El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, adelantó ayer que su equipo jurídico y el del Ejecutivo de Rajoy se reunirán el día 20 de este mes para tratar de acercar posturas y hacer posible la retirada de cuatro recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas leyes vascas. En concreto, son la Ley Municipal -una de las leyes estrella de la legislatura pasada que permitió a la CAV tener por primera vez una norma para regular la financiación y las competencias de los municipios vascos-, la de Adicciones, la Ley de Víctimas Policiales y la de Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
El encuentro entre el equipo dirigido por el viceconsejero de Régimen Jurídico, Gobernanza Pública y Autogobierno, Sabino Torre, y el de los servicios jurídicos del Estado tendrá lugar en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, en la que se dirimen los conflictos competenciales entre las dos instituciones. En los últimos tiempos, este organismo ha estado fuera de juego por la incomunicación entre los dos gobiernos pese a los llamamientos continuos del Gobierno Vasco para su convocatoria ante el aumento de litigiosidad entre los gobiernos.
Como subrayó Erkoreka, el encuentro será “eminentemente técnico” y se ceñirá a aspectos jurídicos y competenciales pero el Gobierno Vasco es consciente de que las sensaciones que se desprendan durante la cita permitirán sacar conclusiones sobre la voluntad política del Ejecutivo de Rajoy de cara a dar marcha atrás a los recursos contra las leyes vascas.
Las dos instituciones mantienen conflictos competenciales en una treintena de normas, entre los que destacan las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza, el horario laboral de los empleados públicos, la tarjeta de Osakidetza y el horario de apertura de los comercios. Los recursos contra las OPE de la Policía Vasca no se encuentran en la agenda de la reunión del próximo martes pese a ser uno de los más urgentes y sobre los que con mayor ímpetu ha actuado el Ejecutivo de Rajoy durante la pasada legislatura. A este respecto, el consejero de Autogobierno precisó que estos recursos no han sido objeto de “contactos políticos hasta la fecha” y añadió que no forman parte de los asuntos a tratar en la Comisión Bilateral, porque no han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, sino ante otras instancias judiciales. En este caso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La reunión se producirá dentro del periodo de seis meses de negociación que prevé la legislación para que ambos gobiernos intenten aunar posturas de cara a la retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional en caso de discrepancias competenciales. Ese plazo expira dentro de unos pocos días.
Dialogo frente a judicialización El portavoz del Gobierno Vasco insistió en que los dos ejecutivos han mostrado “voluntad de acuerdo” para que los recursos no sigan adelante en los tribunales. Asimismo, precisó que se trata de una reunión ordinaria y no especial, pero reconoció que la afronta con “expectativas más optimistas” que en otras ocasiones porque constata “una actitud más sensible a la reivindicación del autogobierno que en la pasada legislatura”, por parte del Ejecutivo español.
No obstante, dejó claro que los resultados del encuentro “están por ver” y agregó que el Ejecutivo vasco asistirá con “plena voluntad de acuerdo y entendimiento y con una clara actitud de defensa firme de las competencias” recogidas en el Estatuto de Gernika. En ese sentido, advirtió a Rajoy de que los problemas políticos se resuelven con diálogo y negociación y no por la vía de los tribunales “porque la judicialización de la política solo acrecienta el enfrentamiento”. En todo caso, Erkoreka valoró la actitud del Gobierno español de “prestarse a negociar estos cuatro conflictos”.
El encuentro del martes fue fijado por ambas partes en una conversación telefónica mantenida el pasado viernes entre Erkoreka y la vicepresidenta y ministra de Administración Territorial del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, según reveló el portavoz del Ejecutivo autonómico. Rajoy ha encomendado a su número dos que abra una nueva fase en las relaciones con Catalunya y Euskadi tras una legislatura marcada por el rodillo parlamentario, la incomunicación y el rechazo a las llamadas al diálogo desde ambas autonomías.
La vicepresidenta española ha cambiado el paso del anterior ejecutivo en materia territorial, aunque hasta el momento no ha pasado de los gestos y las declaraciones de buenas intenciones. En las últimas semanas ha lanzado una ofensiva política para abordar la cuestión catalana reuniéndose con diversos agentes políticos y sociales y tratando de enfriar el debate para descolocar las llamadas a calentar la discusión pública desde el independentismo catalán.
En Euskadi, el PNV y el Gobierno Vasco le reclaman una distensión en los diversos frentes que conforman la llamada agenda vasca, esto es, retirada de los recursos judiciales, impulso al proyecto del tren de alta velocidad, más inversiones, desbloqueo del Cupo y traspaso de las competencias pendientes y desarrollo pleno del autogobierno.
Abusos policiales. La Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por represión ilícita entre 1978 y 1999, conocida como ley de víctimas de abusos policiales, contempla la creación de una Comisión de Valoración para analizar las solicitudes que presenten las víctimas para acogerse a las ayudas de reparación.
Ley Municipal. Tras décadas sin poder aprobar esta ley, el Gobierno de Urkullu logró sacarla adelante con el apoyo de Bildu, por lo que cuenta con una norma que regula la financiación y las competencias de los ayuntamientos.
Adicciones. Esta ley restringe el consumo de alcohol y tabaco, equipara el cigarrillo electrónico a fumar y abre la puerta al consumo legal de marihuana en clubes específicos,
Iniciativa Legislativa Popular. Con esta ley los ciudadanos que quieran impulsar en el Parlamento la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) podrán hacerlo recabando al menos 10.000 firmas en vez de las 30.000 que se pedían hasta ahora.
