bilbao - PNV y PSE se adentran en una etapa de colaboración e intimidad sin precedentes desde que Nicolás Redondo Terreros retirara a los consejeros socialistas del último gobierno del lehendakari Ardanza en junio de 1998. El fin de semana anunciaron que gobernarán en coalición en la comunidad autónoma, lo que se suma a los ejecutivos compartidos en las tres diputaciones y varios ayuntamientos. Tras la mejoría de la situación económica, el lehendakari Urkullu hará hueco a los socialistas ensanchando el número de consejerías para pasar de las ocho de la pasada legislatura a once, tres de las cuales quedarán en manos del partido de Idoia Mendia. Su acción de gobierno la marcarán los contenidos del pacto, 70 páginas donde las discrepancias en materia de paz se han resuelto y han dado paso a una hoja de ruta para reactivar la ponencia parlamentaria e impulsar proposiciones no de ley, aquí y en Madrid, a favor de un cambio en la política penitenciaria. El apartado del autogobierno, el más problemático, ha quedado abierto, como una discrepancia pactada. Cada uno defenderá con libertad sus postulados en el debate del nuevo estatus, aunque su coalición los aboca a resolver en el futuro ese desencuentro o, al menos, a no chocar con las vías legales que defiende el pacto. Se fija el plazo de ocho meses para que la ponencia parlamentaria alumbre un borrador.
El acuerdo se va a traducir en la entrada de tres socialistas en el gobierno. Lo que no se va a hacer es nombrar a un vicelehendakari socialista ni recuperar esa figura institucional y, según ha podido saber DNA, se van a mantener los pesos pesados del anterior mandato de Urkullu, como Josu Erkoreka, quien seguirá como portavoz, y Arantxa Tapia, la responsable de Desarrollo Económico y Competitividad. También es indiscutible la continuidad de Jon Darpón (Salud) y Estefanía Beltrán de Heredia (Seguridad), aunque aún queda por perfilar qué funciones concretas asumirán todos los consejeros y el nombre definitivo de sus departamentos. El PSE gestionará Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda; Trabajo y Justicia; y Turismo, Comercio y Consumo. No ocuparán ninguna consejería Idoia Mendia ni José Antonio Pastor, que se centrarán en la secretaría general y la portavocía parlamentaria, respectivamente.
Las finanzas, la elaboración de los Presupuestos, las políticas de empleo y el grueso de las medidas sociales seguirán en manos de consejeros jeltzales. El socialismo se encargará de la cartera de Trabajo, pero su tarea se centrará en las relaciones laborales y el diálogo social con los sindicatos y la patronal, una labor que hasta ahora realizaba Ángel Toña. El consejero aparece en algunas quinielas para dejar el equipo de Urkullu, algo que hará con toda seguridad el responsable de Hacienda, Ricardo Ga-tzagaetxebarria, por motivos personales. Los socialistas asumen también las gestiones sobre justicia, tarea desempeñada en la pasada legislatura por Josu Erkoreka que, no obstante, seguirá como portavoz y es probable que retenga sus atribuciones al frente de Administración Pública, un departamento que conoce al dedillo.
sin el tav Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se desgajan de la consejería de infraestructuras que ha liderado hasta ahora Ana Oregi. Las funciones las asumirá el socialismo, pero no se quedará con la gestión de infraestructuras como el tren de alta velocidad. Sí llevará las riendas del departamento de vivienda, un área que puede ser motivo de satisfacción para el socialismo porque suyo fue el impulso para aprobar la Ley de Vivienda durante la pasada legislatura contra el criterio del PNV. Esa ley establece el derecho subjetivo a tener un hogar, lo que se traduce en que la administración está obligada a facilitar al ciudadano una vivienda con un alquiler social, o a brindarle una prestación económica para que acuda con ella al mercado libre. Otra cuestión será que este desempeño se entrecruce con la consejería que lleve los asuntos sociales y que quedará en manos del PNV. Turismo y Comercio tendrán ahora entidad propia tras haber permanecido sumidas en la macroconsejería de Arantxa Tapia.
Por otro lado, todo apunta a la continuidad de Jonan Fernández al frente de la Secretaría de Paz y Convivencia. Fuentes socialistas confirmaron a este periódico que no han pedido que sea sustituido a pesar de los recelos que les ha provocado su figura en el pasado. Además, el lenguaje y las medidas que recoge el pacto no suponen una ruptura con lo defendido hasta la fecha por Fernández. Al contrario, se aprecia un esfuerzo del socialismo por encontrarse con los jeltzales en las propuestas para propiciar un final ordenado de la violencia, aunque dejando claro el rechazo a la teoría del conflicto y los bandos enfrentados. Los socialistas, por ejemplo, se prestarán a reactivar la Ponencia de Paz, un dato clave teniendo en cuenta que fue su desbandada la que provocó la suspensión del foro parlamentario en 2013 por sus discrepancias con la izquierda abertzale. Han acordado con el PNV impulsar una propuesta de desarme y disolución de ETA, y llevar proposiciones no de ley al Congreso de los Diputados y al Parlamento Vasco para flexibilizar la política penitenciaria.
El pacto garantiza la armonía entre los dos socios, con el único lunar del autogobierno. Las conversaciones han avanzado con velocidad y relativa facilidad en el apartado económico, donde ya se conocen por sus gobiernos de coalición a nivel foral y local, y los acuerdos presupuestarios durante el anterior mandato de Urkullu. Era la prioridad para los dos partidos. Se comprometen a activar un Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica en el primer semestre de 2017 con el objetivo de reducir el paro por debajo del 10% al final de la legislatura, reformarán Lanbide para que tenga mayor acierto en la inserción laboral, y revisarán la política fiscal, en lo que parece un guiño al PSE.
En realidad, en virtud del acuerdo firmado la pasada legislatura, era algo que ya tocaba, pero ahora se recoge en este acuerdo y se vuelve a contemplar la realización de un pleno parlamentario sobre fiscalidad “con objeto de evaluar, orientar y armonizar la política fiscal en el conjunto de la comunidad autónoma”. Ese pleno se celebró también en la anterior legislatura, en febrero de 2013, antes de impulsar la reforma fiscal en las Juntas Generales de los tres territorios, los órganos competentes para ello. Sin embargo, es un trámite muy significativo para el socialismo, que lo ve como una solución intermedia a su demanda de que el Parlamento legisle sobre impuestos. Otro guiño en el acuerdo es la alusión a las duplicidades y la revisión del entramado institucional. Esa tarea la acometió el gobierno de Urkullu en la anterior legislatura, pero se vuelve a poner sobre la mesa y es una de las grandes banderas del socialismo, que también ha logrado introducir la cuña de las duplicidades en el debate del estatus. En el pacto se alude a la reforma de EITB, otra demanda socialista.
No hay ni rastro, por el contrario, de su apuesta por revisar los perfiles lingüísticos que se exigen en la administración para que no tengan que saber euskera quienes no vayan a estar trabajando de cara al público. En el autogobierno, se incluye un listado de temas que se pueden debatir, como la consideración de Euskadi como nación, o el derecho a decidir. El socialismo se ha prestado a ponerlo por escrito y no lo ha vetado en el documento, y se abre a abordar todos esos debates, aunque los dos partidos no han sido capaces de cerrar una propuesta conjunta. En el acuerdo figura una contradicción en los plazos, porque por un lado se habla de ocho meses, y por otro se apuesta por “el plazo que resulte necesario”.
Es el único cabo suelto de un pacto de coalición que permitirá a los socialistas recuperar iniciativa política y protagonismo, que de otra forma no hubieran tenido como cuarta fuerza parlamentaria; mientras que el PNV desactivará un bloque de izquierdas que pudiera legislar en su contra. En la oposición quedan ahora EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, cuya confluencia para impulsar proyectos de ley es impensable. Pueden coincidir en sus votos en contra a los Presupuestos y leyes de Urkullu, algo que tendrá que ir evitando el PNV en las sucesivas negociaciones. Cabe recordar que PNV y PSE se quedan a un escaño de la mayoría absoluta. Mañana arranca la sesión de investidura.
aval unánime Los órganos internos de PNV y PSE aprobaron ayer el acuerdo, que será presentado hoy en el Parlamento. La Asamblea Nacional jeltzale lo avaló por unanimidad, al igual que el Comité Nacional socialista. Mendia había defendido ante ese órgano que es “un buen acuerdo”, “amplio, transformador y progresista” y que resuelve los problemas que importan a los vascos. Según dijo, el PSE debe apostar por estar en el gobierno para ser útil. Consideró “histórico” que se hayan puesto de acuerdo “después de 18 años de distanciamiento” para tejer un pacto como el que hace tres décadas abrió “una de las etapas de mayor modernización y transformación económica y social”. En autogobierno, puso en valor la alusión a la vía legal y que se plantee una “conversación con España” frente al “diálogo de sordos” en Catalunya.
Estructura del Gobierno. El nuevo Ejecutivo de Urkullu tendrá 11 consejerías, tres más que el anterior gobierno. No habrá ninguna vicepresidencia.
Consejerías socialistas. El PSE se hará cargo de tres departamentos: el de Trabajo y Justicia -antes desgajados en otras dos lideradas por Toña y Erkoreka-; Turismo, Comercio y Consumo -antes integrados en dos consejerías: las dos primeras dirigidas por Tapia y la tercera por Darpón-; y Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente -antes dentro del departamento de Empleo y de Ordenación Territorial, de Toña y Oregi, respectivamente-.
Consejeros que repiten. A falta de conocer la integridad del nuevo gabinete Urkullu, es seguro que repetirán Jon Darpón, Arantxa Tapia, Estefanía Beltrán de Heredia y Josu Erkoreka, que volverá a ejercer como portavoz.
